Por Enrique Vargas Pena
Durante la breve visita que realicé a Venezuela en los últimos días, tuve la oportunidad de clarificar las percepciones que me he ido formando sobre el proceso venezolano desde la información que aparece en las agencias.
En primer lugar, que las agencias noticiosas, constreñidas a buscar y obtener primicias, pasan por alto algunos desarrollos de la vida cotidiana, aunque eventualmente estos pueden ocupar espacio cuando son origen de algún acontecimiento o protesta especiales.
Esto genera imágenes incompletas. Peligrosamente incompletas.Por ejemplo, fuera de los puntuales gritos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), existe poco conocimiento fuera de Venezuela de lo que allí significa el control cambiario.
Chávez no es el inventor de esa medida, que heredó de los sucesivos gobiernos de la fenecida Cuarta República venezolana, pero le dio un uso cuyos alcances van mucho más allá de la economía.
Los anteriores gobiernos usaron el control de cambios para corromper y ser corrompidos: daban divisas preferenciales a sus amigos, se las retaceaban a sus enemigos y los presidentes daban un manotazo personal de cuando en cuando.Esto sigue ocurriendo.
Lo nuevo es que el sistema de control de cambios fue convertido por Chávez en una oficina que, en realidad, controla la vida económica mediante la cual regula no solamente las prioridades productivas, sino el consumo de los venezolanos.
De un modo muy gradual pero sin la más mínima tregua, lo que evita la generación de resistencia política, Venezuela está siendo separada de la globalización y sus intercambios comerciales con el exterior van siendo pasados al Estado.
Incluso las inversiones, algunas muy importantes, que se siguen realizando en Venezuela, van adquiriendo cada vez más el carácter de concesiones del Estado, gracias, similares a las que existen en Cuba antes que a las que se realizan, por ejemplo, en Brasil.
Las medidas que Chávez ha ido imponiendo, del mismo modo gradual y sin apuros, en el sistema educativo van en la misma dirección. En cualquier sistema democrático, el socialismo se enseña en las escuelas, como se enseña el liberalismo, el nacionalismo o cualquier otra corriente de acción política.
Pero en Venezuela han convertido la enseñanza del socialismo en una clase de catecismo. Las clases de catecismo se definen y caracterizan porque en ellas no se admite la duda, ni la discusión, y solo se espera la aceptación y la obediencia.
El socialismo está hoy en Venezuela instalado en el sistema educativo del mismo modo perverso en que lo estuvo por siglos el cristianismo en todos nuestro países: su enseñanza pretende imponer valores, no fomentar la inteligencia.
Y como ese modo de imponer el cristianismo era incompatible con una sociedad libre, así lo es esta manera de imponer el socialismo, pues se castiga al estudiante que se atreva a cuestionar las certidumbres de la fe.
Chávez no necesita tanto ahora cerrar medios de comunicación, tal vez no lo haga ya, porque, de continuar esta tendencia, en unos anos más habrá millones de venezolanos que dependerán del gobierno en lo económico y que creerán, como creen los creyentes, que cuestionar los dogmas es cosa de locos.
lunes 7 de abril de 2008
A Venezuela con la SIP 06
Un breve e ilustrativo debate paralelo
Enrique Vargas Pena
Un debate ilustrativo del clima político que se vive en Venezuela se generó sobre la manera formal en que la Asamblea de la SIP debía tratar al gobierno de Venezuela, pues el Bloque de Prensa venezolano, que aglutina a los medios que son víctimas de intensa presión oficial, insistió en la tesis de calificarlo de régimen, cosa que no fue compartida por la mayoría de los socios de la entidad.
Una amplia mayoría resolvió que “lo cortés no quita lo valiente” en palabras de Danilo Arbilla, de Uruguay, y apoyó la moción de eliminar el término peyorativo “régimen” y cambiarlo por el neutro “gobierno”, que es como quedó la resolución.
También se resolvió modificar lo que en las Conclusiones señalaba que la reunión de la SIP había sido acosada por el gobierno venezolano, cuando lo cierto es que la Asamblea se desarrolló con completa normalidad en Caracas.
Las Conclusiones incluso señalaban como acoso la inasistencia del presidente Chávez a inaugurar la Asamblea, pero la presidencia de la misma recordó que los presidentes de Estados Unidos tampoco asisten a las reuniones de la SIP en ese país y no por eso se habla de acoso.
El documento finalmente eliminó esa confusión y no hizo mayor cuestión de la inasistencia del presidente Chávez.
Este debate, casi paralelo, dejó en evidencia que la casi desesperada búsqueda de soporte de la prensa venezolana para una lucha desigual le hace olvidar, a veces, que los calificativos no contribuyen a fortalecer la causa que sostiene, sino que contribuye al discurso de su adversario, el presidente Chávez que encuentra en el desequilibrio la excusa que necesita para restringir todavía más las libertades.
Enrique Vargas Pena
Un debate ilustrativo del clima político que se vive en Venezuela se generó sobre la manera formal en que la Asamblea de la SIP debía tratar al gobierno de Venezuela, pues el Bloque de Prensa venezolano, que aglutina a los medios que son víctimas de intensa presión oficial, insistió en la tesis de calificarlo de régimen, cosa que no fue compartida por la mayoría de los socios de la entidad.
Una amplia mayoría resolvió que “lo cortés no quita lo valiente” en palabras de Danilo Arbilla, de Uruguay, y apoyó la moción de eliminar el término peyorativo “régimen” y cambiarlo por el neutro “gobierno”, que es como quedó la resolución.
También se resolvió modificar lo que en las Conclusiones señalaba que la reunión de la SIP había sido acosada por el gobierno venezolano, cuando lo cierto es que la Asamblea se desarrolló con completa normalidad en Caracas.
Las Conclusiones incluso señalaban como acoso la inasistencia del presidente Chávez a inaugurar la Asamblea, pero la presidencia de la misma recordó que los presidentes de Estados Unidos tampoco asisten a las reuniones de la SIP en ese país y no por eso se habla de acoso.
El documento finalmente eliminó esa confusión y no hizo mayor cuestión de la inasistencia del presidente Chávez.
Este debate, casi paralelo, dejó en evidencia que la casi desesperada búsqueda de soporte de la prensa venezolana para una lucha desigual le hace olvidar, a veces, que los calificativos no contribuyen a fortalecer la causa que sostiene, sino que contribuye al discurso de su adversario, el presidente Chávez que encuentra en el desequilibrio la excusa que necesita para restringir todavía más las libertades.
A Venezuela con la SIP 05
Frente a la SIP
Enrique Vargas Pena
Mientras se desarrollaban en el Caracas Palace Hotel las deliberaciones de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de prensa, el gobierno de Hugo Chávez auspició un Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático.
Los medios oficiales dieron gran destaque a la reunión que, además, organizó una colorida manifestación frente a los delegados de la SIP el sábado a la mañana.
Terrorismo mediático es, sostuvieron los participantes, lo que hizo el diario El Tiempo de Bogotá al publicar una foto falsa de una reunión entre el ministro ecuatoriano del Interior, Larrea, y el abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, para atribuir al gobierno ecuatoriano complicidad con la organización terrorista colombiana.
Pero el problema no está en denunciar ese grave error del diario colombiano, que se vio obligado a pedir públicas disculpas al presidente Rafael Correa, sino en que la lista de asuntos que el mencionado Foro de Periodistas define como terrorismo mediático es bastante más amplia e incluye cosas como iniciar publicaciones sobre casos que eventualmente podrían mostrar la corrupción pública o sobre posiciones que pudieran menoscabar el apoyo a los procesos revolucionarios en curso en América Latina.
Las recetas que propone el Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático para frenar errores como el de el diario El Tiempo se pueden resumir en las ideas de impulsar vigorosamente la autocensura (este es el propósito de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela) y de construir redes de medios de comunicación financiados con dinero público para defender a los procesos.
En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, este esquema está en marcha con la particularidad de que estos medios financiados con dinero público se constituyen sin ninguna participación de todas las fuerzas representativas de los contribuyentes, sino que ellos son dirigidos exclusiva y excluyentemente, por el oficialismo.
En las democracias hay una larga tradición de medios públicos de comunicación, pero allí, los directorios de los mismos están conformados con representación de la pluralidad política de la sociedad.
Los ejemplos son trillados, remanidos, pero no por eso menos válidos para exponer el contraste: La BBC de Londres o Televisión Espanola o Deutsche Welle , son medios públicos de comunicación, influyentes además, pero donde todas las fuerzas de la sociedad tienen representación y espacio.
Ese no es el proyecto que está construyendo en América Latina el movimiento bolivariano de Chávez.
Los medios financiados con dinero público que ellos están edificando, son instrumentos del oficialismo, y toda la parte de la sociedad que no está en el oficialismo no tiene allí cabida.
El argumento del Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático sostiene que lo anterior no hace más que equilibrar la oferta en el mercado, pues los medios privados también son excluyentes (sus directorios no están integrados con la representación de la sociedad).
Tal argumento pretende que se olvide que los medios privados son eso, privados, es decir no financiados con dinero público, mientras que los medios públicos usan recursos que pagan contribuyentes de todas las ideas políticas, sociales, económicas o culturales.
Pero lo más importante es que el argumento mencionado busca que se pase por alto la cuestión central en el debate sobre los medios y es que la sociedad es la que tiene derecho a recibir información de diversas fuentes y que ese derecho no puede limitarse sin grave lesión de sus posibilidades de tomar decisiones fundadas sobre los asuntos públicos.
Enrique Vargas Pena
Mientras se desarrollaban en el Caracas Palace Hotel las deliberaciones de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de prensa, el gobierno de Hugo Chávez auspició un Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático.
Los medios oficiales dieron gran destaque a la reunión que, además, organizó una colorida manifestación frente a los delegados de la SIP el sábado a la mañana.
Terrorismo mediático es, sostuvieron los participantes, lo que hizo el diario El Tiempo de Bogotá al publicar una foto falsa de una reunión entre el ministro ecuatoriano del Interior, Larrea, y el abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, para atribuir al gobierno ecuatoriano complicidad con la organización terrorista colombiana.
Pero el problema no está en denunciar ese grave error del diario colombiano, que se vio obligado a pedir públicas disculpas al presidente Rafael Correa, sino en que la lista de asuntos que el mencionado Foro de Periodistas define como terrorismo mediático es bastante más amplia e incluye cosas como iniciar publicaciones sobre casos que eventualmente podrían mostrar la corrupción pública o sobre posiciones que pudieran menoscabar el apoyo a los procesos revolucionarios en curso en América Latina.
Las recetas que propone el Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático para frenar errores como el de el diario El Tiempo se pueden resumir en las ideas de impulsar vigorosamente la autocensura (este es el propósito de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela) y de construir redes de medios de comunicación financiados con dinero público para defender a los procesos.
En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, este esquema está en marcha con la particularidad de que estos medios financiados con dinero público se constituyen sin ninguna participación de todas las fuerzas representativas de los contribuyentes, sino que ellos son dirigidos exclusiva y excluyentemente, por el oficialismo.
En las democracias hay una larga tradición de medios públicos de comunicación, pero allí, los directorios de los mismos están conformados con representación de la pluralidad política de la sociedad.
Los ejemplos son trillados, remanidos, pero no por eso menos válidos para exponer el contraste: La BBC de Londres o Televisión Espanola o Deutsche Welle , son medios públicos de comunicación, influyentes además, pero donde todas las fuerzas de la sociedad tienen representación y espacio.
Ese no es el proyecto que está construyendo en América Latina el movimiento bolivariano de Chávez.
Los medios financiados con dinero público que ellos están edificando, son instrumentos del oficialismo, y toda la parte de la sociedad que no está en el oficialismo no tiene allí cabida.
El argumento del Foro de Periodistas contra el Terrorismo Mediático sostiene que lo anterior no hace más que equilibrar la oferta en el mercado, pues los medios privados también son excluyentes (sus directorios no están integrados con la representación de la sociedad).
Tal argumento pretende que se olvide que los medios privados son eso, privados, es decir no financiados con dinero público, mientras que los medios públicos usan recursos que pagan contribuyentes de todas las ideas políticas, sociales, económicas o culturales.
Pero lo más importante es que el argumento mencionado busca que se pase por alto la cuestión central en el debate sobre los medios y es que la sociedad es la que tiene derecho a recibir información de diversas fuentes y que ese derecho no puede limitarse sin grave lesión de sus posibilidades de tomar decisiones fundadas sobre los asuntos públicos.
A Venezuela con la SIP 04
Caracas
Enrique Vargas Pena
Es Caracas una ciudad congestionada. Los embotellamientos son enormes, las autopistas también. Las colas de automóviles, la mayoría nuevos, dominan la vida ciudadana. La capital venezolana es ruidosa, mucho más que Asunción, los bocinazos, los gritos y los escapes libres hacen el sonido ambiente.
Caminando por la avenida Francisco de Miranda, se ven edificios importantes, imponentes, de las corporaciones que trabajan en Venezuela, muchos de los cuales exponen falta de mantenimiento. En las anchas veredas, hay pulcritud, pero en los recovecos se ve suciedad. Debe ser una falta de atención por los detalles.
Aunque los caraqueños se quejan de los baches, para lo que estamos acostumbrados a sufrir en Asunción, Caracas parece nueva, al menos no se sienten. Por supuesto, nada en la metrópolis venezolana que se compare a los cráteres de Eusebio Ayala.
Pero Caracas tiene un atractivo singular para los que vivimos en las llanuras, y es que discurre entre los picos del Ávila, una cadena de montanas que enmarca la ciudad en un paisaje incomparable.
Cada avenida, cada callecita, permite ver una sobrecogedora perspectiva de los verdes montes que entre los que se extiende la ciudad. Alzando la vista, se ven los barrios ricos, y los pobres, trepar hacia las altas cumbres.
Aunque aparentemente no ha llovido en los últimos días, la vegetación es exuberante, el clima, al menos en estos días del ano, tendiendo a fresco, para los estándares paraguayos, puede uno sentarse afuera, o caminar, sin ser aplastado por el calor.
Los visitantes extranjeros son advertidos sobre la inseguridad, pero la gente camina sin preocupaciones evidentes, hablando muy fuerte, casi a los gritos, como si todo estuviera normal.
La Revolución Bolivariana no se nota mucho en las calles, salvo por algún mural de zona en zona que recuerda, con vívidos colores, que en Venezuela se está construyendo el socialismo y que el constructor principal es Hugo Chávez.
En la Plaza Altamira, contenida por cerros y tradicional bastión opositor, se hacen ahora ejercicios de entrenamiento de la policía, a cuyos batallones se ve trotando en ropa de gimnasia al son de marchas revolucionarias que los propios entrenados cantan a voz en cuello.
Pero una persona que no se fije con atención podría no ver los murales, los carteles, pues es en la vida diaria donde se nota más de qué se trata el proceso.
Los venezolanos deben, por ejemplo, tomar leche en polvo en lugar de la de las vacas, deben pagar mucho más por la carne, que escasea, o por los huevos. Hay desabastecimiento de esos y otros productos, aunque, vale reiterarlo, no de automóviles.
Los venezolanos ya no pueden viajar mucho, porque el gobierno les ha limitado la plata que pueden sacar sin tarjeta de crédito a trescientos o cuatrocientos dólares por viaje.
Pero, a pesar del gobierno, los caraqueños se siguen divirtiendo y los cientos de restaurantes, pubs, karaokes, discotecas que hay en la zona céntrica están abarrotados hasta altas horas, aunque los caminantes desaparecen de las calles para las once o doce de la noche: la diversión es en auto.
Caracas debe ser un quebradero de cabeza para Chávez y las huestes bolivarianas, pues las hordas consumistas, que es como las desprecian los buenos revolucionarios, poco más de la mitad del país concentrado en gran parte en la capital, son número molestosamente difícil de eliminar para aquellos.
Estando en Caracas se tiende a olvidar, en efecto, que otra gran ciudad, llena de esta misma clase de consumidores, La Habana, fue reducida en un plazo de pocos anos, a un sórdido remedo latinoamericano de Pyong Yang, la capital de Corea del Norte.
Habrá que ver, en los próximos meses o anos, si el empeno de Chávez puede convertir la natural alegría de los venezolanos en la presente angustia de los cubanos.
Enrique Vargas Pena
Es Caracas una ciudad congestionada. Los embotellamientos son enormes, las autopistas también. Las colas de automóviles, la mayoría nuevos, dominan la vida ciudadana. La capital venezolana es ruidosa, mucho más que Asunción, los bocinazos, los gritos y los escapes libres hacen el sonido ambiente.
Caminando por la avenida Francisco de Miranda, se ven edificios importantes, imponentes, de las corporaciones que trabajan en Venezuela, muchos de los cuales exponen falta de mantenimiento. En las anchas veredas, hay pulcritud, pero en los recovecos se ve suciedad. Debe ser una falta de atención por los detalles.
Aunque los caraqueños se quejan de los baches, para lo que estamos acostumbrados a sufrir en Asunción, Caracas parece nueva, al menos no se sienten. Por supuesto, nada en la metrópolis venezolana que se compare a los cráteres de Eusebio Ayala.
Pero Caracas tiene un atractivo singular para los que vivimos en las llanuras, y es que discurre entre los picos del Ávila, una cadena de montanas que enmarca la ciudad en un paisaje incomparable.
Cada avenida, cada callecita, permite ver una sobrecogedora perspectiva de los verdes montes que entre los que se extiende la ciudad. Alzando la vista, se ven los barrios ricos, y los pobres, trepar hacia las altas cumbres.
Aunque aparentemente no ha llovido en los últimos días, la vegetación es exuberante, el clima, al menos en estos días del ano, tendiendo a fresco, para los estándares paraguayos, puede uno sentarse afuera, o caminar, sin ser aplastado por el calor.
Los visitantes extranjeros son advertidos sobre la inseguridad, pero la gente camina sin preocupaciones evidentes, hablando muy fuerte, casi a los gritos, como si todo estuviera normal.
La Revolución Bolivariana no se nota mucho en las calles, salvo por algún mural de zona en zona que recuerda, con vívidos colores, que en Venezuela se está construyendo el socialismo y que el constructor principal es Hugo Chávez.
En la Plaza Altamira, contenida por cerros y tradicional bastión opositor, se hacen ahora ejercicios de entrenamiento de la policía, a cuyos batallones se ve trotando en ropa de gimnasia al son de marchas revolucionarias que los propios entrenados cantan a voz en cuello.
Pero una persona que no se fije con atención podría no ver los murales, los carteles, pues es en la vida diaria donde se nota más de qué se trata el proceso.
Los venezolanos deben, por ejemplo, tomar leche en polvo en lugar de la de las vacas, deben pagar mucho más por la carne, que escasea, o por los huevos. Hay desabastecimiento de esos y otros productos, aunque, vale reiterarlo, no de automóviles.
Los venezolanos ya no pueden viajar mucho, porque el gobierno les ha limitado la plata que pueden sacar sin tarjeta de crédito a trescientos o cuatrocientos dólares por viaje.
Pero, a pesar del gobierno, los caraqueños se siguen divirtiendo y los cientos de restaurantes, pubs, karaokes, discotecas que hay en la zona céntrica están abarrotados hasta altas horas, aunque los caminantes desaparecen de las calles para las once o doce de la noche: la diversión es en auto.
Caracas debe ser un quebradero de cabeza para Chávez y las huestes bolivarianas, pues las hordas consumistas, que es como las desprecian los buenos revolucionarios, poco más de la mitad del país concentrado en gran parte en la capital, son número molestosamente difícil de eliminar para aquellos.
Estando en Caracas se tiende a olvidar, en efecto, que otra gran ciudad, llena de esta misma clase de consumidores, La Habana, fue reducida en un plazo de pocos anos, a un sórdido remedo latinoamericano de Pyong Yang, la capital de Corea del Norte.
Habrá que ver, en los próximos meses o anos, si el empeno de Chávez puede convertir la natural alegría de los venezolanos en la presente angustia de los cubanos.
A Venezuela con la SIP 03
El debate sobre Venezuela y el modelo de Tekojoja
Enrique Vargas Pena
La primera parte de las actividades de la Asamblea de la SIP del día sábado en caracas se centraron en el informe de la situación en Venezuela, que fue la base de una vívida discusión que permitió a los asistentes tomar conocimiento de numerosos datos sobre lo que ocurre en Venezuela que no están habitualmente en las agencias internacionales.
Terminada la lectura del informe, de tono sombrío, tomó uso de la palabra el periodista Marcos Hernández, de la organización Periodistas por la Verdad, que es simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, quien inició su intervención amenazando al presentador del informe venezolano con querellarlo por alentar un golpe de Estado por decir que se buscará rescatar el derecho de RCTV a emitir en televisión abierta.
Decir que se buscará rescatar los derechos de RCTV es, para el oficialismo venezolano, equivalente a alentar un golpe de Estado.
Hecho lo cual, mencionó algunos hechos que a su juicio desmienten las aseveraciones del informe.
Sostuvo Hernández que el 85% de la televisión en Venezuela es privada, que existen en elpaís alrededor de tres mil radios comunitarias y que el Ministerio de Información tiene uno de los mayores presupuestos de la historia, de casi tres mil quinientos millones de bolívares.
También dijo que la confianza del público en los medios de comunicación cayó del 85%, previo al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, al actual 64%, lo que muestra una crisis que a su juicio se debe a que los medios independientes se han convertido en voceros opositores, tomando el papel de partidos opositores.
También dijo que en Venezuela no hay un periodista preso ni muerto y que alguno de los casos mencionados en el informe, sobre trabajadores de prensa con problemas judiciales se refieren a la comisión de delitos comunes que no había por qué incluir en el campo de la persecución a la libertad de prensa. Agregó que no hay medios de comunicación clausurados ni discriminación en la publicidad estatal.
Hernández relató que se han instalado 60 nuevas televisoras con capital privado y diez grandes medios escritos, también privados, entre ellos el muy crítico Tal Cual, así como cien nuevas emisoras de radio (en los últimos seis anos). Las carreras de comunicación social han crecido de seis a doce escuelas.
Estas afirmaciones motivaron una activación del debate que se abrió con la más extensa lista de oradores de lo que iba de la Asamblea.
Las sucesivas respuestas permitieron conocer una larga serie de hechos, por ejemplo, que los medios oficialistas (públicos y privados) dieron a la campana proselitista del gobierno para el pasado referéndum constitucional el 69% de la programación.
Danilo Arbilla, de Uruguay, comenzó preguntándose si la crisis de credibilidad no se debe, en realidad, a que hay una mucho mayor presencia ahora de medios oficialistas.
Arbilla señaló el hecho de que Hernández no hizo un desglose de si la credibilidad de los medios oficiales o opositores es la que ha sido medida en el estudio mencionado por el venezolano.
Otros intervinientes recordaron que el editor del diario La Razón tuvo que exilarse en Costa Rica por hostigamiento judicial.
También que José Rafael Ramírez, periodista, está preso desde el 12 de junio. La prisión surge porque el Canal I (uno de los nuevos canales privados perteneciente contratista del Estado) interpuso una denuncia en la policía y funcionarios policiales detuvieron al trabajador de prensa sin intervención del ministerio público, como manda la ley, y el juez le negó el derecho declaración indagatoria.
Ramírez a$peló y en vez resolverla a los seis días, lo escucharon recién a los seis meses.
Finalmente, cuando un juez resolvió que rectificar las falencias procesales, decretando la libertad del periodista, el director del penal se negó a obedecer la orden judicial y la Corte Suprema se apresuró a destituir al juez que la emitió, revocando sus medidas.
En fecha tan reciente como el 14 de marzo, CONATEL, el ente regulador del gobierno para las telecomunicaciones, irrumpió en una radio de frecuencia modulada y secuestró equipos negándole el derecho a la defensa y la copia del expediente.
Se denunció también que mientras en la SIP, por ejemplo, cada uno de los medios participantes paga su presencia, los invitados del Foro de Periodistas están todos pagados por el gobierno y que, mientras los medios oficiales pueden participar y transmitir la reunión de la SIP, Globovisión no tuvo acceso al Foro de Periodistas.
También se recordó que los equipos secuestrados a la clausurada RCTV, que disfrutaba de un share de audiencia del 32%, se están usando ahora en un canal oficial cuyo share de audiencias es de apenas 1.5%. RCTV era el sistema televisivo de mayor penetración en el país, no solamente el de mayor audiencia.
Y, además, que se trata de ocultar o minimizar sistemáticamente los hechos que afecten la imagen del gobierno entre los que se cuenta la detención que sufrieron periodistas televisivos argentinos, que cubrían la visita de la presidenta Cristina Kirchner, cuando estaban filmando una manifestación de protesta contra Chávez.
En Venezuela había, antes de la llegada de Chávez al poder, cuatro redes informativas privadas, de las que solamente sobrevive una, Globovisión, que es objeto, según su presidente Alberto Federico Ravell, de creciente hostigamiento.
El gobierno, que habilitó ya frecuencias para sesenta nuevos canales (públicos y privados), le niega a Globovisión los permisos para expandir su senal en el país e incluso, esgrimiendo la Ley de Responsabilidad Social de radio y Televisión, censuró microinformativos sobre la reforma constitucional así como un programa (Usted los Vió), que no tenía edición, en el que se publicaban dichos de funcionarios, sin agregarles comentario alguno.
Ravel recordó que no pueden cerrar Globovisión simplemente porque la concesión no vence aún.
La Asamblea Nacional de Venezuela (el Congreso) no solamente implemtó la Ley de Responsabilidad Social, sino que respalda mediante declaraciones y acuerdos la mayor parte de las acciones de las organizaciones sociales y políticas cercanas al oficialismo contra la prensa independiente y sancionó normas que impiden cuestionar a los funcionarios públicos.
La situación ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Justicia abrió un proceso penal por traición a la Patria contra los medios que informaron sobre el desplazamiento de tropas a la frontera colombiana a pesar de que el anuncio y la publicidad del mismo lo realizó el propio presidente Chávez.
Los medios escritos soportan, además, otros tipos de hostigamiento.
Todo el movimiento de divisas en Venezuela está monopolizado por un organismo estatal de control cambiario, que retacea la provisión de divisas a los diarios críticos para la adquisición de suministros. Hay diarios y periódicos que han tenido que interrumpir de tanto en tanto su aparición debido a la falta de insumos. No hay libertad de importación en Venezuela y obtener los suministros se ha convertido en una gracia del gobierno en vez de ser un derecho de los venezolanos.
Los casos de ataques a la libertad de expresión no afectan solamente a los medios.
El diputado Wilmer Azuegue, quien formuló denuncias de corrupción contra la familia del presidente Hugo Chávez tuvo que soportar que la sesión de la Asamblea donde se trataron las mismas, que duró nueve horas, fuera considerada secreta sin que pudieran trascendieran los detalles de la discusión.
Se sancionó además una Ley de Ilícitos cambiarios, por la que se prohíbe cualquier publicación sobre la cotización del dólar paralelo, que se cotiza al doble que el dólar que el gobierno otorga.
El ministerio de Salud Pública emitió también una resolución por la que se restringe cualquier publicación sobre la salud mental del presidente de la República.
La información oficial que pueda perjudicar al gobierno se retarda, como el caso de los resultados finales del referéndum que Chávez perdió, que la Comisión Nacional Electoral aún no dio a conocer, después de tres meses.
En síntesis, en Venezuela se constata un esfuerzo sostenido del oficialismo por reducir el pluralismo con medidas políticas, administrativas, judiciales y legislativas, un esfuerzo por imponer una hegemonía comunicacional oficial.
Se está gestando, con apoyo gubernamental, una nueva clase de medios, públicos y privados, afines al gobierno y para los amigos del gobierno, para impedir a la opinión pública, según sostienen los venezolanos, enterarse de los fracasos del modelo autoritario.
En Venezuela se está desarrollando un modelo de prensa, con la excusa de combatir la formación de oligopolios privados, que es el mismo que propone en Paraguay el Movimiento Tekojojá y que es el que se anuncia en las declaraciones de Fernando Lugo sobre la ley que quiere para combatir el monopolio en la prensa.
Enrique Vargas Pena
La primera parte de las actividades de la Asamblea de la SIP del día sábado en caracas se centraron en el informe de la situación en Venezuela, que fue la base de una vívida discusión que permitió a los asistentes tomar conocimiento de numerosos datos sobre lo que ocurre en Venezuela que no están habitualmente en las agencias internacionales.
Terminada la lectura del informe, de tono sombrío, tomó uso de la palabra el periodista Marcos Hernández, de la organización Periodistas por la Verdad, que es simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, quien inició su intervención amenazando al presentador del informe venezolano con querellarlo por alentar un golpe de Estado por decir que se buscará rescatar el derecho de RCTV a emitir en televisión abierta.
Decir que se buscará rescatar los derechos de RCTV es, para el oficialismo venezolano, equivalente a alentar un golpe de Estado.
Hecho lo cual, mencionó algunos hechos que a su juicio desmienten las aseveraciones del informe.
Sostuvo Hernández que el 85% de la televisión en Venezuela es privada, que existen en elpaís alrededor de tres mil radios comunitarias y que el Ministerio de Información tiene uno de los mayores presupuestos de la historia, de casi tres mil quinientos millones de bolívares.
También dijo que la confianza del público en los medios de comunicación cayó del 85%, previo al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, al actual 64%, lo que muestra una crisis que a su juicio se debe a que los medios independientes se han convertido en voceros opositores, tomando el papel de partidos opositores.
También dijo que en Venezuela no hay un periodista preso ni muerto y que alguno de los casos mencionados en el informe, sobre trabajadores de prensa con problemas judiciales se refieren a la comisión de delitos comunes que no había por qué incluir en el campo de la persecución a la libertad de prensa. Agregó que no hay medios de comunicación clausurados ni discriminación en la publicidad estatal.
Hernández relató que se han instalado 60 nuevas televisoras con capital privado y diez grandes medios escritos, también privados, entre ellos el muy crítico Tal Cual, así como cien nuevas emisoras de radio (en los últimos seis anos). Las carreras de comunicación social han crecido de seis a doce escuelas.
Estas afirmaciones motivaron una activación del debate que se abrió con la más extensa lista de oradores de lo que iba de la Asamblea.
Las sucesivas respuestas permitieron conocer una larga serie de hechos, por ejemplo, que los medios oficialistas (públicos y privados) dieron a la campana proselitista del gobierno para el pasado referéndum constitucional el 69% de la programación.
Danilo Arbilla, de Uruguay, comenzó preguntándose si la crisis de credibilidad no se debe, en realidad, a que hay una mucho mayor presencia ahora de medios oficialistas.
Arbilla señaló el hecho de que Hernández no hizo un desglose de si la credibilidad de los medios oficiales o opositores es la que ha sido medida en el estudio mencionado por el venezolano.
Otros intervinientes recordaron que el editor del diario La Razón tuvo que exilarse en Costa Rica por hostigamiento judicial.
También que José Rafael Ramírez, periodista, está preso desde el 12 de junio. La prisión surge porque el Canal I (uno de los nuevos canales privados perteneciente contratista del Estado) interpuso una denuncia en la policía y funcionarios policiales detuvieron al trabajador de prensa sin intervención del ministerio público, como manda la ley, y el juez le negó el derecho declaración indagatoria.
Ramírez a$peló y en vez resolverla a los seis días, lo escucharon recién a los seis meses.
Finalmente, cuando un juez resolvió que rectificar las falencias procesales, decretando la libertad del periodista, el director del penal se negó a obedecer la orden judicial y la Corte Suprema se apresuró a destituir al juez que la emitió, revocando sus medidas.
En fecha tan reciente como el 14 de marzo, CONATEL, el ente regulador del gobierno para las telecomunicaciones, irrumpió en una radio de frecuencia modulada y secuestró equipos negándole el derecho a la defensa y la copia del expediente.
Se denunció también que mientras en la SIP, por ejemplo, cada uno de los medios participantes paga su presencia, los invitados del Foro de Periodistas están todos pagados por el gobierno y que, mientras los medios oficiales pueden participar y transmitir la reunión de la SIP, Globovisión no tuvo acceso al Foro de Periodistas.
También se recordó que los equipos secuestrados a la clausurada RCTV, que disfrutaba de un share de audiencia del 32%, se están usando ahora en un canal oficial cuyo share de audiencias es de apenas 1.5%. RCTV era el sistema televisivo de mayor penetración en el país, no solamente el de mayor audiencia.
Y, además, que se trata de ocultar o minimizar sistemáticamente los hechos que afecten la imagen del gobierno entre los que se cuenta la detención que sufrieron periodistas televisivos argentinos, que cubrían la visita de la presidenta Cristina Kirchner, cuando estaban filmando una manifestación de protesta contra Chávez.
En Venezuela había, antes de la llegada de Chávez al poder, cuatro redes informativas privadas, de las que solamente sobrevive una, Globovisión, que es objeto, según su presidente Alberto Federico Ravell, de creciente hostigamiento.
El gobierno, que habilitó ya frecuencias para sesenta nuevos canales (públicos y privados), le niega a Globovisión los permisos para expandir su senal en el país e incluso, esgrimiendo la Ley de Responsabilidad Social de radio y Televisión, censuró microinformativos sobre la reforma constitucional así como un programa (Usted los Vió), que no tenía edición, en el que se publicaban dichos de funcionarios, sin agregarles comentario alguno.
Ravel recordó que no pueden cerrar Globovisión simplemente porque la concesión no vence aún.
La Asamblea Nacional de Venezuela (el Congreso) no solamente implemtó la Ley de Responsabilidad Social, sino que respalda mediante declaraciones y acuerdos la mayor parte de las acciones de las organizaciones sociales y políticas cercanas al oficialismo contra la prensa independiente y sancionó normas que impiden cuestionar a los funcionarios públicos.
La situación ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Justicia abrió un proceso penal por traición a la Patria contra los medios que informaron sobre el desplazamiento de tropas a la frontera colombiana a pesar de que el anuncio y la publicidad del mismo lo realizó el propio presidente Chávez.
Los medios escritos soportan, además, otros tipos de hostigamiento.
Todo el movimiento de divisas en Venezuela está monopolizado por un organismo estatal de control cambiario, que retacea la provisión de divisas a los diarios críticos para la adquisición de suministros. Hay diarios y periódicos que han tenido que interrumpir de tanto en tanto su aparición debido a la falta de insumos. No hay libertad de importación en Venezuela y obtener los suministros se ha convertido en una gracia del gobierno en vez de ser un derecho de los venezolanos.
Los casos de ataques a la libertad de expresión no afectan solamente a los medios.
El diputado Wilmer Azuegue, quien formuló denuncias de corrupción contra la familia del presidente Hugo Chávez tuvo que soportar que la sesión de la Asamblea donde se trataron las mismas, que duró nueve horas, fuera considerada secreta sin que pudieran trascendieran los detalles de la discusión.
Se sancionó además una Ley de Ilícitos cambiarios, por la que se prohíbe cualquier publicación sobre la cotización del dólar paralelo, que se cotiza al doble que el dólar que el gobierno otorga.
El ministerio de Salud Pública emitió también una resolución por la que se restringe cualquier publicación sobre la salud mental del presidente de la República.
La información oficial que pueda perjudicar al gobierno se retarda, como el caso de los resultados finales del referéndum que Chávez perdió, que la Comisión Nacional Electoral aún no dio a conocer, después de tres meses.
En síntesis, en Venezuela se constata un esfuerzo sostenido del oficialismo por reducir el pluralismo con medidas políticas, administrativas, judiciales y legislativas, un esfuerzo por imponer una hegemonía comunicacional oficial.
Se está gestando, con apoyo gubernamental, una nueva clase de medios, públicos y privados, afines al gobierno y para los amigos del gobierno, para impedir a la opinión pública, según sostienen los venezolanos, enterarse de los fracasos del modelo autoritario.
En Venezuela se está desarrollando un modelo de prensa, con la excusa de combatir la formación de oligopolios privados, que es el mismo que propone en Paraguay el Movimiento Tekojojá y que es el que se anuncia en las declaraciones de Fernando Lugo sobre la ley que quiere para combatir el monopolio en la prensa.
A Venezuela con la SIP 02
Los proscriptos
Enrique Vargas Pena
Leopoldo López es el alcalde del municipio de Chacao, uno de los que compone la administración de Caracas, capital de Venezuela, el hombre que dio la bienvenida a la Asamblea de la SIP que se desarrolla en la ciudad.
El alcalde es muy joven, nació en 1971, y es, según las encuestas, uno de los más populares líderes opositores al presidente Hugo Chávez. En funciones desde el año 2000, fue reelecto en el cargo por dos períodos consecutivos (2000-2004 con el 51% y 2004-2008 con el 81%).
Tiene una expectativa de voto superior al setenta por ciento para las próximas elecciones municipales de 2008, a las que quiere concurrir para competir por la intendencia general de la capital venezolana, un cargo de mucho mayor proyección política.
A pesar del apoyo popular, López ha sido inhabilitado para candidatarse por la Contraloría venezolana por haber realizado, en el ano 2003, dos reprogramaciones presupuestarias, práctica común en la administraciones locales venezolanas, tanto como en la administración paraguaya.
La inhabilitación priva a la ciudadanía caraqueña de opciones opositoras y deja prácticamente solos, y seguros del triunfo, a los candidatos oficialistas.
López no es el único líder político inhabilitado de ese modo. Trescientos ochenta otros referentes políticos sufren la misma suerte, quedando proscritos para la actividad política por cinco anos.
La democracia venezolana, dijo López ante la Sociedad Interamericana de Prensa, produce así notables victorias electorales del oficialismo, que se presenta a las elecciones sin competencia real, al efecto de poder mantener en el mundo la imagen de que en Venezuela hay pluralismo.
Enrique Vargas Pena
Leopoldo López es el alcalde del municipio de Chacao, uno de los que compone la administración de Caracas, capital de Venezuela, el hombre que dio la bienvenida a la Asamblea de la SIP que se desarrolla en la ciudad.
El alcalde es muy joven, nació en 1971, y es, según las encuestas, uno de los más populares líderes opositores al presidente Hugo Chávez. En funciones desde el año 2000, fue reelecto en el cargo por dos períodos consecutivos (2000-2004 con el 51% y 2004-2008 con el 81%).
Tiene una expectativa de voto superior al setenta por ciento para las próximas elecciones municipales de 2008, a las que quiere concurrir para competir por la intendencia general de la capital venezolana, un cargo de mucho mayor proyección política.
A pesar del apoyo popular, López ha sido inhabilitado para candidatarse por la Contraloría venezolana por haber realizado, en el ano 2003, dos reprogramaciones presupuestarias, práctica común en la administraciones locales venezolanas, tanto como en la administración paraguaya.
La inhabilitación priva a la ciudadanía caraqueña de opciones opositoras y deja prácticamente solos, y seguros del triunfo, a los candidatos oficialistas.
López no es el único líder político inhabilitado de ese modo. Trescientos ochenta otros referentes políticos sufren la misma suerte, quedando proscritos para la actividad política por cinco anos.
La democracia venezolana, dijo López ante la Sociedad Interamericana de Prensa, produce así notables victorias electorales del oficialismo, que se presenta a las elecciones sin competencia real, al efecto de poder mantener en el mundo la imagen de que en Venezuela hay pluralismo.
A Venezuela con la SIP 01
Caracas recibe a la SIP, que denuncia clima adverso en el Continente
Enrique Vargas Pena
La reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolla en Caracas se inició con normalidad, en el hotel Caracas Palace, en la Plaza Altamira, símbolo de la oposición a Hugo Chávez, a pesar de la retórica hostil que el gobierno desarrolló sobre el encuentro.
Chávez organizó un Foro de Periodistas, paralelo, en el que el oficialismo venezolano expone el argumento, extendido en todo el movimiento boliviariano de América Latina, según el cual los medios privados constituyen un oligopolio que requiere equilibrio.
Tras las formalidades de apertura, entre las que se destacó el discurso de bienvenida del intendente de Chacao, Leopoldo López, la Asamblea pasó a considerar los informes de los medios de cada uno de los países de la región, en los que fue factor común la animadversión de los gobiernos latinoamericanos al control de la prensa independiente.
Los ataques gubernamentales a la prensa son la constante, incluso en Uruguay, cuyo representante, Claudio Paolillo, del semanario Búsqueda abrió las exposiciones.
Paolillo señaló que los partidos del oficialismo ensayan el discurso de la confabulación de los medios con los partidos de la oposición.
El representante paraguayo, Alejandro Domínguez, director del Grupo La Nación de Comunicaciones realizó un sumario de ataques a libertad de prensa en Paraguay, recordando los duros calificativos que desde el gobierno a directores de medios y a la propia SIP, alentado por el clima electoral.
Domínguez mencionó el discurso que también se hace en Paraguay sobre una supuesta conspiración de la prensa para la caída del oficialismo.
El director del Grupo La Nación advirtió además que el oficialismo no es la única amenaza en Paraguay. En la oposición también se escuchan voces preocupantes.
Recordó el caso de Fernando Lugo, quien insiste siempre que puede con imponer al país una ley de prensa, posición reforzada por declaraciones de líderes del movimiento Tekojojá, que esgrimen el argumento de que la prensa debe ser democratizada, en la línea del movimiento boliviariano.
En el marco de la descripción de un clima adverso para la prensa la Asamblea de la SIP destacó algunos hechos positivos, como el caso de la Corte brasileña que elimina partes de ley de prensa vigente desde la dictadura militar sobre difamación, calumnias e injurias.
El Premio fue concedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por una sentencia que obliga al Estado a mantener la publicidad estatal en los medios críticos.
Enrique Vargas Pena
La reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolla en Caracas se inició con normalidad, en el hotel Caracas Palace, en la Plaza Altamira, símbolo de la oposición a Hugo Chávez, a pesar de la retórica hostil que el gobierno desarrolló sobre el encuentro.
Chávez organizó un Foro de Periodistas, paralelo, en el que el oficialismo venezolano expone el argumento, extendido en todo el movimiento boliviariano de América Latina, según el cual los medios privados constituyen un oligopolio que requiere equilibrio.
Tras las formalidades de apertura, entre las que se destacó el discurso de bienvenida del intendente de Chacao, Leopoldo López, la Asamblea pasó a considerar los informes de los medios de cada uno de los países de la región, en los que fue factor común la animadversión de los gobiernos latinoamericanos al control de la prensa independiente.
Los ataques gubernamentales a la prensa son la constante, incluso en Uruguay, cuyo representante, Claudio Paolillo, del semanario Búsqueda abrió las exposiciones.
Paolillo señaló que los partidos del oficialismo ensayan el discurso de la confabulación de los medios con los partidos de la oposición.
El representante paraguayo, Alejandro Domínguez, director del Grupo La Nación de Comunicaciones realizó un sumario de ataques a libertad de prensa en Paraguay, recordando los duros calificativos que desde el gobierno a directores de medios y a la propia SIP, alentado por el clima electoral.
Domínguez mencionó el discurso que también se hace en Paraguay sobre una supuesta conspiración de la prensa para la caída del oficialismo.
El director del Grupo La Nación advirtió además que el oficialismo no es la única amenaza en Paraguay. En la oposición también se escuchan voces preocupantes.
Recordó el caso de Fernando Lugo, quien insiste siempre que puede con imponer al país una ley de prensa, posición reforzada por declaraciones de líderes del movimiento Tekojojá, que esgrimen el argumento de que la prensa debe ser democratizada, en la línea del movimiento boliviariano.
En el marco de la descripción de un clima adverso para la prensa la Asamblea de la SIP destacó algunos hechos positivos, como el caso de la Corte brasileña que elimina partes de ley de prensa vigente desde la dictadura militar sobre difamación, calumnias e injurias.
El Premio fue concedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por una sentencia que obliga al Estado a mantener la publicidad estatal en los medios críticos.
Villa Florida y los principios*
Por Enrique Vargas Peña
El debate sobre el nudismo y la diversión en Villa Florida está instalado. Uno de los puntos de vista reiteradamente expresados en la discusión es el sostenido por los católicos según el cual la sociedad en su conjunto debe guardar las festividades católicas.
Quienes arguyen este punto de vista creen que toda actividad que, según sus propios valores, no sea compatible con el carácter de dichas festividades constituye una falta de respeto a la fe católica y una ofensa que no tiene por qué proferirse.
Los creyentes pretenden que se confunda, y deliberadamente embrollan, la idea del respeto civil, que es la prudencia ante las circunstancias, la urbanidad, aún la deferencia y la cortesía, con una acepción militar del respeto, consistente en la veneración y en el acatamiento.
Para ellos, respetar es venerar y acatar. Para nosotros, respetar es ser prudentes y corteses. Hay un mundo de diferencia entre ambos conceptos, pues el de los creyentes implica sumisión mientras el nuestro se refiere solamente a la buena educación.
Nuestro respeto, civil, busca reciprocidad, es bidireccional, si me respetan, respeto. El de los creyentes es unilateral, busca imponer, hay que respetarlos o nos mandan al infierno.
Es fácil ver que el de los creyentes es el mismo criterio que sostienen los islámicos para censurar las caricaturas del Profeta Mahoma que publicaron los diarios daneses: la fe religiosa está sobre todas las cosas y las sociedades deben adaptarse a sus requerimientos.
Esta pretensión de los creyentes de todos los credos es totalitaria. En su virtud, la religión rige todos los aspectos de la vida, desde la cuna hasta la tumba, desde la comida hasta el vestido, pasando por la manera de hacer el amor, por la forma de enterrar a los muertos y, sobre todo, la forma de relacionarnos.
No hay que bailar apretado, no hay que comer carne el Viernes Santo, no hay que hacer ruido el sábado. No hay que hacer chistes sobre Dios. No hay que reír demasiado.
Nada escapa a la vigilancia de los pastores, ni el más íntimo pensamiento (para ello colaboran esos represores que denominan Ángeles de la Guarda), ni el más recóndito acto (para cuya denuncia montan los ejércitos de beatas y mojigatos que infestan nuestra vida social).
Los no católicos y los no creyentes podemos vivir, según los católicos, pero a condición de que no expongamos a los creyentes al peligro de perder su alma. Podemos respirar, pero que no nos vean bailar y mucho menos desnudarnos, no sea que a alguna oveja del rebano se le ocurra probar del Árbol del Conocimiento.
La comunidad católica de Villa Florida tiene todo el derecho del mundo a desarrollar sus ritos y creencias, sin molestar a terceros, sin ser molestada o menoscabada en lo más mínimo y todos los que queremos ser buenos ciudadanos estaremos ahí para garantizarlo.
Pero la comunidad indiferente de Villa Florida, o que va a Villa Florida, también tiene todo el derecho del mundo a divertirse, sin molestar a terceros, sin ser molestada o menoscabada. Esta es la parte del Contrato Social que los católicos no aceptan y rechazan, poniendo en peligro la armonía que el país requiere.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 26 de marzo de 2008
El debate sobre el nudismo y la diversión en Villa Florida está instalado. Uno de los puntos de vista reiteradamente expresados en la discusión es el sostenido por los católicos según el cual la sociedad en su conjunto debe guardar las festividades católicas.
Quienes arguyen este punto de vista creen que toda actividad que, según sus propios valores, no sea compatible con el carácter de dichas festividades constituye una falta de respeto a la fe católica y una ofensa que no tiene por qué proferirse.
Los creyentes pretenden que se confunda, y deliberadamente embrollan, la idea del respeto civil, que es la prudencia ante las circunstancias, la urbanidad, aún la deferencia y la cortesía, con una acepción militar del respeto, consistente en la veneración y en el acatamiento.
Para ellos, respetar es venerar y acatar. Para nosotros, respetar es ser prudentes y corteses. Hay un mundo de diferencia entre ambos conceptos, pues el de los creyentes implica sumisión mientras el nuestro se refiere solamente a la buena educación.
Nuestro respeto, civil, busca reciprocidad, es bidireccional, si me respetan, respeto. El de los creyentes es unilateral, busca imponer, hay que respetarlos o nos mandan al infierno.
Es fácil ver que el de los creyentes es el mismo criterio que sostienen los islámicos para censurar las caricaturas del Profeta Mahoma que publicaron los diarios daneses: la fe religiosa está sobre todas las cosas y las sociedades deben adaptarse a sus requerimientos.
Esta pretensión de los creyentes de todos los credos es totalitaria. En su virtud, la religión rige todos los aspectos de la vida, desde la cuna hasta la tumba, desde la comida hasta el vestido, pasando por la manera de hacer el amor, por la forma de enterrar a los muertos y, sobre todo, la forma de relacionarnos.
No hay que bailar apretado, no hay que comer carne el Viernes Santo, no hay que hacer ruido el sábado. No hay que hacer chistes sobre Dios. No hay que reír demasiado.
Nada escapa a la vigilancia de los pastores, ni el más íntimo pensamiento (para ello colaboran esos represores que denominan Ángeles de la Guarda), ni el más recóndito acto (para cuya denuncia montan los ejércitos de beatas y mojigatos que infestan nuestra vida social).
Los no católicos y los no creyentes podemos vivir, según los católicos, pero a condición de que no expongamos a los creyentes al peligro de perder su alma. Podemos respirar, pero que no nos vean bailar y mucho menos desnudarnos, no sea que a alguna oveja del rebano se le ocurra probar del Árbol del Conocimiento.
La comunidad católica de Villa Florida tiene todo el derecho del mundo a desarrollar sus ritos y creencias, sin molestar a terceros, sin ser molestada o menoscabada en lo más mínimo y todos los que queremos ser buenos ciudadanos estaremos ahí para garantizarlo.
Pero la comunidad indiferente de Villa Florida, o que va a Villa Florida, también tiene todo el derecho del mundo a divertirse, sin molestar a terceros, sin ser molestada o menoscabada. Esta es la parte del Contrato Social que los católicos no aceptan y rechazan, poniendo en peligro la armonía que el país requiere.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 26 de marzo de 2008
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