A Venezuela con la SIP 03

El debate sobre Venezuela y el modelo de Tekojoja

Enrique Vargas Pena

La primera parte de las actividades de la Asamblea de la SIP del día sábado en caracas se centraron en el informe de la situación en Venezuela, que fue la base de una vívida discusión que permitió a los asistentes tomar conocimiento de numerosos datos sobre lo que ocurre en Venezuela que no están habitualmente en las agencias internacionales.

Terminada la lectura del informe, de tono sombrío, tomó uso de la palabra el periodista Marcos Hernández, de la organización Periodistas por la Verdad, que es simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, quien inició su intervención amenazando al presentador del informe venezolano con querellarlo por alentar un golpe de Estado por decir que se buscará rescatar el derecho de RCTV a emitir en televisión abierta.

Decir que se buscará rescatar los derechos de RCTV es, para el oficialismo venezolano, equivalente a alentar un golpe de Estado.

Hecho lo cual, mencionó algunos hechos que a su juicio desmienten las aseveraciones del informe.
Sostuvo Hernández que el 85% de la televisión en Venezuela es privada, que existen en elpaís alrededor de tres mil radios comunitarias y que el Ministerio de Información tiene uno de los mayores presupuestos de la historia, de casi tres mil quinientos millones de bolívares.

También dijo que la confianza del público en los medios de comunicación cayó del 85%, previo al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, al actual 64%, lo que muestra una crisis que a su juicio se debe a que los medios independientes se han convertido en voceros opositores, tomando el papel de partidos opositores.

También dijo que en Venezuela no hay un periodista preso ni muerto y que alguno de los casos mencionados en el informe, sobre trabajadores de prensa con problemas judiciales se refieren a la comisión de delitos comunes que no había por qué incluir en el campo de la persecución a la libertad de prensa. Agregó que no hay medios de comunicación clausurados ni discriminación en la publicidad estatal.

Hernández relató que se han instalado 60 nuevas televisoras con capital privado y diez grandes medios escritos, también privados, entre ellos el muy crítico Tal Cual, así como cien nuevas emisoras de radio (en los últimos seis anos). Las carreras de comunicación social han crecido de seis a doce escuelas.

Estas afirmaciones motivaron una activación del debate que se abrió con la más extensa lista de oradores de lo que iba de la Asamblea.

Las sucesivas respuestas permitieron conocer una larga serie de hechos, por ejemplo, que los medios oficialistas (públicos y privados) dieron a la campana proselitista del gobierno para el pasado referéndum constitucional el 69% de la programación.

Danilo Arbilla, de Uruguay, comenzó preguntándose si la crisis de credibilidad no se debe, en realidad, a que hay una mucho mayor presencia ahora de medios oficialistas.

Arbilla señaló el hecho de que Hernández no hizo un desglose de si la credibilidad de los medios oficiales o opositores es la que ha sido medida en el estudio mencionado por el venezolano.

Otros intervinientes recordaron que el editor del diario La Razón tuvo que exilarse en Costa Rica por hostigamiento judicial.

También que José Rafael Ramírez, periodista, está preso desde el 12 de junio. La prisión surge porque el Canal I (uno de los nuevos canales privados perteneciente contratista del Estado) interpuso una denuncia en la policía y funcionarios policiales detuvieron al trabajador de prensa sin intervención del ministerio público, como manda la ley, y el juez le negó el derecho declaración indagatoria.

Ramírez a$peló y en vez resolverla a los seis días, lo escucharon recién a los seis meses.
Finalmente, cuando un juez resolvió que rectificar las falencias procesales, decretando la libertad del periodista, el director del penal se negó a obedecer la orden judicial y la Corte Suprema se apresuró a destituir al juez que la emitió, revocando sus medidas.

En fecha tan reciente como el 14 de marzo, CONATEL, el ente regulador del gobierno para las telecomunicaciones, irrumpió en una radio de frecuencia modulada y secuestró equipos negándole el derecho a la defensa y la copia del expediente.

Se denunció también que mientras en la SIP, por ejemplo, cada uno de los medios participantes paga su presencia, los invitados del Foro de Periodistas están todos pagados por el gobierno y que, mientras los medios oficiales pueden participar y transmitir la reunión de la SIP, Globovisión no tuvo acceso al Foro de Periodistas.

También se recordó que los equipos secuestrados a la clausurada RCTV, que disfrutaba de un share de audiencia del 32%, se están usando ahora en un canal oficial cuyo share de audiencias es de apenas 1.5%. RCTV era el sistema televisivo de mayor penetración en el país, no solamente el de mayor audiencia.

Y, además, que se trata de ocultar o minimizar sistemáticamente los hechos que afecten la imagen del gobierno entre los que se cuenta la detención que sufrieron periodistas televisivos argentinos, que cubrían la visita de la presidenta Cristina Kirchner, cuando estaban filmando una manifestación de protesta contra Chávez.

En Venezuela había, antes de la llegada de Chávez al poder, cuatro redes informativas privadas, de las que solamente sobrevive una, Globovisión, que es objeto, según su presidente Alberto Federico Ravell, de creciente hostigamiento.

El gobierno, que habilitó ya frecuencias para sesenta nuevos canales (públicos y privados), le niega a Globovisión los permisos para expandir su senal en el país e incluso, esgrimiendo la Ley de Responsabilidad Social de radio y Televisión, censuró microinformativos sobre la reforma constitucional así como un programa (Usted los Vió), que no tenía edición, en el que se publicaban dichos de funcionarios, sin agregarles comentario alguno.

Ravel recordó que no pueden cerrar Globovisión simplemente porque la concesión no vence aún.
La Asamblea Nacional de Venezuela (el Congreso) no solamente implemtó la Ley de Responsabilidad Social, sino que respalda mediante declaraciones y acuerdos la mayor parte de las acciones de las organizaciones sociales y políticas cercanas al oficialismo contra la prensa independiente y sancionó normas que impiden cuestionar a los funcionarios públicos.

La situación ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Justicia abrió un proceso penal por traición a la Patria contra los medios que informaron sobre el desplazamiento de tropas a la frontera colombiana a pesar de que el anuncio y la publicidad del mismo lo realizó el propio presidente Chávez.

Los medios escritos soportan, además, otros tipos de hostigamiento.

Todo el movimiento de divisas en Venezuela está monopolizado por un organismo estatal de control cambiario, que retacea la provisión de divisas a los diarios críticos para la adquisición de suministros. Hay diarios y periódicos que han tenido que interrumpir de tanto en tanto su aparición debido a la falta de insumos. No hay libertad de importación en Venezuela y obtener los suministros se ha convertido en una gracia del gobierno en vez de ser un derecho de los venezolanos.

Los casos de ataques a la libertad de expresión no afectan solamente a los medios.

El diputado Wilmer Azuegue, quien formuló denuncias de corrupción contra la familia del presidente Hugo Chávez tuvo que soportar que la sesión de la Asamblea donde se trataron las mismas, que duró nueve horas, fuera considerada secreta sin que pudieran trascendieran los detalles de la discusión.

Se sancionó además una Ley de Ilícitos cambiarios, por la que se prohíbe cualquier publicación sobre la cotización del dólar paralelo, que se cotiza al doble que el dólar que el gobierno otorga.
El ministerio de Salud Pública emitió también una resolución por la que se restringe cualquier publicación sobre la salud mental del presidente de la República.

La información oficial que pueda perjudicar al gobierno se retarda, como el caso de los resultados finales del referéndum que Chávez perdió, que la Comisión Nacional Electoral aún no dio a conocer, después de tres meses.

En síntesis, en Venezuela se constata un esfuerzo sostenido del oficialismo por reducir el pluralismo con medidas políticas, administrativas, judiciales y legislativas, un esfuerzo por imponer una hegemonía comunicacional oficial.

Se está gestando, con apoyo gubernamental, una nueva clase de medios, públicos y privados, afines al gobierno y para los amigos del gobierno, para impedir a la opinión pública, según sostienen los venezolanos, enterarse de los fracasos del modelo autoritario.

En Venezuela se está desarrollando un modelo de prensa, con la excusa de combatir la formación de oligopolios privados, que es el mismo que propone en Paraguay el Movimiento Tekojojá y que es el que se anuncia en las declaraciones de Fernando Lugo sobre la ley que quiere para combatir el monopolio en la prensa.