Por Enrique Vargas Pena
Dicen ser opuestos, dicen odiarse. Y, en realidad, se odian. Me refiero a Carmen Villalba, condenada a la cárcel por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, y a Juan Carlos Galaverna, celebérrimo senador del Partido Colorado.
Pero oyendo a Carmen Villalba creo que no es muy diferente de Juan Carlos Galaverna.Ayer a la mañana, en la 9.70 AM, tuve la oportunidad de conversar con Carmen sobre sus ideas acerca del uso de la violencia como instrumento para salvarnos de nosotros mismos.
El marco mental de Carmen es sencillo y clásico, y vale repetirlo: Ella cree pertenecer a una elite que, autodesignada y sin mandato popular alguno, supone tener la obligación de incendiar el Paraguay para extirpar la maldad y gobernar como se ha gobernado Cuba en el último medio siglo, sin límite de tiempo ni de poder.
Cree ser popular, no porque sea querida, apreciada o porque haya sido votada o elegida, sino porque nació pobre entre los pobres. Lo suyo viene del nacimiento, no de la voluntad de la gente.
Si en el camino debe morir gente, es el efecto colateral de la lucha de clases que, en todo caso, será el cimiento de un Paraguay nuevo liberado, según ella, de las lacras del capitalismo.
Juan Carlos Galaverna nunca hizo una confesión semejante a la que ayer formuló Carmen Villalba. Confesó, sin embargo, haber manipulado actas electorales para que el resultado de las elecciones internas coloradas de diciembre de 1992 fuera distinto al deseado por el pueblo.
Galaverna y sus cómplices se atribuyen la obligación de mantener en el poder al Partido Colorado, aún en contra de la voluntad popular, para gobernar en beneficio de sus integrantes.
Si en el beneficio de los integrantes de su partido debe perjudicarse al Paraguay entero, es para Galaverna y sus cómplices un mero efecto colateral.Carmen Villalba y Galaverna dicen ser opuestos y dicen odiarse.
Pero lo hacen del mismo modo en que un fanático cristiano es opuesto y odia a un fanático musulmán; de la misma manera en que un nazi es opuesto y odia a un comunista.
Todos esos intolerantes comparten y tienen en común la idea de ser los únicos y excluyentes depositarios de la verdad, la misma esencia mesiánica según la cual se sienten con derecho a desconocer la voluntad de los otros, a menospreciarla, a sobrepasarla y, eventualmente, a destruirla.
Galaverna cree que sabe mejor que miles y miles de afiliados colorados lo que le conviene a su partido y por eso manipula actas electorales, para que no se equivoquen.
Carmen Villalba cree que sabe mejor que miles y miles de paraguayos lo que le conviene al Paraguay y por eso usa balas para impulsar su proyecto.
Cuando estos dos tipos de enemigos logran hacer creer que cualquiera de ellos es la opción, la sociedad libre está perdida, como se perdió cuando los nazis ganaron en Alemania (para frenar al comunismo) o cuando los islámicos triunfaron en Irán (para frenar al autoritarismo).
Y ahora están jugando juntos ese juego. Le dan a Carmen amplia libertad para intentar polarizar al país entre ellos o el oficialismo, cuando la verdad es que ni ellos ni el oficialismo son opciones de progreso para el Paraguay.
* Publicado el 19 de marzo de 2008 en La Nación de Asunción
miércoles 26 de marzo de 2008
miércoles 12 de marzo de 2008
Reaccionarán, con seguridad*
Por Enrique Vargas Peña
A estas alturas del proceso electoral no me animo a decir que la suerte está echada y que el Partido Colorado perderá las elecciones. La gente que dirige el oficialismo carece por completo de escrúpulos y, por tanto, los paraguayos tenemos derecho a esperar que haga literalmente muchas barbaridades con tal de permanecer en el poder.
Las han hecho antes, con éxito, y nada permite suponer que no las intentarán ahora.Sería irresponsable para cualquiera esperar de Nicanor Duarte Frutos, Juan Carlos Galaverna o algunos operadores que antes hacían el trabajo sucio (los generales Morel Garay, Ayala, por citar algunos) una conducta recta.
Pero parece obvio que el Partido Colorado se encuentra sumido en su peor momento en mucho tiempo, lugar en el que no está por accidente.
La crisis colorada es el resultado lógico del vaciamiento institucional que se inicia con el fraude electoral mediante el que reemplazaron, en contra de la voluntad de la mayoría de los afiliados, a Luis María Argaña por Juan Carlos Wasmosy en la candidatura presidencial para las elecciones de 1993.
Quienes estudian historia suelen considerar axiomático que el deterioro de la legalidad implica un fortalecimiento de grupos de fuerza que, a su vez, generan un esquema de relaciones crecientemente crispado que tiende a resolver sus conflictos mediante imposiciones y rupturas, erosionando el consenso originario hasta que este desaparece.
Lo que están sufriendo ahora Duarte Frutos y Galaverna es el final de ese proceso, están ante el momento en que los colorados se preguntan por qué deben seguir apoyando a un grupo que tiene secuestrada su voluntad y que pretende dirigirlos sin darles participación en la toma de decisiones.
Los afiliados colorados simplemente están conscientes de que el apoyo que les reclama la campaña “Somos 1”, el llamado a la fidelidad partidaria, a la memoria de la pertenencia de los padres y los abuelos, tiene el objeto de pedirles que olviden que Galaverna roba elecciones, que Nicanor viola la Constitución, que Bernal maneja Itaipú discrecionalmente; de pedirles que olviden que, aunque algunos reciben puestos y cargos público y otros contratitos del Estado, el grueso sufre con el resto de los paraguayos la ignominia de funcionarios públicos que se hacen escandalosamente millonarios durante su paso por la función pública.
En líneas generales, puestos ante situaciones similares, aquellos grupos de fuerza recurren al único expediente que conocen: la fuerza, precisamente.
Esta se puede manifestar de varias maneras y sería aventurado imaginar el camino que tome, siendo este grupo particular tan creativo en el arte de perjudicar al pueblo paraguayo.
Pero recurrirán a la fuerza, como es lógico. Nicanor Duarte Frutos, Juan Carlos Galaverna y los que les suelen hacer el trabajo sucio, no respetarán ahora la voluntad del pueblo paraguayo, como no la han respetado desde que empezaron a manipular actas electorales.De eso podemos estar seguros.
*Publicado en La Nación de Asunción el 12 de marzo 2008
A estas alturas del proceso electoral no me animo a decir que la suerte está echada y que el Partido Colorado perderá las elecciones. La gente que dirige el oficialismo carece por completo de escrúpulos y, por tanto, los paraguayos tenemos derecho a esperar que haga literalmente muchas barbaridades con tal de permanecer en el poder.
Las han hecho antes, con éxito, y nada permite suponer que no las intentarán ahora.Sería irresponsable para cualquiera esperar de Nicanor Duarte Frutos, Juan Carlos Galaverna o algunos operadores que antes hacían el trabajo sucio (los generales Morel Garay, Ayala, por citar algunos) una conducta recta.
Pero parece obvio que el Partido Colorado se encuentra sumido en su peor momento en mucho tiempo, lugar en el que no está por accidente.
La crisis colorada es el resultado lógico del vaciamiento institucional que se inicia con el fraude electoral mediante el que reemplazaron, en contra de la voluntad de la mayoría de los afiliados, a Luis María Argaña por Juan Carlos Wasmosy en la candidatura presidencial para las elecciones de 1993.
Quienes estudian historia suelen considerar axiomático que el deterioro de la legalidad implica un fortalecimiento de grupos de fuerza que, a su vez, generan un esquema de relaciones crecientemente crispado que tiende a resolver sus conflictos mediante imposiciones y rupturas, erosionando el consenso originario hasta que este desaparece.
Lo que están sufriendo ahora Duarte Frutos y Galaverna es el final de ese proceso, están ante el momento en que los colorados se preguntan por qué deben seguir apoyando a un grupo que tiene secuestrada su voluntad y que pretende dirigirlos sin darles participación en la toma de decisiones.
Los afiliados colorados simplemente están conscientes de que el apoyo que les reclama la campaña “Somos 1”, el llamado a la fidelidad partidaria, a la memoria de la pertenencia de los padres y los abuelos, tiene el objeto de pedirles que olviden que Galaverna roba elecciones, que Nicanor viola la Constitución, que Bernal maneja Itaipú discrecionalmente; de pedirles que olviden que, aunque algunos reciben puestos y cargos público y otros contratitos del Estado, el grueso sufre con el resto de los paraguayos la ignominia de funcionarios públicos que se hacen escandalosamente millonarios durante su paso por la función pública.
En líneas generales, puestos ante situaciones similares, aquellos grupos de fuerza recurren al único expediente que conocen: la fuerza, precisamente.
Esta se puede manifestar de varias maneras y sería aventurado imaginar el camino que tome, siendo este grupo particular tan creativo en el arte de perjudicar al pueblo paraguayo.
Pero recurrirán a la fuerza, como es lógico. Nicanor Duarte Frutos, Juan Carlos Galaverna y los que les suelen hacer el trabajo sucio, no respetarán ahora la voluntad del pueblo paraguayo, como no la han respetado desde que empezaron a manipular actas electorales.De eso podemos estar seguros.
*Publicado en La Nación de Asunción el 12 de marzo 2008
miércoles 5 de marzo de 2008
Agresor y agredido *
Por Enrique Vargas Pena
América Latina se encuentra sumergida una vez más en el mar de hipocresía y cinismo que la caracteriza, con motivo del conflicto existente entre Colombia por un lado y Ecuador y Venezuela por el otro.
En Colombia opera el grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que, entre otras cosas, mantiene ilegítimamente privadas de libertad a cientos de personas, además de matar de cuando en cuando alegando sus necesidades políticas de llamar la atención.
FARC está dirigido por una élite autodesignada (le llaman Secretariado), con poderes absolutos, que no cree en el gobierno popular ni lo promueve, sino en el de una vanguardia del proletariado que, llamativamente, está integrada por dicho Secretariado.
Este grupo terrorista se encuentra buscando, con apoyo del dictador de Venezuela, Hugo Chávez (depositario de la suma del poder en su país), el reconocimiento del estatuto de beligerancia, con el que lograría constituirse de facto en un gobierno en los territorios que controla en Colombia para formalizar una guerra civil en ese país, debilitando o destruyendo a su gobierno, defectuoso y con problemas, pero constitucional y democrático.
Rafael Correa, presidente de Ecuador que es aliado de Chávez, a quien debe grandes contribuciones para la campaña que lo convirtió en presidente, ha dado cobijo a terroristas de FARC en su territorio y ministros del gobierno ecuatoriano se han estado reuniendo con creciente periodicidad con los terroristas.
En síntesis, Venezuela y Ecuador están prestando abierto y militante apoyo a una organización criminal cuyo objetivo es la destrucción del régimen constitucional colombiano mediante acciones violentas. Sin embargo, Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros países, no han dicho una palabra acerca de esa agresión permanente que sufre Colombia. Miran para otro lado.
Pero cuando Colombia se defiende, ajusticiando a los terroristas, entonces sí, se rasgan indignados las vestiduras y se apresuran a condenar al agredido, exigiéndole que se rinda sin luchar.
En estos días estamos discutiendo en Paraguay el supuesto ingreso de una fuerza policial brasileña (el Departamento de Operaciones de Frontera, DOF) para ejecutar la masacre de Capitán Bado, en la que fueron asesinados siete ciudadanos paraguayos.
La situación es completamente distinta a la operación que Colombia llevó a cabo en territorio ecuatoriano contra FARC, para eliminar a varios de sus más importantes dirigentes.
Ecuador funciona como refugio y protección de FARC, con pleno conocimiento, según lo sabemos ahora, del gobierno ecuatoriano. Los delincuentes a los que supuestamente buscaba el DOF no cuentan con apoyo semejante en Paraguay.
Nuestro país puede, eventualmente, ser refugio de criminales, pero hasta ahora nunca lo fue por consentimiento formal del gobierno, como sí es Ecuador para FARC.
La integridad territorial de los países debe ser respetada y defendida por la comunidad internacional, pero no al costo de verla convertida en el pretexto de organizaciones terroristas para destruir la vida institucional de sus países de origen.
En la presente crisis hay un agredido, que es Colombia, y hay agresores, que son Venezuela y Ecuador. Y es necesario hacer la diferencia y diferenciar las conductas, porque no son moralmente equiparables.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 05 de marzo de 2008
América Latina se encuentra sumergida una vez más en el mar de hipocresía y cinismo que la caracteriza, con motivo del conflicto existente entre Colombia por un lado y Ecuador y Venezuela por el otro.
En Colombia opera el grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que, entre otras cosas, mantiene ilegítimamente privadas de libertad a cientos de personas, además de matar de cuando en cuando alegando sus necesidades políticas de llamar la atención.
FARC está dirigido por una élite autodesignada (le llaman Secretariado), con poderes absolutos, que no cree en el gobierno popular ni lo promueve, sino en el de una vanguardia del proletariado que, llamativamente, está integrada por dicho Secretariado.
Este grupo terrorista se encuentra buscando, con apoyo del dictador de Venezuela, Hugo Chávez (depositario de la suma del poder en su país), el reconocimiento del estatuto de beligerancia, con el que lograría constituirse de facto en un gobierno en los territorios que controla en Colombia para formalizar una guerra civil en ese país, debilitando o destruyendo a su gobierno, defectuoso y con problemas, pero constitucional y democrático.
Rafael Correa, presidente de Ecuador que es aliado de Chávez, a quien debe grandes contribuciones para la campaña que lo convirtió en presidente, ha dado cobijo a terroristas de FARC en su territorio y ministros del gobierno ecuatoriano se han estado reuniendo con creciente periodicidad con los terroristas.
En síntesis, Venezuela y Ecuador están prestando abierto y militante apoyo a una organización criminal cuyo objetivo es la destrucción del régimen constitucional colombiano mediante acciones violentas. Sin embargo, Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros países, no han dicho una palabra acerca de esa agresión permanente que sufre Colombia. Miran para otro lado.
Pero cuando Colombia se defiende, ajusticiando a los terroristas, entonces sí, se rasgan indignados las vestiduras y se apresuran a condenar al agredido, exigiéndole que se rinda sin luchar.
En estos días estamos discutiendo en Paraguay el supuesto ingreso de una fuerza policial brasileña (el Departamento de Operaciones de Frontera, DOF) para ejecutar la masacre de Capitán Bado, en la que fueron asesinados siete ciudadanos paraguayos.
La situación es completamente distinta a la operación que Colombia llevó a cabo en territorio ecuatoriano contra FARC, para eliminar a varios de sus más importantes dirigentes.
Ecuador funciona como refugio y protección de FARC, con pleno conocimiento, según lo sabemos ahora, del gobierno ecuatoriano. Los delincuentes a los que supuestamente buscaba el DOF no cuentan con apoyo semejante en Paraguay.
Nuestro país puede, eventualmente, ser refugio de criminales, pero hasta ahora nunca lo fue por consentimiento formal del gobierno, como sí es Ecuador para FARC.
La integridad territorial de los países debe ser respetada y defendida por la comunidad internacional, pero no al costo de verla convertida en el pretexto de organizaciones terroristas para destruir la vida institucional de sus países de origen.
En la presente crisis hay un agredido, que es Colombia, y hay agresores, que son Venezuela y Ecuador. Y es necesario hacer la diferencia y diferenciar las conductas, porque no son moralmente equiparables.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 05 de marzo de 2008
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