Por Enrique Vargas Peña
El pasado jueves a la tarde entrevisté, en la 9.70 AM, al señor Frank O.Mora, académico norteamericano dedicado al estudio de las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay quien vino a promocionar su libro "United States and Paraguay, Distant Allies" (Aliados Distantes).
Mora reconoció que la relación de Paraguay con su país es asimétrica, no por el tamaño de uno y otro, sino por la importancia que en uno y otro se concede a la misma: Estados Unidos no da importancia, salvo para declaraciones de embajada, a sus relaciones con Paraguay, en tanto que ennuestro país ellas han sido incluso eje del debate público.
En efecto, en Washington apenas se oye hablar de Paraguay y cuando elloocurre, es porque funcionarios de cuarto orden determinan, sin control, quéhacer.
Mora también admitió esto, sugiriendo que ni siquiera en la crisis de 1996las informaciones sobre lo que sucedía en Asunción fueron más que un breve párrafo en el reporte de situación que tiene en su escritorio el presidente de Estados Unidos.
En realidad, Washington actúa en Paraguay en concierto con Brasil, país enel que delega la atención de los problemas estratégicos que nuestro país pudiera generar. Esto, que todo el mundo sabe, lo terminé de entender en una cena durante la que estaba yo criticando la política brasileña en nuestro país solamente para estrellarme contra la defensa que de la misma hizo, para mi ingenua sorpresa, un conspicuo funcionario norteamericano.
Mora me confirmó esto y me recordó que en la crisis de 1999 lo que definió el derrocamiento de Raúl Cubas fue la llamada del presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso.
Estamos como Checoeslovaquia en 1948, abandonada por quienes ella creía sus amigos, cuando los líderes democráticos Edouard Benes (1884-1948) y Jan Masarik (1886-1948) se vieron ante la realidad de que simplemente no tenían con quién equilibrar el poder soviético.
En síntesis, frente al imperialismo brasileño los paraguayos estamos solos.
La rivalidad entre Brasil y Argentina, que posibilitó históricamente el mantenimiento de nuestra independencia, desapareció con el establecimiento de MERCOSUR; nosotros nada hemos construido para reemplazarla y en Estados Unidos no ven necesidad de actuar como nuevo factor equilibrante.
Y ese es nuestro problema, pues sin factor equilibrante, las cosas que nos importan se decidirán cada vez más en Brasilia y cada vez menos en Asunción.
La opción venezolana, que es la que está tratando de instrumentar Evo Morales en Bolivia por los mismos motivos, tiene la ventaja del interés manifiesto de Hugo Chávez por asumir el papel de contrapeso de Brasil, pero presenta el inconveniente del costo político que impone, que es la incorporación a un bloque cuya dirección dejaría a nuestro país un espacio no mucho mayor que el que ahora tenemos en MERCOSUR, para no mencionar el aliento a implementar reformas internas autoritarias.
En consecuencia, la mejor -aunque más difícil- opción, al menos la mejor para los que somos convencidos de la democracia, es trabajar por construir interés hacia Paraguay en Estados Unidos a pesar de que ese país tiene ahora prioridades en Irak, en Iran, en Rusia y en China.
martes 30 de octubre de 2007
martes 23 de octubre de 2007
El miedo a Magdaleno*
Por Enrique Vargas Peña
Cada vez que el público se entera de las acciones del diputado nicanorista Magdaleno Silva, crecen las posibilidades de triunfo de la oposición.
Estos últimos días, el célebre diputado agregó a la larga lista de fechorías que lleva realizadas la de haber ordenado, según confesión de Aldo Saldívar, director de operaciones de la secretaría de Emergencias, el desvío de la ayuda que esa entidad destinó a los afectados por la sequía y los incendios en la zona de Yby Yaú.
Ahora esa ayuda se reparte según una lista de beneficiarios aprobados por el legislador.
Vale recordar el día en que intentó impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados rompiendo una silla y dos micrófonos y cortando el suministro eléctrico al hemiciclo (esto último en calidad de acompañante de Víctor Bogado).
Magdaleno Silva es el rostro real del nicanorismo, la fuerza política que está impulsando la candidatura presidencial de Blanca Ovelar y lo es no solamente porque el diputado desayuna frecuentemente con el presidente Duarte Frutos, sino porque sus actos de barbarie han sido, todos sin excepción, respaldados por el primer mandatario y por los amigos de este en el Ministerio Público.
Magdaleno Silva sabe que puede actuar impunemente, del mismo modo en que Herman Goering sabía que podía actuar impunemente en los primeros meses del gobierno de Adolfo Hitler, en Alemania, allá por 1933.
El diputado Magdaleno Silva nos confirma a todos los paraguayos que sobre nuestro país impera un grupo para el que la Constitución no rige, una fuerza que tiene el poder de limitar nuestros derechos y nuestras propiedades según el arbitrio de su propia discreción o conveniencia y que a medida que crezca su poder, mayor será el daño que cause y el alcance del mismo.
Gracias a Magdaleno Silva cada vez más paraguayos toman conciencia de que nada hay peor que el oficialismo, desde que ningún régimen podría interferir en el funcionamiento de los órganos constitucionales más que este legislador; ninguno podría apoderarse del esfuerzo de todos para favorecer a unos pocos más que el diputado; ninguno podría menoscabar más nuestros derechos y nuestras posibilidades de progreso.
Y puestos a considerar si queremos más de lo mismo o experimentar algo distinto, aún cuando sea riesgoso, preferimos experimentar, pues con Magdaleno Silva tenemos una seguridad, una certeza: el desquicio moral que nos tiene atrapados continuará hasta aplastarnos.
Una sociedad no tiene por qué soportar indefinidamente el poder de una fuerza como el nicanorismo con la excusa de que la posible alternativa es igual.
En el peor de los casos, ya nos ocuparemos de castigar a los que vengan cuando cometan errores, pero lo que corresponde ahora es castigar a los que están, sacándolos del gobierno.
*Publicado en La Nación de Asunción el 24 de octubre de 2007
Cada vez que el público se entera de las acciones del diputado nicanorista Magdaleno Silva, crecen las posibilidades de triunfo de la oposición.
Estos últimos días, el célebre diputado agregó a la larga lista de fechorías que lleva realizadas la de haber ordenado, según confesión de Aldo Saldívar, director de operaciones de la secretaría de Emergencias, el desvío de la ayuda que esa entidad destinó a los afectados por la sequía y los incendios en la zona de Yby Yaú.
Ahora esa ayuda se reparte según una lista de beneficiarios aprobados por el legislador.
Vale recordar el día en que intentó impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados rompiendo una silla y dos micrófonos y cortando el suministro eléctrico al hemiciclo (esto último en calidad de acompañante de Víctor Bogado).
Magdaleno Silva es el rostro real del nicanorismo, la fuerza política que está impulsando la candidatura presidencial de Blanca Ovelar y lo es no solamente porque el diputado desayuna frecuentemente con el presidente Duarte Frutos, sino porque sus actos de barbarie han sido, todos sin excepción, respaldados por el primer mandatario y por los amigos de este en el Ministerio Público.
Magdaleno Silva sabe que puede actuar impunemente, del mismo modo en que Herman Goering sabía que podía actuar impunemente en los primeros meses del gobierno de Adolfo Hitler, en Alemania, allá por 1933.
El diputado Magdaleno Silva nos confirma a todos los paraguayos que sobre nuestro país impera un grupo para el que la Constitución no rige, una fuerza que tiene el poder de limitar nuestros derechos y nuestras propiedades según el arbitrio de su propia discreción o conveniencia y que a medida que crezca su poder, mayor será el daño que cause y el alcance del mismo.
Gracias a Magdaleno Silva cada vez más paraguayos toman conciencia de que nada hay peor que el oficialismo, desde que ningún régimen podría interferir en el funcionamiento de los órganos constitucionales más que este legislador; ninguno podría apoderarse del esfuerzo de todos para favorecer a unos pocos más que el diputado; ninguno podría menoscabar más nuestros derechos y nuestras posibilidades de progreso.
Y puestos a considerar si queremos más de lo mismo o experimentar algo distinto, aún cuando sea riesgoso, preferimos experimentar, pues con Magdaleno Silva tenemos una seguridad, una certeza: el desquicio moral que nos tiene atrapados continuará hasta aplastarnos.
Una sociedad no tiene por qué soportar indefinidamente el poder de una fuerza como el nicanorismo con la excusa de que la posible alternativa es igual.
En el peor de los casos, ya nos ocuparemos de castigar a los que vengan cuando cometan errores, pero lo que corresponde ahora es castigar a los que están, sacándolos del gobierno.
*Publicado en La Nación de Asunción el 24 de octubre de 2007
martes 16 de octubre de 2007
El poder detrás del poder*
Por Enrique Vargas Peña
La candidatura de Nicanor Duarte Frutos al Senado tiene, además de todos los fines que le atribuyen desde la disidencia colorada y desde la oposición, el propósito de asegurar para el actual primer mandatario un lugar institucional que le sirva para seguir mandando.
Suponiendo que el aplastante uso de los recursos estatales permita a Blanca Ovelar de Duarte convertirse en candidata del Partido Colorado a la presidencia de la República y, eventualmente, ganar las elecciones de 2008 para ser la sucesora de Duarte Frutos, este se convertirá, desde el Senado, en el poder detrás del poder.
Hay que recordar que el 15 de agosto de 2008, apenas deje la presidencia de la República, Duarte Frutos reasumirá la presidencia de la Asociación Nacional Republicana y asumirá su escaño de senador.
Desde esa posición, senador y presidente del partido oficialista, Duarte Frutos gobernará efectivamente, manteniendo a Ovelar prisionera de su influencia.
Esto no se hará, por supuesto, de manera torpe. Duarte Frutos no es tan tonto como para menoscabar la dignidad de su ex ministra. Se hará manteniendo todas las formalidades, como corresponde a un buen alumno de Dick Morris (“El Nuevo Príncipe”) y a la antigua tradición que en América Latina existe al respecto.
René Schick Gutiérrez y Lorenzo Guerrero Gutiérrez fueron presidentes de Nicaragua mientras el verdadero poder lo detentaba Anastasio Somoza Debayle; Leonardo Arguello, Benjamín Lacayo Sacasa y Víctor Manuel Román también fueron presidentes de ese país, mientras el verdadero poder lo ejercía Anastasio Somoza García, el padre de Somoza Debayle.
Jacinto Bienvenido Peynado, Manuel Jesús Troncoso de la Concha, Héctor Bienvenido Trujillo Molina y Joaquín Balaguer fueron presidentes de la República Dominicana mientras el poder real lo ejercía Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Héctor José Cámpora fue presidente de la República Argentina mientras el poder estaba en las manos de Juan Domingo Perón y, aquí mismo, en nuestro país, Tomás Romero Pereira fue presidente de la República mientras en realidad gobernaba Alfredo Stroessner.
Al menos dos problemas se plantean con la existencia de un poder detrás del poder.
El primero, funcional: Las instituciones constitucionales pierden el rol para el que fueron diseñadas, generando lastres adicionales a la ya pobre eficiencia del Estado paraguayo.
El segundo, moral: Los límites que el ordenamiento jurídico establece para el poder formal y para el supuesto de que él es también el poder real, no sirven para demarcar a un poder real distinto del formal, que puede actuar impunemente.
A mi modo de ver, la Constitución no previó adecuadamente la posibilidad de que un político sin escrúpulos como el presidente Duarte Frutos intente convertirse en el poder real detrás del poder formal.
Pero la falta de previsión constitucional no es excusa para los políticos decentes, quienes se abstendrían de tal intento.
Cualquier cristiano debería saber que jugar limpio es lo que corresponde siempre.
*Publicado en La Nación de Asunción el 17 de octubre de 2007
La candidatura de Nicanor Duarte Frutos al Senado tiene, además de todos los fines que le atribuyen desde la disidencia colorada y desde la oposición, el propósito de asegurar para el actual primer mandatario un lugar institucional que le sirva para seguir mandando.
Suponiendo que el aplastante uso de los recursos estatales permita a Blanca Ovelar de Duarte convertirse en candidata del Partido Colorado a la presidencia de la República y, eventualmente, ganar las elecciones de 2008 para ser la sucesora de Duarte Frutos, este se convertirá, desde el Senado, en el poder detrás del poder.
Hay que recordar que el 15 de agosto de 2008, apenas deje la presidencia de la República, Duarte Frutos reasumirá la presidencia de la Asociación Nacional Republicana y asumirá su escaño de senador.
Desde esa posición, senador y presidente del partido oficialista, Duarte Frutos gobernará efectivamente, manteniendo a Ovelar prisionera de su influencia.
Esto no se hará, por supuesto, de manera torpe. Duarte Frutos no es tan tonto como para menoscabar la dignidad de su ex ministra. Se hará manteniendo todas las formalidades, como corresponde a un buen alumno de Dick Morris (“El Nuevo Príncipe”) y a la antigua tradición que en América Latina existe al respecto.
René Schick Gutiérrez y Lorenzo Guerrero Gutiérrez fueron presidentes de Nicaragua mientras el verdadero poder lo detentaba Anastasio Somoza Debayle; Leonardo Arguello, Benjamín Lacayo Sacasa y Víctor Manuel Román también fueron presidentes de ese país, mientras el verdadero poder lo ejercía Anastasio Somoza García, el padre de Somoza Debayle.
Jacinto Bienvenido Peynado, Manuel Jesús Troncoso de la Concha, Héctor Bienvenido Trujillo Molina y Joaquín Balaguer fueron presidentes de la República Dominicana mientras el poder real lo ejercía Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Héctor José Cámpora fue presidente de la República Argentina mientras el poder estaba en las manos de Juan Domingo Perón y, aquí mismo, en nuestro país, Tomás Romero Pereira fue presidente de la República mientras en realidad gobernaba Alfredo Stroessner.
Al menos dos problemas se plantean con la existencia de un poder detrás del poder.
El primero, funcional: Las instituciones constitucionales pierden el rol para el que fueron diseñadas, generando lastres adicionales a la ya pobre eficiencia del Estado paraguayo.
El segundo, moral: Los límites que el ordenamiento jurídico establece para el poder formal y para el supuesto de que él es también el poder real, no sirven para demarcar a un poder real distinto del formal, que puede actuar impunemente.
A mi modo de ver, la Constitución no previó adecuadamente la posibilidad de que un político sin escrúpulos como el presidente Duarte Frutos intente convertirse en el poder real detrás del poder formal.
Pero la falta de previsión constitucional no es excusa para los políticos decentes, quienes se abstendrían de tal intento.
Cualquier cristiano debería saber que jugar limpio es lo que corresponde siempre.
*Publicado en La Nación de Asunción el 17 de octubre de 2007
lunes 15 de octubre de 2007
Duarte Frutos, candidato a senador
Por Enrique Vargas Peña
“El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.
Lo anterior es el texto del artículo 237 de la Constitución paraguaya de 1992 que, aparentemente, no requiere de aclaraciones: el presidente solamente puede dedicarse a la presidencia, la administración general del país debe ser su única atención.
Sin embargo, como ya lo hizo en marzo de 2006, cuando asumió la jefatura del Partido Colorado, el presidente Nicanor Duarte Frutos pretende dar otra vez una interpretación elástica de la Ley Fundamental, esta vez para dedicarse también a ser candidato a senador nacional para las elecciones.
Existen, además, otras disposiciones constitucionales que hacen extraño el propósito del presidente.
“No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo; los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones”, dice el artículo 198 de la Constitución que, aunque no habla del presidente específicamente, establece un criterio general para las candidaturas, el de que los empleados del pueblo en funciones deben renunciar para poder candidatarse al Senado al menos tres meses antes de las elecciones (la fecha sería el 20 de enero de 2008, si es que no se consideran las elecciones internas de los partidos políticos).
Y el artículo 189 de la Ley Fundamental dispone que: “los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”, mostrando que el presidente Duarte Frutos no necesita competir electoralmente para estar en el Senado pues será miembro nato y vitalicio del cuerpo a partir del 15 de agosto de 2008.
El presidente Duarte Frutos está forzando la Constitución porque desde el Senado podrá dar peso institucional a la presidencia del Partido Colorado que ejercerá apenas termine su mandato presidencial (es presidente con permiso de la Asociación Nacional Republicana) para dirigir desde allí y a través de Blanca Ovelar, en caso de que esta gane las elecciones, los destinos del Paraguay y, de paso, asegurarse que las numerosas irregularidades que cometió en el ejercicio del poder no lo lleven a la cárcel, gracias a la inmunidad parlamentaria.
“El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.
Lo anterior es el texto del artículo 237 de la Constitución paraguaya de 1992 que, aparentemente, no requiere de aclaraciones: el presidente solamente puede dedicarse a la presidencia, la administración general del país debe ser su única atención.
Sin embargo, como ya lo hizo en marzo de 2006, cuando asumió la jefatura del Partido Colorado, el presidente Nicanor Duarte Frutos pretende dar otra vez una interpretación elástica de la Ley Fundamental, esta vez para dedicarse también a ser candidato a senador nacional para las elecciones.
Existen, además, otras disposiciones constitucionales que hacen extraño el propósito del presidente.
“No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo; los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones”, dice el artículo 198 de la Constitución que, aunque no habla del presidente específicamente, establece un criterio general para las candidaturas, el de que los empleados del pueblo en funciones deben renunciar para poder candidatarse al Senado al menos tres meses antes de las elecciones (la fecha sería el 20 de enero de 2008, si es que no se consideran las elecciones internas de los partidos políticos).
Y el artículo 189 de la Ley Fundamental dispone que: “los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”, mostrando que el presidente Duarte Frutos no necesita competir electoralmente para estar en el Senado pues será miembro nato y vitalicio del cuerpo a partir del 15 de agosto de 2008.
El presidente Duarte Frutos está forzando la Constitución porque desde el Senado podrá dar peso institucional a la presidencia del Partido Colorado que ejercerá apenas termine su mandato presidencial (es presidente con permiso de la Asociación Nacional Republicana) para dirigir desde allí y a través de Blanca Ovelar, en caso de que esta gane las elecciones, los destinos del Paraguay y, de paso, asegurarse que las numerosas irregularidades que cometió en el ejercicio del poder no lo lleven a la cárcel, gracias a la inmunidad parlamentaria.
domingo 14 de octubre de 2007
La vicepresidencia*
Por Enrique Vargas Peña
Deben haber pocas instituciones republicanas más despreciadas y menos comprendidas que la vicepresidencia. Los políticos que buscan el aplauso fácil no hesitan en calificarla de florero y mucha gente llegó a considerar que, efectivamente, es eso.
Ya con esa excusa, la de que la vicepresidencia es un florero, tras el golpe de Estado del 28 de marzo de 1999 se tardó más de un año en elegir a un vicepresidente y, después de la renuncia, por razones electorales, del que había sido elegido, se violó la Constitución para confiar sus funciones a un encargado de despacho.
Claro está que el régimen de marzo no tenía mucho apego al Estado de Derecho, pero ese no es el camino recomendable. Al contrario.
La vicepresidencia tiene la importantísima, fundamental, función de asegurar que un presidente elegido por el pueblo sea sucedido, si las circunstancias lo exigen, por otro funcionario con mandato popular de igual valor.
La legitimidad es un asunto central para el buen funcionamiento de las instituciones políticas, y la experiencia paraguaya lo confirma más allá de toda duda razonable.
Vale repetir y repetir la dramática, en realidad trágica, anécdota de la elección del general Higinio Morínigo para la presidencia de la República para entender la utilidad obvia de la vicepresidencia.
El general Estigarribia, en el diseño legal de su dictadura, por incapacidad para superar el lugar común en el que incurren los políticos de escaso vuelo intelectual que repiten lo del florero, suprimió la vicepresidencia.
Consecuentemente, muerto Estigarribia, la República fue sometida a sufrir la designación de un presidente provisorio por parte de un pequeño grupo de funcionarios burocráticos sin mandato popular alguno.
Y resultó elegido el general Morínigo, mediante un patético sorteo. La administración de los recursos que los contribuyentes conceden al Estado fue depositada en una persona designada por otras seis o siete cuyo único mérito para estar en el poder era el favor del general Estigarribia, nada más.
Del pueblo, nada.
Eso es lo que quieren los que sostienen que la vicepresidencia es un adorno. Son gente que no razona con sentido democrático.
La vicepresidencia es, pues, una necesidad de la democracia.Ahora hay un grupo de parlamentarios, de varios partidos lamentablemente, especulando con la elección de un sucesor del renunciante vicepresidente Castiglioni.
Quieren elegir uno al gusto propio o dejar vacante el cargo, como si tuvieran derecho a hacerlo, aprovechando lo que groseramente denominan el precedente del régimen de marzo.
El régimen de marzo solamente produjo precedentes para las dictaduras, no para las democracias, y el hecho de que algún político piense en recurrir a ellos muestra el escaso apego que tienen por la legitimidad.
El Congreso tiene una obligación que la impone la Constitución, elegir rápido un vicepresidente. Esta es una cuestión requerida por el buen funcionamiento institucional de la República, independientemente de que guste o no quien es el actual presidente.
*Publicado en La Nación de Asunción el 10 de octubre de 2007
Deben haber pocas instituciones republicanas más despreciadas y menos comprendidas que la vicepresidencia. Los políticos que buscan el aplauso fácil no hesitan en calificarla de florero y mucha gente llegó a considerar que, efectivamente, es eso.
Ya con esa excusa, la de que la vicepresidencia es un florero, tras el golpe de Estado del 28 de marzo de 1999 se tardó más de un año en elegir a un vicepresidente y, después de la renuncia, por razones electorales, del que había sido elegido, se violó la Constitución para confiar sus funciones a un encargado de despacho.
Claro está que el régimen de marzo no tenía mucho apego al Estado de Derecho, pero ese no es el camino recomendable. Al contrario.
La vicepresidencia tiene la importantísima, fundamental, función de asegurar que un presidente elegido por el pueblo sea sucedido, si las circunstancias lo exigen, por otro funcionario con mandato popular de igual valor.
La legitimidad es un asunto central para el buen funcionamiento de las instituciones políticas, y la experiencia paraguaya lo confirma más allá de toda duda razonable.
Vale repetir y repetir la dramática, en realidad trágica, anécdota de la elección del general Higinio Morínigo para la presidencia de la República para entender la utilidad obvia de la vicepresidencia.
El general Estigarribia, en el diseño legal de su dictadura, por incapacidad para superar el lugar común en el que incurren los políticos de escaso vuelo intelectual que repiten lo del florero, suprimió la vicepresidencia.
Consecuentemente, muerto Estigarribia, la República fue sometida a sufrir la designación de un presidente provisorio por parte de un pequeño grupo de funcionarios burocráticos sin mandato popular alguno.
Y resultó elegido el general Morínigo, mediante un patético sorteo. La administración de los recursos que los contribuyentes conceden al Estado fue depositada en una persona designada por otras seis o siete cuyo único mérito para estar en el poder era el favor del general Estigarribia, nada más.
Del pueblo, nada.
Eso es lo que quieren los que sostienen que la vicepresidencia es un adorno. Son gente que no razona con sentido democrático.
La vicepresidencia es, pues, una necesidad de la democracia.Ahora hay un grupo de parlamentarios, de varios partidos lamentablemente, especulando con la elección de un sucesor del renunciante vicepresidente Castiglioni.
Quieren elegir uno al gusto propio o dejar vacante el cargo, como si tuvieran derecho a hacerlo, aprovechando lo que groseramente denominan el precedente del régimen de marzo.
El régimen de marzo solamente produjo precedentes para las dictaduras, no para las democracias, y el hecho de que algún político piense en recurrir a ellos muestra el escaso apego que tienen por la legitimidad.
El Congreso tiene una obligación que la impone la Constitución, elegir rápido un vicepresidente. Esta es una cuestión requerida por el buen funcionamiento institucional de la República, independientemente de que guste o no quien es el actual presidente.
*Publicado en La Nación de Asunción el 10 de octubre de 2007
Los héroes y sus ideas*
Por Enrique Vargas Peña
Se recuerda hoy el ajusticiamiento de “Che” Guevara en Bolivia. Cuarenta años atrás, un día como hoy, el jefe guerrillero fue ejecutado por fuerzas militares bolivianas.
Desde entonces, Guevara adquirió unas dimensiones insospechadas, hasta el punto de convertirse, por ejemplo, en icono propagandístico incluso de los xenófobos de Georg Haider en Austria.
Guevara creía en la capacidad redentora de la violencia. Esto no es patrimonio exclusivo de los comunistas como él y difícilmente haya ningún admirador de las revoluciones Inglesa (1648/1688), Americana (1776) o Francesa (1789) que critique eso en concreto a Guevara.
Hay situaciones de injusticia que ciertamente exigen una rectificación revolucionaria.Guevara no es criticable por eso.
Es criticable por lo que trataba de construir por medio de la violencia: no una Cuba, sino dos, tres, muchas Cubas en América.
“Che” lideró, con la familia Castro, un asalto revolucionario al poder contra la dictadura de Fulgencio Batista, que entonces oprimía a Cuba. El tirano fue desalojado el 1 de enero de 1959 generando enorme esperanza en todo el Continente, de norte a sur.
La isla era en aquellos días, apenas detrás de Argentina, el país más rico de América Latina, pero los cubanos no eran libres. Los críticos de Batista atestaban las cárceles, la prensa era perseguida, miles estaban exiliados, los gerifaltes del régimen ostentaban escandalosos privilegios.
Lo que los Castro y Guevara construyeron en Cuba no es muy distinto a lo que destruyeron.
Hoy, los críticos de Castro atestan las cárceles, no hay prensa libre en Cuba, millones están exiliados y la nomenclatura comunista goza de escandalosos privilegios.
Los defensores de la memoria de Guevara dicen que era tan íntegro que no soportó la situación y prefirió seguir sembrando revolución.
Los dirigentes del Partido del Movimiento al Socialismo paraguayo cuentan que “Che” criticaba el modelo soviético que había ayudado como pocos a edificar y que estaba más en sintonía con el ideal de la “revolución permanente” del líder comunista chino Mao Zedong.
Ocultan que Mao carga en su haber cincuenta o sesenta millones de muertos por razones políticas, un récord del que ni Adolfo Hitler puede ufanarse, y esconden que los comunistas chinos, apenas pudieron, demolieron hasta sus cimientos la obra del maoísmo.
La salida de Guevara de Cuba, en 1965, muestra dos cosas: primera y principal, que en el régimen que había construido no había lugar para disentir y, segunda, que sus diferencias con la familia Castro no eran en reclamo de mayor moderación, sino de mayor dureza.
Ernesto Guevara de la Serna estaba, como dicen los dirigentes del P-MAS, mucho más cerca de la “Revolución Cultural” china, ese sorprendente ensayo de Mao que pretendió desconocer la individualidad de los seres humanos convirtiendo a China en un país atrasado del Tercer Mundo en apenas cinco años y que es el modelo sobre el que se desarrolló enseguida el genocidio camboyano ejecutado por otro memorable líder comunista, Pol Pot.
Esa integridad de Guevara, pues, es semejante a la que tuvo Hitler. El dictador alemán también creyó, hasta su último aliento, en la corrección de lo que había hecho. No sé si semejante soberbia es digna de admiración. Yo, por lo menos, no creo que esa clase de fanáticos sea admirable. Osama ben Laden no es admirable. Santo Domingo de Guzmán no es admirable. Los incapaces de admitir sus propios errores no son admirables.
Es triste que los dirigentes del Partido del Movimiento Al Socialismo tengan en Guevara a su máximo héroe. No es extraño que con tal guía reivindiquen la dictadura como forma de gobierno. Y más triste es que el posible presidente de la República, Fernando Lugo, tenga el mismo santo y camine la misma ruta.
Por mi parte, tengo una galería de héroes muy distintos: Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero o José Segundo Decoud, paraguayos que lucharon por que aquí haya, no un buen tirano como quieren los que siguen a Hugo Chávez, sino una ciudadanía libre.
*Publicado en La Nación de Asunción el 8 de octubre de 2007
Se recuerda hoy el ajusticiamiento de “Che” Guevara en Bolivia. Cuarenta años atrás, un día como hoy, el jefe guerrillero fue ejecutado por fuerzas militares bolivianas.
Desde entonces, Guevara adquirió unas dimensiones insospechadas, hasta el punto de convertirse, por ejemplo, en icono propagandístico incluso de los xenófobos de Georg Haider en Austria.
Guevara creía en la capacidad redentora de la violencia. Esto no es patrimonio exclusivo de los comunistas como él y difícilmente haya ningún admirador de las revoluciones Inglesa (1648/1688), Americana (1776) o Francesa (1789) que critique eso en concreto a Guevara.
Hay situaciones de injusticia que ciertamente exigen una rectificación revolucionaria.Guevara no es criticable por eso.
Es criticable por lo que trataba de construir por medio de la violencia: no una Cuba, sino dos, tres, muchas Cubas en América.
“Che” lideró, con la familia Castro, un asalto revolucionario al poder contra la dictadura de Fulgencio Batista, que entonces oprimía a Cuba. El tirano fue desalojado el 1 de enero de 1959 generando enorme esperanza en todo el Continente, de norte a sur.
La isla era en aquellos días, apenas detrás de Argentina, el país más rico de América Latina, pero los cubanos no eran libres. Los críticos de Batista atestaban las cárceles, la prensa era perseguida, miles estaban exiliados, los gerifaltes del régimen ostentaban escandalosos privilegios.
Lo que los Castro y Guevara construyeron en Cuba no es muy distinto a lo que destruyeron.
Hoy, los críticos de Castro atestan las cárceles, no hay prensa libre en Cuba, millones están exiliados y la nomenclatura comunista goza de escandalosos privilegios.
Los defensores de la memoria de Guevara dicen que era tan íntegro que no soportó la situación y prefirió seguir sembrando revolución.
Los dirigentes del Partido del Movimiento al Socialismo paraguayo cuentan que “Che” criticaba el modelo soviético que había ayudado como pocos a edificar y que estaba más en sintonía con el ideal de la “revolución permanente” del líder comunista chino Mao Zedong.
Ocultan que Mao carga en su haber cincuenta o sesenta millones de muertos por razones políticas, un récord del que ni Adolfo Hitler puede ufanarse, y esconden que los comunistas chinos, apenas pudieron, demolieron hasta sus cimientos la obra del maoísmo.
La salida de Guevara de Cuba, en 1965, muestra dos cosas: primera y principal, que en el régimen que había construido no había lugar para disentir y, segunda, que sus diferencias con la familia Castro no eran en reclamo de mayor moderación, sino de mayor dureza.
Ernesto Guevara de la Serna estaba, como dicen los dirigentes del P-MAS, mucho más cerca de la “Revolución Cultural” china, ese sorprendente ensayo de Mao que pretendió desconocer la individualidad de los seres humanos convirtiendo a China en un país atrasado del Tercer Mundo en apenas cinco años y que es el modelo sobre el que se desarrolló enseguida el genocidio camboyano ejecutado por otro memorable líder comunista, Pol Pot.
Esa integridad de Guevara, pues, es semejante a la que tuvo Hitler. El dictador alemán también creyó, hasta su último aliento, en la corrección de lo que había hecho. No sé si semejante soberbia es digna de admiración. Yo, por lo menos, no creo que esa clase de fanáticos sea admirable. Osama ben Laden no es admirable. Santo Domingo de Guzmán no es admirable. Los incapaces de admitir sus propios errores no son admirables.
Es triste que los dirigentes del Partido del Movimiento Al Socialismo tengan en Guevara a su máximo héroe. No es extraño que con tal guía reivindiquen la dictadura como forma de gobierno. Y más triste es que el posible presidente de la República, Fernando Lugo, tenga el mismo santo y camine la misma ruta.
Por mi parte, tengo una galería de héroes muy distintos: Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero o José Segundo Decoud, paraguayos que lucharon por que aquí haya, no un buen tirano como quieren los que siguen a Hugo Chávez, sino una ciudadanía libre.
*Publicado en La Nación de Asunción el 8 de octubre de 2007
Veo fantasmas*
Por Enrique Vargas Peña
Un fantasma recorre América, una figura que impresiona nuestras fantasías. Es la imagen de Hugo Chávez, emulando a aquel otro, al fantasma del comunismo, que desde 1848 recorrió Europa y que, como este en aquel entonces, cautiva a millones en la región, entre ellos a Fernando Lugo, quien predica el "socialismo del siglo XXI" a quien quiera escucharlo.
Esto no es una visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación.
El discurso que Lugo pronunció en el Foro sobre el Socialismo del Siglo XXI de Quito el 25 de agosto pasado no es un invento de los enemigos del candidato opositor.
Lugo lo pensó, él lo escribió y él lo admitió cuando fue publicado.
Tampoco fue una ensoñación la violación del acuerdo opositor del 5 de febrero pasado con el fin de evitar una competencia democrática entre los distintos aspirantes a una candidatura presidencial opositora unificada, ni fue una figuración de la imaginación la afirmación de Lugo de que no hay que ser esclavo de la ley para justificar la violación del pacto firmado.
Lugo adquirió así, dando esos pasos muy concretos, los rasgos de José Félix Estigarribia, el general muerto en 1940, que en 1939 había sido presentado por los dirigentes del Partido Liberal como su salvación para mantener el poder.
De repente se nos apareció de nuevo a los que vivimos hoy y ahora una persona diciendo que los procedimientos legales son, en realidad, obstáculos que nos impiden alcanzar el objetivo que buscamos.
Y eso espanta.
Estoy asustado. Me asusta el brote autoritario, me asusta la gente que piensa, como Nicanor Duarte Frutos, que los límites que se oponen al ejercicio del poder son otras tantas barreras a ser derribadas, como si el absolutismo no hubiera ocurrido y como si no hubiera producido los daños que produjo; como si la concentración del poder no se hubiera estudiado y como si no se supiera que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Me asustan los que olvidan la pesadilla autoritaria paraguaya y los que perdonan o alaban la pesadilla autoritaria cubana. Y más me asustan los que alientan la pesadilla autoritaria venezolana.
Me asustan los que quieren reemplazar la democracia burguesa, como lo dice abiertamente Camilo Soares, secretario general del P-MAS, principal aliado político de Fernando Lugo. Los que quieren restablecer el autoritarismo presumen saber más que cada uno de nosotros lo que necesitamos. Tienen la vana gloria de creerse más capacitados que nosotros, el pueblo, y, por tanto, con derecho a dirigirnos como a ovejas.
El triunfo fórmula Lugo-PLRA, más que posible es inminente. El país está cansado, con razón, de tanto robo, de tanta ineptitud, de tanta mala fe, de tanta mentira. Nunca se mintió tanto desde el gobierno como ahora, nunca, nunca, nunca, hubo tanta mala fe en la administración de la República, tanta falta de escrúpulos.
El país está harto y va a votar por el cambio.
Lugo existe. Su discurso en Quito es verdadero. Su amistad con Correa es real. Su militancia en el socialismo del siglo XXI está asumida. Sus apoyos en los sectores que son enemigos declarados de la democracia burguesa son públicos y notorios, como lo son los que tienen en los sectores que abogan por los modelos autoritarios de Venezuela y Cuba. Su aprobación a la violación oportunista de acuerdos no fue inventada.
Veo fantasmas, claro que sí, fantasmas tan atemorizantes como aquel del comunismo, cuya espeluznante realidad de campos de concentración, pobreza y opresión quedó expuesta recién en 1989, cuando, tras tres generaciones de dolor, derribaron los infames muros que lo disfrazaban.
*Publicado en La Nación de Asunción el 3 de octubre de 2007
Un fantasma recorre América, una figura que impresiona nuestras fantasías. Es la imagen de Hugo Chávez, emulando a aquel otro, al fantasma del comunismo, que desde 1848 recorrió Europa y que, como este en aquel entonces, cautiva a millones en la región, entre ellos a Fernando Lugo, quien predica el "socialismo del siglo XXI" a quien quiera escucharlo.
Esto no es una visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación.
El discurso que Lugo pronunció en el Foro sobre el Socialismo del Siglo XXI de Quito el 25 de agosto pasado no es un invento de los enemigos del candidato opositor.
Lugo lo pensó, él lo escribió y él lo admitió cuando fue publicado.
Tampoco fue una ensoñación la violación del acuerdo opositor del 5 de febrero pasado con el fin de evitar una competencia democrática entre los distintos aspirantes a una candidatura presidencial opositora unificada, ni fue una figuración de la imaginación la afirmación de Lugo de que no hay que ser esclavo de la ley para justificar la violación del pacto firmado.
Lugo adquirió así, dando esos pasos muy concretos, los rasgos de José Félix Estigarribia, el general muerto en 1940, que en 1939 había sido presentado por los dirigentes del Partido Liberal como su salvación para mantener el poder.
De repente se nos apareció de nuevo a los que vivimos hoy y ahora una persona diciendo que los procedimientos legales son, en realidad, obstáculos que nos impiden alcanzar el objetivo que buscamos.
Y eso espanta.
Estoy asustado. Me asusta el brote autoritario, me asusta la gente que piensa, como Nicanor Duarte Frutos, que los límites que se oponen al ejercicio del poder son otras tantas barreras a ser derribadas, como si el absolutismo no hubiera ocurrido y como si no hubiera producido los daños que produjo; como si la concentración del poder no se hubiera estudiado y como si no se supiera que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Me asustan los que olvidan la pesadilla autoritaria paraguaya y los que perdonan o alaban la pesadilla autoritaria cubana. Y más me asustan los que alientan la pesadilla autoritaria venezolana.
Me asustan los que quieren reemplazar la democracia burguesa, como lo dice abiertamente Camilo Soares, secretario general del P-MAS, principal aliado político de Fernando Lugo. Los que quieren restablecer el autoritarismo presumen saber más que cada uno de nosotros lo que necesitamos. Tienen la vana gloria de creerse más capacitados que nosotros, el pueblo, y, por tanto, con derecho a dirigirnos como a ovejas.
El triunfo fórmula Lugo-PLRA, más que posible es inminente. El país está cansado, con razón, de tanto robo, de tanta ineptitud, de tanta mala fe, de tanta mentira. Nunca se mintió tanto desde el gobierno como ahora, nunca, nunca, nunca, hubo tanta mala fe en la administración de la República, tanta falta de escrúpulos.
El país está harto y va a votar por el cambio.
Lugo existe. Su discurso en Quito es verdadero. Su amistad con Correa es real. Su militancia en el socialismo del siglo XXI está asumida. Sus apoyos en los sectores que son enemigos declarados de la democracia burguesa son públicos y notorios, como lo son los que tienen en los sectores que abogan por los modelos autoritarios de Venezuela y Cuba. Su aprobación a la violación oportunista de acuerdos no fue inventada.
Veo fantasmas, claro que sí, fantasmas tan atemorizantes como aquel del comunismo, cuya espeluznante realidad de campos de concentración, pobreza y opresión quedó expuesta recién en 1989, cuando, tras tres generaciones de dolor, derribaron los infames muros que lo disfrazaban.
*Publicado en La Nación de Asunción el 3 de octubre de 2007
Derecho y fuerza*
Por Enrique Vargas Peña
No resisto la tentación de contestar la opinión, publicada en Ultima Hora, del sacerdote católico Francisco Oliva sobre el tema de la ocupación de la plaza Uruguaya por parte de un grupo de indígenas.
Oliva es un eximio propagandista, imputándonos, a los que criticamos esa ocupación, dichos y pensamientos que ni remotamente manifestamos o tenemos, con el fin de convertir a aquellos agresores en víctimas y a los agredidos ciudadanos asuncenos en victimarios.
Dice, por ejemplo, que nos preocupa el césped de la plaza en lugar de preocuparnos por las tierras "que se les han arrebatado" a los indígenas o de la inacción del gobierno con respecto al problema indígena.
El señor Oliva falsea estos hechos: El problema de la ocupación de la plaza Uruguaya no es cuestión de césped, sino de derecho.
La cuestión de derecho es definir si los paraguayos solucionaremos nuestros reclamos, que son muchos y no solamente de los indígenas, recurriendo a la fuerza o si trataremos de hacerlo mediante el Estado de Derecho.
La cuestión de derecho es definir si en la presentación de nuestros reclamos debemos o no menoscabar los derechos de otros paraguayos tan paraguayos como nosotros o si para hacer notar nuestros problemas tenemos que pisotear y destruir los derechos de los demás.
Eso es lo que se discute en el tema de la plaza Uruguaya, no el césped. Lo que se discute es si, para llamar la atención sobre sus problemas, es justo o no que los indígenas destruyan la propiedad pública, usurpen un espacio público y obliguen a contribuyentes que nada tienen que ver con el problema a pagar daños por más de doscientos millones de guaraníes, para no hablar de lo que están perdiendo los vecinos.
Oliva está acostumbrado a alentar soluciones de fuerza (marzo paraguayo), tal vez porque parece no caer en la cuenta de que eso funciona mientras los agredidos se resignan.
Oliva nunca publicó una explicación de lo que sucedería si todos los que tienen reclamos recurren, como estos ocupantes de la plaza Uruguaya, a la fuerza para hacerse notar.
Por si él no lo pensó, dado que estuvo siempre del lado de los que lograron imponer su punto de vista, me atrevo a esbozar el panorama de una sociedad en la que todos los reclamos se hicieran notar por la fuerza.
Sería la selva, cuya ley los sacerdotes católicos critican tanto en sus sermones dominicales, donde prevalece el más fuerte, no porque tenga razón sino, simplemente, porque es eso, el más fuerte.
Si son los más postergados del Paraguay, los indígenas que ocupan la plaza Uruguaya aplastando los derechos de los contribuyentes asuncenos, de los vecinos del lugar, de los trabajadores del lugar, de los empresarios del lugar, deberían ser los más interesados en apuntalar y en fortalecer el Estado de Derecho.
Es la ley de la selva la que terminará por destruir sus culturas. Oliva les impide ver que si triunfa su pretensión de hacerse notar por la fuerza, después solo les quedará la fuerza para defenderse del rollotráfico, del narcotráfico o de la especulación pura y simple, pues habrán socavado las bases de sustentación de lo único que puede realmente ayudarlos, que es el imperio del Derecho.
Es triste ver que un sacerdote, representante de la Iglesia que despojó por la fuerza a los antecesores de estos indígenas de su cultura, de sus dioses y de sus tierras, persista en alentarles en un camino que resta legitimidad a su causa.
*Publicado en La Nación de Asunción el 26 de setiembre de 2007
No resisto la tentación de contestar la opinión, publicada en Ultima Hora, del sacerdote católico Francisco Oliva sobre el tema de la ocupación de la plaza Uruguaya por parte de un grupo de indígenas.
Oliva es un eximio propagandista, imputándonos, a los que criticamos esa ocupación, dichos y pensamientos que ni remotamente manifestamos o tenemos, con el fin de convertir a aquellos agresores en víctimas y a los agredidos ciudadanos asuncenos en victimarios.
Dice, por ejemplo, que nos preocupa el césped de la plaza en lugar de preocuparnos por las tierras "que se les han arrebatado" a los indígenas o de la inacción del gobierno con respecto al problema indígena.
El señor Oliva falsea estos hechos: El problema de la ocupación de la plaza Uruguaya no es cuestión de césped, sino de derecho.
La cuestión de derecho es definir si los paraguayos solucionaremos nuestros reclamos, que son muchos y no solamente de los indígenas, recurriendo a la fuerza o si trataremos de hacerlo mediante el Estado de Derecho.
La cuestión de derecho es definir si en la presentación de nuestros reclamos debemos o no menoscabar los derechos de otros paraguayos tan paraguayos como nosotros o si para hacer notar nuestros problemas tenemos que pisotear y destruir los derechos de los demás.
Eso es lo que se discute en el tema de la plaza Uruguaya, no el césped. Lo que se discute es si, para llamar la atención sobre sus problemas, es justo o no que los indígenas destruyan la propiedad pública, usurpen un espacio público y obliguen a contribuyentes que nada tienen que ver con el problema a pagar daños por más de doscientos millones de guaraníes, para no hablar de lo que están perdiendo los vecinos.
Oliva está acostumbrado a alentar soluciones de fuerza (marzo paraguayo), tal vez porque parece no caer en la cuenta de que eso funciona mientras los agredidos se resignan.
Oliva nunca publicó una explicación de lo que sucedería si todos los que tienen reclamos recurren, como estos ocupantes de la plaza Uruguaya, a la fuerza para hacerse notar.
Por si él no lo pensó, dado que estuvo siempre del lado de los que lograron imponer su punto de vista, me atrevo a esbozar el panorama de una sociedad en la que todos los reclamos se hicieran notar por la fuerza.
Sería la selva, cuya ley los sacerdotes católicos critican tanto en sus sermones dominicales, donde prevalece el más fuerte, no porque tenga razón sino, simplemente, porque es eso, el más fuerte.
Si son los más postergados del Paraguay, los indígenas que ocupan la plaza Uruguaya aplastando los derechos de los contribuyentes asuncenos, de los vecinos del lugar, de los trabajadores del lugar, de los empresarios del lugar, deberían ser los más interesados en apuntalar y en fortalecer el Estado de Derecho.
Es la ley de la selva la que terminará por destruir sus culturas. Oliva les impide ver que si triunfa su pretensión de hacerse notar por la fuerza, después solo les quedará la fuerza para defenderse del rollotráfico, del narcotráfico o de la especulación pura y simple, pues habrán socavado las bases de sustentación de lo único que puede realmente ayudarlos, que es el imperio del Derecho.
Es triste ver que un sacerdote, representante de la Iglesia que despojó por la fuerza a los antecesores de estos indígenas de su cultura, de sus dioses y de sus tierras, persista en alentarles en un camino que resta legitimidad a su causa.
*Publicado en La Nación de Asunción el 26 de setiembre de 2007
La plaza Uruguaya*
Por Enrique Vargas Peña
Un grupo de indígenas se apoderó de la plaza Uruguaya, la ocupó para sus fines particulares, impidiendo a sus verdaderos propietarios, los asunceños, su usufructo y disposición.
Estos indígenas dan como pretexto para justificar esa acción la insatisfacción, por parte del Estado, de su derecho a tierras que les posibiliten mantener su forma de vida: Como el Estado no les proporciona las tierras que exigen, han venido a apoderarse de la plaza Uruguaya.
Estos indígenas, además de ocupar la plaza, cargan sobre los contribuyentes a los que han despojado de ese espacio público, las cuentas de los gastos que su acción genera.
La ciudad ha tenido que instalarles baños a un costo que hasta el pasado jueves estaba en poco más de sesenta millones de guaraníes; la ciudad deberá hacerse cargo de la reconstrucción de la jardinería, en el supuesto de que estos señores decidan devolver lo que han tomado (en la plaza Italia la reparación de daños causados por una ocupación similar se presupuestó en cien millones de guaraníes) y, finalmente, la ciudad tendrá que reparar veredas y asfaltados destruidos por el uso indebido de aguas (prohibido y sancionado para todos los asunceños).
Pero la acción de estos indígenas no es solamente contra la ciudad. Los trabajadores de los negocios de la zona de la plaza Uruguaya tienen ahora amenazada la estabilidad de sus puestos.
Hoteles, librerías, restaurantes, mueblerías y supermercados situados alrededor de la plaza están sufriendo una modificación de las condiciones urbanas que les permitieron instalarse y prosperar allí. La zona ya no atrae a turistas o consumidores. Los espanta.
Los dueños de esos negocios no solamente ven en riesgo los esfuerzos que hicieron para establecerse allí, algunos el esfuerzo de toda su vida, sino que pueden perder cualquier estímulo para potenciar sus negocios.
Es decir, para generar nuevas fuentes de trabajo.Los habitantes de la zona, pues hay varios edificios residenciales, vieron un buen día secuestrados indefinidamente los espacios que solían usar, por los que, hay que recordarlo, la municipalidad les cobra.
Lamentablemente, nada de esto interesa al círculo muy compungido de señoras bien, de esas que tienen gran conciencia etnológica, que está disgustado porque se critica con acritud la usurpación de la plaza.
Les disgusta la crítica a la usurpación, pero la usurpación no les preocupa. El dinero y los derechos de los asunceños interesan muy poco a estas señoras, muy generosas con los bienes ajenos.
Ninguna de ellas dará trabajo a quienes queden sin empleo, ninguna ayudará a los propietarios por las pérdidas, ninguna llorará por el ambiente destruido, ninguna va al centro, porque ir al centro "es un quemo".
La Constitución de la República establece que nuestro Estado proveerá gratuitamente de tierras a los indígenas -Art. 64-, y que ellos tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso -Art. 32- para peticionar a las autoridades -Art. 40.
Pero la Constitución no dice que las plazas de Asunción son las tierras a entregarles gratuitamente, ni que para reclamar sus derechos tengan que menoscabar y pisotear los de los asunceños.
La ocupación de la plaza Uruguaya por los indígenas es una agresión que los asunceños no merecemos, un acto de violencia, una pinochetada. Y el hecho de que los agresores sean indígenas no minimiza el golpe.
*Publicado en La Nación de Asunción el 19 de setiembre de 2007
Un grupo de indígenas se apoderó de la plaza Uruguaya, la ocupó para sus fines particulares, impidiendo a sus verdaderos propietarios, los asunceños, su usufructo y disposición.
Estos indígenas dan como pretexto para justificar esa acción la insatisfacción, por parte del Estado, de su derecho a tierras que les posibiliten mantener su forma de vida: Como el Estado no les proporciona las tierras que exigen, han venido a apoderarse de la plaza Uruguaya.
Estos indígenas, además de ocupar la plaza, cargan sobre los contribuyentes a los que han despojado de ese espacio público, las cuentas de los gastos que su acción genera.
La ciudad ha tenido que instalarles baños a un costo que hasta el pasado jueves estaba en poco más de sesenta millones de guaraníes; la ciudad deberá hacerse cargo de la reconstrucción de la jardinería, en el supuesto de que estos señores decidan devolver lo que han tomado (en la plaza Italia la reparación de daños causados por una ocupación similar se presupuestó en cien millones de guaraníes) y, finalmente, la ciudad tendrá que reparar veredas y asfaltados destruidos por el uso indebido de aguas (prohibido y sancionado para todos los asunceños).
Pero la acción de estos indígenas no es solamente contra la ciudad. Los trabajadores de los negocios de la zona de la plaza Uruguaya tienen ahora amenazada la estabilidad de sus puestos.
Hoteles, librerías, restaurantes, mueblerías y supermercados situados alrededor de la plaza están sufriendo una modificación de las condiciones urbanas que les permitieron instalarse y prosperar allí. La zona ya no atrae a turistas o consumidores. Los espanta.
Los dueños de esos negocios no solamente ven en riesgo los esfuerzos que hicieron para establecerse allí, algunos el esfuerzo de toda su vida, sino que pueden perder cualquier estímulo para potenciar sus negocios.
Es decir, para generar nuevas fuentes de trabajo.Los habitantes de la zona, pues hay varios edificios residenciales, vieron un buen día secuestrados indefinidamente los espacios que solían usar, por los que, hay que recordarlo, la municipalidad les cobra.
Lamentablemente, nada de esto interesa al círculo muy compungido de señoras bien, de esas que tienen gran conciencia etnológica, que está disgustado porque se critica con acritud la usurpación de la plaza.
Les disgusta la crítica a la usurpación, pero la usurpación no les preocupa. El dinero y los derechos de los asunceños interesan muy poco a estas señoras, muy generosas con los bienes ajenos.
Ninguna de ellas dará trabajo a quienes queden sin empleo, ninguna ayudará a los propietarios por las pérdidas, ninguna llorará por el ambiente destruido, ninguna va al centro, porque ir al centro "es un quemo".
La Constitución de la República establece que nuestro Estado proveerá gratuitamente de tierras a los indígenas -Art. 64-, y que ellos tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso -Art. 32- para peticionar a las autoridades -Art. 40.
Pero la Constitución no dice que las plazas de Asunción son las tierras a entregarles gratuitamente, ni que para reclamar sus derechos tengan que menoscabar y pisotear los de los asunceños.
La ocupación de la plaza Uruguaya por los indígenas es una agresión que los asunceños no merecemos, un acto de violencia, una pinochetada. Y el hecho de que los agresores sean indígenas no minimiza el golpe.
*Publicado en La Nación de Asunción el 19 de setiembre de 2007
Las preguntas de Laíno*
Por Enrique Vargas Peña
Domingo Laíno planteó, mediante un comunicado de su movimiento Cambio para la Liberación del Partido Liberal, dos dudas sobre la candidatura presidencial de Fernando Lugo: la primera, referida a los problemas que suscitará en el gobierno el marco ideológico del Acuerdo Patriótico para el Cambio, integrado por "neoliberales derechosos" e "izquierdistas extremos"; la segunda, referida a lo que significa la pública adhesión de Lugo a la izquierda autoritaria de América Latina.
Entrevistado por nosotros (Clari Arias y yo) en La 9.70 AM hace varios meses, Lugo nos había aclarado que él simpatizaba con los proyectos socialistas de Tabaré Vázquez, Ricardo Lagos, Lula Da Silva y no con el de Hugo Chávez o el de Fidel Castro.
Sin embargo, el pasado 22 de agosto, en Quito, ante el presidente ecuatoriano Rafael Correa, Lugo dijo otra cosa.
Dijo que él adhería a Chávez, a Castro y a las guerrillas mexicana y colombiana: "...la antítesis de Porto Alegre, de los movimientos de los Sin Tierra del Brasil, del Ejército Zapatista...del Ejército de Liberación Nacional, del Movimiento Bolivariano de Venezuela y de la Revolución Cubana, no llevará a la síntesis de la democracia participativa por medio de la empatía...sino por una acumulación brutal del poder constituido que el logre ser superior a la de los conservadores".
Independientemente de lo que significa la adhesión de Lugo a la izquierda autoritaria, yo no sé ahora ya cuál de los dos Fernando Lugo dijo la verdad o cuál mintió, porque el Lugo de Quito es opuesto al Lugo que nos visitó en La 9.70 AM.
Uno de los dos Lugo miente porque simplemente uno es contradictorio con el otro. Si se admira a Chávez, no se puede admirar a Tabaré Vázquez, quien en la jerga bolivariana no es más que un revisionista pequeño-burgués.Fernando Lugo está generando con esos discursos dobles o triples muchos y fundados temores sobre su credibilidad, pues es difícil confiar en una persona que tiene un discurso en Paraguay y otro en Ecuador.
Eso, sin entrar aún en el tema de lo que significa declararse a favor de Chávez, Castro o las guerrillas de México y Colombia, que es el asunto que plantea Laíno.
En cuanto al tema de la gobernabilidad, está muy claro que ha habido muchas ocasiones en la historia y en los más diversos países en que se lograron acuerdos entre fuerzas políticas distintas y aún opuestas que alcanzaron gran éxito.
Tal vez valga mencionar la actual Concertación en Chile, o al grupo de partidos que hoy gobierna Alemania, por citar dos casos presentes y conocidos.
La condición de la existencia y del éxito de estos acuerdos es, obviamente, el apego de los componentes de los mismos a la palabra empeñada, la sujeción a aquello en lo que se estampa la firma de compromiso.
La duda de Laíno sobre este acuerdo paraguayo en particular es razonable desde que, lamentablemente, Lugo y sus compañeros inauguraron su candidatura rompiendo el acuerdo previamente firmado, el 5 de febrero de este año, violándolo para imponerla fuera de sus estipulaciones.
Por lo tanto, es perfectamente válido, y no solo válido sino sensato y de sentido común, pensar que la candidatura de Lugo es apenas una tregua entre fuerzas prestas a lanzarse unas contra otras apenas tengan oportunidad, repitiendo la tragedia que supuso para el país la elección en 1998, como presidente y vicepresidente de dos enemigos que no tardaron en convertir su animadversión mutua en la más grave crisis institucional de la historia democrática del Paraguay.
La ruptura del acuerdo del 5 de febrero muestra que no habrá en la alianza opositora un marco jurídico capaz de contener y canalizar las ambiciones políticas.Hace mal Fernando Lugo en evitar responder estas y otras cuestiones, pues su silencio abona las peores perspectivas.
*Publicado en La Nación de Asunción el 12 de setiembre de 2007
Domingo Laíno planteó, mediante un comunicado de su movimiento Cambio para la Liberación del Partido Liberal, dos dudas sobre la candidatura presidencial de Fernando Lugo: la primera, referida a los problemas que suscitará en el gobierno el marco ideológico del Acuerdo Patriótico para el Cambio, integrado por "neoliberales derechosos" e "izquierdistas extremos"; la segunda, referida a lo que significa la pública adhesión de Lugo a la izquierda autoritaria de América Latina.
Entrevistado por nosotros (Clari Arias y yo) en La 9.70 AM hace varios meses, Lugo nos había aclarado que él simpatizaba con los proyectos socialistas de Tabaré Vázquez, Ricardo Lagos, Lula Da Silva y no con el de Hugo Chávez o el de Fidel Castro.
Sin embargo, el pasado 22 de agosto, en Quito, ante el presidente ecuatoriano Rafael Correa, Lugo dijo otra cosa.
Dijo que él adhería a Chávez, a Castro y a las guerrillas mexicana y colombiana: "...la antítesis de Porto Alegre, de los movimientos de los Sin Tierra del Brasil, del Ejército Zapatista...del Ejército de Liberación Nacional, del Movimiento Bolivariano de Venezuela y de la Revolución Cubana, no llevará a la síntesis de la democracia participativa por medio de la empatía...sino por una acumulación brutal del poder constituido que el logre ser superior a la de los conservadores".
Independientemente de lo que significa la adhesión de Lugo a la izquierda autoritaria, yo no sé ahora ya cuál de los dos Fernando Lugo dijo la verdad o cuál mintió, porque el Lugo de Quito es opuesto al Lugo que nos visitó en La 9.70 AM.
Uno de los dos Lugo miente porque simplemente uno es contradictorio con el otro. Si se admira a Chávez, no se puede admirar a Tabaré Vázquez, quien en la jerga bolivariana no es más que un revisionista pequeño-burgués.Fernando Lugo está generando con esos discursos dobles o triples muchos y fundados temores sobre su credibilidad, pues es difícil confiar en una persona que tiene un discurso en Paraguay y otro en Ecuador.
Eso, sin entrar aún en el tema de lo que significa declararse a favor de Chávez, Castro o las guerrillas de México y Colombia, que es el asunto que plantea Laíno.
En cuanto al tema de la gobernabilidad, está muy claro que ha habido muchas ocasiones en la historia y en los más diversos países en que se lograron acuerdos entre fuerzas políticas distintas y aún opuestas que alcanzaron gran éxito.
Tal vez valga mencionar la actual Concertación en Chile, o al grupo de partidos que hoy gobierna Alemania, por citar dos casos presentes y conocidos.
La condición de la existencia y del éxito de estos acuerdos es, obviamente, el apego de los componentes de los mismos a la palabra empeñada, la sujeción a aquello en lo que se estampa la firma de compromiso.
La duda de Laíno sobre este acuerdo paraguayo en particular es razonable desde que, lamentablemente, Lugo y sus compañeros inauguraron su candidatura rompiendo el acuerdo previamente firmado, el 5 de febrero de este año, violándolo para imponerla fuera de sus estipulaciones.
Por lo tanto, es perfectamente válido, y no solo válido sino sensato y de sentido común, pensar que la candidatura de Lugo es apenas una tregua entre fuerzas prestas a lanzarse unas contra otras apenas tengan oportunidad, repitiendo la tragedia que supuso para el país la elección en 1998, como presidente y vicepresidente de dos enemigos que no tardaron en convertir su animadversión mutua en la más grave crisis institucional de la historia democrática del Paraguay.
La ruptura del acuerdo del 5 de febrero muestra que no habrá en la alianza opositora un marco jurídico capaz de contener y canalizar las ambiciones políticas.Hace mal Fernando Lugo en evitar responder estas y otras cuestiones, pues su silencio abona las peores perspectivas.
*Publicado en La Nación de Asunción el 12 de setiembre de 2007
Chávez o EEUU*
Por Enrique Vargas Peña
Leí con suma atención la interesante opinión que Julio Benegas Villadet publicó ayer en ABC, criticando la investigación que ese diario realiza sobre los vínculos que el gobierno venezolano está construyendo con fuerzas políticas paraguayas.
Según Julio, se está inventando un cuco, Venezuela, para impedir el cambio y mantener un status quo que, recuerda él, contiene cosas como la importante y poco controlada presencia de Estados Unidos en los servicios paraguayos de seguridad, que tienen el antecedente, lo remarca, de haber alentado la dictadura como sistema político y la tortura como técnica operativa.
Creo que difícilmente alguien pueda negar que Estados Unidos efectivamente incurrió en esos terribles y tristes crímenes, con la excusa de la guerra contra el comunismo, con el patético resultado de haber incubado regímenes igual de monstruosos que aquel que se decía combatir.
Sin embargo, hay en el razonamiento una especie de omisión que resulta notable: Julio no lo dice, pero Estados Unidos y Venezuela no son iguales. Estados Unidos es una democracia y Venezuela es una dictadura.
Los abusos norteamericanos son investigados y, de hecho, las aborrecibles prácticas de la Escuela de las Américas o de agentes de seguridad estadounidenses en aquellos años fueron en su mayor parte descubiertos por la prensa norteamericana, así como los actuales que se cometen en Guantánamo o en Irak.
En Venezuela nada de esto puede suceder, todo el poder está concentrado, las investigaciones de los medios sobre el manejo del gobierno están severamente restringidas y, ahora, incluso se pondrá bajo el exclusivo arbitrio de Hugo Chávez nada menos que toda la enorme reserva monetaria venezolana.
No conocemos qué clase de abusos ocurren en Venezuela o si Venezuela tiene propósitos ilegítimos sobre nuestro país, simplemente porque aquel país está sometido a una dictadura.
En Venezuela ya no hay libertades, solo queda la graciosa tolerancia del poder absoluto.
Es decir, aunque la amistad de Estados Unidos pueda causar, y haya causado, ocasionalmente mucho daño, el sistema democrático burgués de valores, principios e instituciones no solo es más justo, libre y beneficioso que cualquier dictadura, por más benévola que ella sea, sino que permite, en última instancia corregir y castigar los abusos, cosa que los autoritarismos no pueden hacer sin derrumbarse.
Ciertamente, bajo la sombra de Estados Unidos germinaron Trujillo y los Somoza, Stroessner, Videla y Pinochet, pero también la idea de que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo puede prevalecer para goce del género humano.
Pero más ciertamente todavía, la influencia de Chávez impulsa el establecimiento en Paraguay y en América del modelo autoritario que está construyendo en Venezuela, donde la arbitrariedad no es el abuso sino el uso.
Se comprende pues, muy fácilmente, por qué los simpatizantes de Chávez se disgustan tanto cuando se investigan sus planes y cuando se indaga sobre sus intenciones.
*Publicado en La Nación de Asunción el 5 de setiembre de 2007
Leí con suma atención la interesante opinión que Julio Benegas Villadet publicó ayer en ABC, criticando la investigación que ese diario realiza sobre los vínculos que el gobierno venezolano está construyendo con fuerzas políticas paraguayas.
Según Julio, se está inventando un cuco, Venezuela, para impedir el cambio y mantener un status quo que, recuerda él, contiene cosas como la importante y poco controlada presencia de Estados Unidos en los servicios paraguayos de seguridad, que tienen el antecedente, lo remarca, de haber alentado la dictadura como sistema político y la tortura como técnica operativa.
Creo que difícilmente alguien pueda negar que Estados Unidos efectivamente incurrió en esos terribles y tristes crímenes, con la excusa de la guerra contra el comunismo, con el patético resultado de haber incubado regímenes igual de monstruosos que aquel que se decía combatir.
Sin embargo, hay en el razonamiento una especie de omisión que resulta notable: Julio no lo dice, pero Estados Unidos y Venezuela no son iguales. Estados Unidos es una democracia y Venezuela es una dictadura.
Los abusos norteamericanos son investigados y, de hecho, las aborrecibles prácticas de la Escuela de las Américas o de agentes de seguridad estadounidenses en aquellos años fueron en su mayor parte descubiertos por la prensa norteamericana, así como los actuales que se cometen en Guantánamo o en Irak.
En Venezuela nada de esto puede suceder, todo el poder está concentrado, las investigaciones de los medios sobre el manejo del gobierno están severamente restringidas y, ahora, incluso se pondrá bajo el exclusivo arbitrio de Hugo Chávez nada menos que toda la enorme reserva monetaria venezolana.
No conocemos qué clase de abusos ocurren en Venezuela o si Venezuela tiene propósitos ilegítimos sobre nuestro país, simplemente porque aquel país está sometido a una dictadura.
En Venezuela ya no hay libertades, solo queda la graciosa tolerancia del poder absoluto.
Es decir, aunque la amistad de Estados Unidos pueda causar, y haya causado, ocasionalmente mucho daño, el sistema democrático burgués de valores, principios e instituciones no solo es más justo, libre y beneficioso que cualquier dictadura, por más benévola que ella sea, sino que permite, en última instancia corregir y castigar los abusos, cosa que los autoritarismos no pueden hacer sin derrumbarse.
Ciertamente, bajo la sombra de Estados Unidos germinaron Trujillo y los Somoza, Stroessner, Videla y Pinochet, pero también la idea de que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo puede prevalecer para goce del género humano.
Pero más ciertamente todavía, la influencia de Chávez impulsa el establecimiento en Paraguay y en América del modelo autoritario que está construyendo en Venezuela, donde la arbitrariedad no es el abuso sino el uso.
Se comprende pues, muy fácilmente, por qué los simpatizantes de Chávez se disgustan tanto cuando se investigan sus planes y cuando se indaga sobre sus intenciones.
*Publicado en La Nación de Asunción el 5 de setiembre de 2007
Disyuntiva diabólica*
Por Enrique Vargas Peña
Hay una creencia muy extendida entre los dirigentes opositores y, a mi modo de ver, muy equivocada: la de que los males que sufrimos los paraguayos por el gobierno que padecemos se deben a una especie de maldad genética de los colorados.
Según esta creencia, hay venalidad, deshonestidad, corrupción e incompetencia porque los colorados son malos y, en consecuencia, si cambiamos a los colorados, todo mejorará y viviremos felices.
Ninguna evidencia de ninguna naturaleza avala la creencia de los opositores y, desde luego, es un punto de vista muy próximo a las tesis racistas que expone el cura Aldo Trento, quien sugirió días pasados que los paraguayos somos genéticamente inferiores a los europeos.
En cambio, hay demasiadas pruebas de que los gobiernos que estamos sufriendo no son malos por lo que creen los opositores sino porque se basan en una pésima estructura institucional, que es la que permite todo lo que nos aflige y perjudica.
Esta estructura institucional puede resumirse en una sola frase: demasiado espacio para la discrecionalidad en las instituciones públicas paraguayas y demasiado espacio para la irresponsabilidad.
La percepción equivocada de la oposición la conduce a formular remedios equivocados. Si los hombres de la oposición se mueven en el mismo esquema institucional que los colorados, producirán los mismos efectos y no otros.
Un grupo importante de la oposición, en el que se encuadran los máximos referentes del Partido Liberal Radical Auténtico y el ciudadano Fernando Lugo, resolvió impulsar la candidatura presidencial de este último rompiendo un acuerdo firmado el 5 de febrero de 2007 y sorteando, con cierta astucia muy mal entendida, las disposiciones legales que obligan a quienes quieran candidatarse a ganar el lugar en una competencia electoral interna.
Esto indica que Lugo y los liberales que le acompañan creen que no es necesario ser esclavos de la ley, que los pactos carecen de importancia, que los compromisos son válidos solo provisionalmente y que la participación popular en la integración del poder público puede ser restringida a conveniencia.
En síntesis, Lugo y los liberales que le acompañan han actuado exactamente de la misma manera en que Nicanor Duarte Frutos lo hizo en enero, febrero y marzo de 2006, minimizando el valor de la ley, retorciendo el significado de las palabras para obtener de ellas provecho personal y dando al pacto constitucional una validez relativa.
Hoy es el día, en efecto, en que ni Lugo ni esos liberales pueden explicar razonablemente en qué se diferencia lo que ellos hicieron para imponer la candidatura del primero de lo que hizo Nicanor, salvo que recurran al argumento de la diferencia genética mencionado al principio, cuyo corolario es que lo que los colorados hacen está mal, pero si ellos hacen exactamente lo mismo, entonces está bien.
Desde mi punto de vista pues, Lugo y sus compañeros pretenden trabajar en el mismo esquema institucional en que se mueven los colorados. Y sostengo que producirán los mismos efectos. Venalidad, deshonestidad, corrupción e incompetencia.
En síntesis, nos están imponiendo, a los paraguayos, una disyuntiva diabólica, la de elegir entre los males conocidos y los males por conocer, lo cual es triste, porque a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos da exactamente igual que los ladrones sean colorados o luguistas, pues el resultado es y será niños sin educación, hospitales sin remedio, ancianos sin asilo.
*Publicado en La Nación de Asunción el 29 de agosto de 2007
Hay una creencia muy extendida entre los dirigentes opositores y, a mi modo de ver, muy equivocada: la de que los males que sufrimos los paraguayos por el gobierno que padecemos se deben a una especie de maldad genética de los colorados.
Según esta creencia, hay venalidad, deshonestidad, corrupción e incompetencia porque los colorados son malos y, en consecuencia, si cambiamos a los colorados, todo mejorará y viviremos felices.
Ninguna evidencia de ninguna naturaleza avala la creencia de los opositores y, desde luego, es un punto de vista muy próximo a las tesis racistas que expone el cura Aldo Trento, quien sugirió días pasados que los paraguayos somos genéticamente inferiores a los europeos.
En cambio, hay demasiadas pruebas de que los gobiernos que estamos sufriendo no son malos por lo que creen los opositores sino porque se basan en una pésima estructura institucional, que es la que permite todo lo que nos aflige y perjudica.
Esta estructura institucional puede resumirse en una sola frase: demasiado espacio para la discrecionalidad en las instituciones públicas paraguayas y demasiado espacio para la irresponsabilidad.
La percepción equivocada de la oposición la conduce a formular remedios equivocados. Si los hombres de la oposición se mueven en el mismo esquema institucional que los colorados, producirán los mismos efectos y no otros.
Un grupo importante de la oposición, en el que se encuadran los máximos referentes del Partido Liberal Radical Auténtico y el ciudadano Fernando Lugo, resolvió impulsar la candidatura presidencial de este último rompiendo un acuerdo firmado el 5 de febrero de 2007 y sorteando, con cierta astucia muy mal entendida, las disposiciones legales que obligan a quienes quieran candidatarse a ganar el lugar en una competencia electoral interna.
Esto indica que Lugo y los liberales que le acompañan creen que no es necesario ser esclavos de la ley, que los pactos carecen de importancia, que los compromisos son válidos solo provisionalmente y que la participación popular en la integración del poder público puede ser restringida a conveniencia.
En síntesis, Lugo y los liberales que le acompañan han actuado exactamente de la misma manera en que Nicanor Duarte Frutos lo hizo en enero, febrero y marzo de 2006, minimizando el valor de la ley, retorciendo el significado de las palabras para obtener de ellas provecho personal y dando al pacto constitucional una validez relativa.
Hoy es el día, en efecto, en que ni Lugo ni esos liberales pueden explicar razonablemente en qué se diferencia lo que ellos hicieron para imponer la candidatura del primero de lo que hizo Nicanor, salvo que recurran al argumento de la diferencia genética mencionado al principio, cuyo corolario es que lo que los colorados hacen está mal, pero si ellos hacen exactamente lo mismo, entonces está bien.
Desde mi punto de vista pues, Lugo y sus compañeros pretenden trabajar en el mismo esquema institucional en que se mueven los colorados. Y sostengo que producirán los mismos efectos. Venalidad, deshonestidad, corrupción e incompetencia.
En síntesis, nos están imponiendo, a los paraguayos, una disyuntiva diabólica, la de elegir entre los males conocidos y los males por conocer, lo cual es triste, porque a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos da exactamente igual que los ladrones sean colorados o luguistas, pues el resultado es y será niños sin educación, hospitales sin remedio, ancianos sin asilo.
*Publicado en La Nación de Asunción el 29 de agosto de 2007
El fin de la democracia "burguesa"*
Por Enrique Vargas Peña
Ayer a la tarde, en la 9.70 AM, mantuvimos una constructiva entrevista con el flamante secretario general del Partido del Movimiento al Socialismo, Camilo Soares, uno de los líderes del Bloque Social y Popular que, con el Partido Liberal Radical Auténtico, impulsa la candidatura presidencial de Fernando Lugo.
No voy a referirme al gran logro personal de Camilo, que obligó al PLRA a renunciar a sus propias candidaturas en caso de que se impugne judicialmente a Lugo, "por la desconfianza que generan los partidos tradicionales", sino a las ideas que el dirigente de izquierdas se propone llevar adelante.
Camilo declaró sin ambages que está en contra de la democracia "burguesa", que es como los leninistas (partidarios de Vladimir Illich Lenin, máximo líder de los comunistas rusos) denominaban al sistema democrático pluralista nacido en Inglaterra en el siglo XVIII y desarrollado en Estados Unidos.
Y sostuvo que reivindica la reforma que Hugo Chávez desarrolla en Venezuela, en esa misma dirección.
Como se sabe, el 9 de enero el presidente de Venezuela declaró, reasumiendo el mando presidencial, que para entender el proceso venezolano era necesario leer a Marx y a Lenin.
Desde el punto de vista de la estructuración práctica del poder, Lenin expuso, en abril de 1917, sus célebres "Tesis de Abril", en las que definía la estrategia que seguiría su partido, el Social Demócrata Ruso (luego Comunista), para la toma del poder: señaló que aún cuando, en febrero de ese año, el establecimiento de la República en Rusia había permitido "la mayor libertad del mundo" en el país, la "democracia burguesa" no era el mecanismo, ni el objetivo, de su fuerza política.
Y propuso, en el punto cuarto de las "Tesis", ir trasladando "todo el poder del Estado" desde sus instituciones tradicionales, como el Parlamento popularmente elegido (la Duma), hacia consejos de obreros, estudiantes y campesinos (soviets), en base a la experiencia de la revuelta que ya habían ensayado los amigos de Lenin en 1905.
León Trotski tiene, en su "Historia de la Revolución Rusa", el mejor análisis realizado sobre esta transferencia del poder y la construcción, a partir de ella, de un poder total.
Chávez anunció el martes pasado, en Venezuela, que se propone hacer la misma transferencia de poder, desde las instituciones de la democracia "burguesa" hacia consejos de obreros, estudiantes y campesinos que constituirán, en la nueva Constitución venezolana un nuevo poder, el "Poder Popular", que "será la base del poder público en Venezuela y estará expresado en consejos obreros, campesinos y estudiantiles".
"El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce a través del poder popular que no nace del sufragio (…) sino que se expresa en comunidades, comunas y autogobierno de las ciudades".
Camilo Soares, que no quiere la democracia "burguesa", anunció en la misma entrevista señalada al principio, que uno de los primeros pasos de un gobierno de Fernando Lugo será el reordenamiento territorial de la República, exactamente la receta chavista, para reemplazar las instituciones intermedias de la democracia "burguesa" -gobernaciones y municipios- por esos consejos (soviets).
De ahí a la abolición de la democracia "burguesa", habrá poco plazo.Lo triste no es que Camilo luche por las ideas que siempre tuvo, sino que el Partido Liberal sea la fuerza sobre la que se construirá ese proyecto autoritario.
*Publicado en La Nación de Asunción el 22 de agosto de 2007
Ayer a la tarde, en la 9.70 AM, mantuvimos una constructiva entrevista con el flamante secretario general del Partido del Movimiento al Socialismo, Camilo Soares, uno de los líderes del Bloque Social y Popular que, con el Partido Liberal Radical Auténtico, impulsa la candidatura presidencial de Fernando Lugo.
No voy a referirme al gran logro personal de Camilo, que obligó al PLRA a renunciar a sus propias candidaturas en caso de que se impugne judicialmente a Lugo, "por la desconfianza que generan los partidos tradicionales", sino a las ideas que el dirigente de izquierdas se propone llevar adelante.
Camilo declaró sin ambages que está en contra de la democracia "burguesa", que es como los leninistas (partidarios de Vladimir Illich Lenin, máximo líder de los comunistas rusos) denominaban al sistema democrático pluralista nacido en Inglaterra en el siglo XVIII y desarrollado en Estados Unidos.
Y sostuvo que reivindica la reforma que Hugo Chávez desarrolla en Venezuela, en esa misma dirección.
Como se sabe, el 9 de enero el presidente de Venezuela declaró, reasumiendo el mando presidencial, que para entender el proceso venezolano era necesario leer a Marx y a Lenin.
Desde el punto de vista de la estructuración práctica del poder, Lenin expuso, en abril de 1917, sus célebres "Tesis de Abril", en las que definía la estrategia que seguiría su partido, el Social Demócrata Ruso (luego Comunista), para la toma del poder: señaló que aún cuando, en febrero de ese año, el establecimiento de la República en Rusia había permitido "la mayor libertad del mundo" en el país, la "democracia burguesa" no era el mecanismo, ni el objetivo, de su fuerza política.
Y propuso, en el punto cuarto de las "Tesis", ir trasladando "todo el poder del Estado" desde sus instituciones tradicionales, como el Parlamento popularmente elegido (la Duma), hacia consejos de obreros, estudiantes y campesinos (soviets), en base a la experiencia de la revuelta que ya habían ensayado los amigos de Lenin en 1905.
León Trotski tiene, en su "Historia de la Revolución Rusa", el mejor análisis realizado sobre esta transferencia del poder y la construcción, a partir de ella, de un poder total.
Chávez anunció el martes pasado, en Venezuela, que se propone hacer la misma transferencia de poder, desde las instituciones de la democracia "burguesa" hacia consejos de obreros, estudiantes y campesinos que constituirán, en la nueva Constitución venezolana un nuevo poder, el "Poder Popular", que "será la base del poder público en Venezuela y estará expresado en consejos obreros, campesinos y estudiantiles".
"El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce a través del poder popular que no nace del sufragio (…) sino que se expresa en comunidades, comunas y autogobierno de las ciudades".
Camilo Soares, que no quiere la democracia "burguesa", anunció en la misma entrevista señalada al principio, que uno de los primeros pasos de un gobierno de Fernando Lugo será el reordenamiento territorial de la República, exactamente la receta chavista, para reemplazar las instituciones intermedias de la democracia "burguesa" -gobernaciones y municipios- por esos consejos (soviets).
De ahí a la abolición de la democracia "burguesa", habrá poco plazo.Lo triste no es que Camilo luche por las ideas que siempre tuvo, sino que el Partido Liberal sea la fuerza sobre la que se construirá ese proyecto autoritario.
*Publicado en La Nación de Asunción el 22 de agosto de 2007
El presidente Lugo*
Por Enrique Vargas Peña
Parece evidente no solamente que nuestro país desea un cambio, sino que lo necesita. Muchos creemos que, sin cambio, las condiciones generales en las que los paraguayos vivimos seguirán deteriorándose peligrosamente.
Muchos pensamos, además, que Fernando Lugo representa una oportunidad para llevar adelante ese anhelo de modificar la situación actual.
Pero hay señales, en el campo luguista, que no son positivas.
En primer lugar, el tema del compromiso del 5 de febrero, que los luguistas desarrollan con una lógica que se presta a confusiones.
En esa fecha, todos los ahora integrantes de la Concertación se comprometieron a llegar a un acuerdo político para definir la candidatura presidencial o, si no se alcanzaba, a ir a una consulta popular.
La palabra "acuerdo" tiene muchas acepciones registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero a los efectos del compromiso del 5 de febrero, podía significar: "1. m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. 3. m. Convenio entre dos o más partes".
Muchos pensamos que significaba lo segundo. Además porque el propio diccionario indica que cuando se usa la palabra "acuerdo" como locución adjetiva, significa "1. loc. adj. Conforme, unánime. Estar, ponerse de acuerdo".
Al imponer el primer significado sin haberlo especificado desde el inicio y al efecto de eludir la consulta popular, los luguistas están generando la impresión de que no son muy diferentes al nicanorismo, que hizo algo parecido, en febrero de 2006, para lograr que Nicanor Duarte Frutos fuera elegido, en contra de la Constitución, presidente del Partido Colorado.
En segundo lugar, la desafortunada expresión del propio Fernando Lugo referida a que no hay que ser esclavos de la ley.
No creo que Lugo haya recurrido a tal expresión de mala fe, pero parece evidente que no midió las consecuencias de tal expresión en un Estado de Derecho.
Un mandatario que no sea esclavo de la ley, es igual a Nicanor Duarte Frutos, tratando de sortear la ley por cualquier costado.
O, mucho peor, es semejante a Hugo Chávez, quien directamente se liberó de la esclavitud de la ley para reemplazarla por el imperio de su propia voluntad.
El problema de estos signos negativos es que plantean cuestiones legítimas a cualquier elector medianamente moral, acerca de si estas conductas del candidato Fernando Lugo y las del luguismo anuncian o no las conductas del presidente Fernando Lugo y las del futuro oficialismo.
Si las anuncian, y dicen que el presidente Lugo dará a cada palabra de la Constitución el significado más perverso posible en su propio provecho o la violará abiertamente por no ser esclavo de ella, entonces Lugo no trae cambio alguno.
Sería una repetición de Nicanor Duarte Frutos. Y, a mi modo de ver, una oposición triunfante que emule a Duarte Frutos en el gobierno sería una tragedia infinitamente peor que la continuidad del nicanorismo, por la sencilla razón de que esa oposición mataría así lo último que nos queda: la esperanza de un mejor porvenir.
*Publicado en La Nación de Asunción el 15 de agosto de 2007
Parece evidente no solamente que nuestro país desea un cambio, sino que lo necesita. Muchos creemos que, sin cambio, las condiciones generales en las que los paraguayos vivimos seguirán deteriorándose peligrosamente.
Muchos pensamos, además, que Fernando Lugo representa una oportunidad para llevar adelante ese anhelo de modificar la situación actual.
Pero hay señales, en el campo luguista, que no son positivas.
En primer lugar, el tema del compromiso del 5 de febrero, que los luguistas desarrollan con una lógica que se presta a confusiones.
En esa fecha, todos los ahora integrantes de la Concertación se comprometieron a llegar a un acuerdo político para definir la candidatura presidencial o, si no se alcanzaba, a ir a una consulta popular.
La palabra "acuerdo" tiene muchas acepciones registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero a los efectos del compromiso del 5 de febrero, podía significar: "1. m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. 3. m. Convenio entre dos o más partes".
Muchos pensamos que significaba lo segundo. Además porque el propio diccionario indica que cuando se usa la palabra "acuerdo" como locución adjetiva, significa "1. loc. adj. Conforme, unánime. Estar, ponerse de acuerdo".
Al imponer el primer significado sin haberlo especificado desde el inicio y al efecto de eludir la consulta popular, los luguistas están generando la impresión de que no son muy diferentes al nicanorismo, que hizo algo parecido, en febrero de 2006, para lograr que Nicanor Duarte Frutos fuera elegido, en contra de la Constitución, presidente del Partido Colorado.
En segundo lugar, la desafortunada expresión del propio Fernando Lugo referida a que no hay que ser esclavos de la ley.
No creo que Lugo haya recurrido a tal expresión de mala fe, pero parece evidente que no midió las consecuencias de tal expresión en un Estado de Derecho.
Un mandatario que no sea esclavo de la ley, es igual a Nicanor Duarte Frutos, tratando de sortear la ley por cualquier costado.
O, mucho peor, es semejante a Hugo Chávez, quien directamente se liberó de la esclavitud de la ley para reemplazarla por el imperio de su propia voluntad.
El problema de estos signos negativos es que plantean cuestiones legítimas a cualquier elector medianamente moral, acerca de si estas conductas del candidato Fernando Lugo y las del luguismo anuncian o no las conductas del presidente Fernando Lugo y las del futuro oficialismo.
Si las anuncian, y dicen que el presidente Lugo dará a cada palabra de la Constitución el significado más perverso posible en su propio provecho o la violará abiertamente por no ser esclavo de ella, entonces Lugo no trae cambio alguno.
Sería una repetición de Nicanor Duarte Frutos. Y, a mi modo de ver, una oposición triunfante que emule a Duarte Frutos en el gobierno sería una tragedia infinitamente peor que la continuidad del nicanorismo, por la sencilla razón de que esa oposición mataría así lo último que nos queda: la esperanza de un mejor porvenir.
*Publicado en La Nación de Asunción el 15 de agosto de 2007
Las cuatro paredes*
Por Enrique Vargas Peña
La virtual disolución de la Concertación opositora es el resultado lógico de la intención de muchos de sus dirigentes de imponer de facto la así llamada "chapa" presidencial, sin cumplir con el requerimiento de la participación popular en el proceso de nominación de candidatos.
En esta amarga historia no hay inocentes, lamentablemente.
El primero que puso peros a la elección directa del candidato fue Pedro Fadul y hay versiones que hablan de que su actual disgusto no tiene que ver con la reivindicación democrática del voto directo, la que lo enaltecería, sino con la negociación de un espacio en una "encuesta".
Los señores de la izquierda, que se llenan la boca hablando en nombre del pueblo, se negaron en redondo a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que ordenan que el pueblo sea el que directamente determine las candidaturas.
Y el oficialismo liberal, que tiene un proyecto todavía más grave de atacar legislativamente el "voto directo" en el futuro, no dudó en abrazarse a estas oportunidades generadas por Fadul y la izquierda para dar él mismo el zarpazo, sin consultar con la gente.
Si la candidatura de Lugo es expresión de esa clase de actitudes, las que a su vez expresan la ideología radicalmente conservadora de restringir la participación popular en el proceso político, es mejor que se quede en su casa, pues le votarán solamente los anticolorados recalcitrantes, esos que creen que el fin justifica los medios y que lo que quieren, en realidad, es estar ellos en la posición que ahora critican por mero oportunismo.
El cambio no vendrá de la mano de estos conservadores, y nótese que estoy incluyendo expresamente en la categoría a los partiditos de izquierda, pues los problemas de nuestro país se deben a la falta de participación y control populares en el proceso político e institucional.
Sobre los partiditos de izquierda hay que decir que cuando más recitan a Lenin, más se delatan: nada hay más reaccionario que el centralismo democrático, que es la receta con la que las pequeñas elites pequeño-burguesas que los conforman esconden su carencia de masas.
La gente no es estúpida, a pesar de lo que tozudamente creen todos estos conservadores.
Pocos acompañarán a un proyecto cuya naturaleza es excluyente y que se encuentra más atrasado que los de los colorados en su conformación institucional, para no hablar ya de programas.
Pocos se arriesgarían a tirar su voto en una figura muy popular, como es la de Lugo, que simplemente está sirviendo de pantalla, excusa y máscara al más viejo y más repulsivo modo de hacer política que haya sufrido nuestro país, el que se cocina entre cuatro paredes, entre gallos y media noche, a espaldas del pueblo y, en realidad, en contra del pueblo, por eso necesitan justamente oscuridad.
Este proyecto de Lugo nace torcido, nace mal. Detrás de él no viene una mayor apertura ni, clarísimamente, una mayor participación popular. Lo que viene con él es una reedición del estigarribismo, aquel otro proyecto mesiánico que en 1940 cimentó la larga noche autoritaria del Paraguay.
*Publicado en La Nación de Asunción el 8 de agosto de 2007
La virtual disolución de la Concertación opositora es el resultado lógico de la intención de muchos de sus dirigentes de imponer de facto la así llamada "chapa" presidencial, sin cumplir con el requerimiento de la participación popular en el proceso de nominación de candidatos.
En esta amarga historia no hay inocentes, lamentablemente.
El primero que puso peros a la elección directa del candidato fue Pedro Fadul y hay versiones que hablan de que su actual disgusto no tiene que ver con la reivindicación democrática del voto directo, la que lo enaltecería, sino con la negociación de un espacio en una "encuesta".
Los señores de la izquierda, que se llenan la boca hablando en nombre del pueblo, se negaron en redondo a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que ordenan que el pueblo sea el que directamente determine las candidaturas.
Y el oficialismo liberal, que tiene un proyecto todavía más grave de atacar legislativamente el "voto directo" en el futuro, no dudó en abrazarse a estas oportunidades generadas por Fadul y la izquierda para dar él mismo el zarpazo, sin consultar con la gente.
Si la candidatura de Lugo es expresión de esa clase de actitudes, las que a su vez expresan la ideología radicalmente conservadora de restringir la participación popular en el proceso político, es mejor que se quede en su casa, pues le votarán solamente los anticolorados recalcitrantes, esos que creen que el fin justifica los medios y que lo que quieren, en realidad, es estar ellos en la posición que ahora critican por mero oportunismo.
El cambio no vendrá de la mano de estos conservadores, y nótese que estoy incluyendo expresamente en la categoría a los partiditos de izquierda, pues los problemas de nuestro país se deben a la falta de participación y control populares en el proceso político e institucional.
Sobre los partiditos de izquierda hay que decir que cuando más recitan a Lenin, más se delatan: nada hay más reaccionario que el centralismo democrático, que es la receta con la que las pequeñas elites pequeño-burguesas que los conforman esconden su carencia de masas.
La gente no es estúpida, a pesar de lo que tozudamente creen todos estos conservadores.
Pocos acompañarán a un proyecto cuya naturaleza es excluyente y que se encuentra más atrasado que los de los colorados en su conformación institucional, para no hablar ya de programas.
Pocos se arriesgarían a tirar su voto en una figura muy popular, como es la de Lugo, que simplemente está sirviendo de pantalla, excusa y máscara al más viejo y más repulsivo modo de hacer política que haya sufrido nuestro país, el que se cocina entre cuatro paredes, entre gallos y media noche, a espaldas del pueblo y, en realidad, en contra del pueblo, por eso necesitan justamente oscuridad.
Este proyecto de Lugo nace torcido, nace mal. Detrás de él no viene una mayor apertura ni, clarísimamente, una mayor participación popular. Lo que viene con él es una reedición del estigarribismo, aquel otro proyecto mesiánico que en 1940 cimentó la larga noche autoritaria del Paraguay.
*Publicado en La Nación de Asunción el 8 de agosto de 2007
La tentación conservadora*
Por Enrique Vargas Peña
Hay algunos políticos que quieren eliminar el poder de la gente de participar de la democracia a través del voto directo y exponen ejemplos europeos para pretextar la supuesta necesidad de volver al viejo sistema.
Arguyen gratuitamente que el voto directo es responsable de la política prebendaria que hunde al país y que el remedio a este mal es restaurar el poder de los autodenominados "hombres de partido".
El argumento de que hay que copiar lo que se hace en Europa solamente porque se hace en Europa ya se usó en nuestro país cuando Hitler, Mussolini, Franco, Salazar y Stalin dirigían dictatorialmente la vida política de ese continente.
Las dictaduras de Franco, Estigarribia y Morínigo son el resultado de aquella copia.En primer lugar es necesario recordar que Europa continental no es un dechado de democracia.
La democracia es relativamente nueva allí y en líneas generales, muchas democracias europeas sufren lastres corporativos contra los que los demócratas europeos vienen luchando desde hace por lo menos medio siglo.Los partidos europeos tradicionales no son instituciones abiertas o participativas.
Tomemos por caso el Partido Socialista Obrero Español, uno de los más antiguos de Europa.Esa organización está dirigida por un pequeño grupo de viejos políticos a quienes la opinión de los afiliados socialistas interesa poco o nada.
Se los denomina "los barones". Los demócratas del PSOE trabajaron por años para lograr la participación de los afiliados en las nominaciones del partido y lograron en establecer el voto directo en 1998.
Mediante ese mecanismo, en abril de ese año Josep Borrel fue elegido líder del partido y candidato del mismo para las siguientes elecciones generales.
Pero en junio de 1999, dando un golpe interno, los "barones" (en ese entonces eran José Bono, Manuel Chávez y Juan Carlos Rodríguez, entre otros) desmontaron la candidatura de Borrell, lo enviaron a un dorado exilio como presidente del Parlamento Europeo, lejos de España e impusieron en su lugar a José Luis Rodríguez Zapatero.
Ciertamente, Zapatero ganó luego las elecciones españolas de 2004, pero eso no modifica el hecho de que en su nominación los afiliados socialistas tuvieron poco que ver.
Algo peor hizo Silvio Berlusconi en Italia, donde mediante un auténtico golpe de Estado, eliminó, entre gallos y medianoche, el sistema uninominal mayoritario (aprobado en dos referendums populares) para satisfacción de todos los caciques políticos italianos que recuperaron así su capacidad directa de corrupción.
De manera que Europa no es ejemplo para la democracia paraguaya.
Y allí también el efecto de restringir la participación del pueblo en el proceso político es simplemente el aumento de la corrupción.
Lo que el proceso político paraguayo requiere no es volver al pasado sin voto directo, sino ampliar los controles populares sobre los políticos.
Además de voto directo, ahora es imperativo que muestren quién les paga las campañas y cómo lo hacen. Las prebendas no vienen por el voto directo sino, justamente, porque los políticos disponen de dinero, cargos y contratos públicos sin rendir cuentas.
*Publicado en La Nación de Asunción el 1 de agosto de 2007
Hay algunos políticos que quieren eliminar el poder de la gente de participar de la democracia a través del voto directo y exponen ejemplos europeos para pretextar la supuesta necesidad de volver al viejo sistema.
Arguyen gratuitamente que el voto directo es responsable de la política prebendaria que hunde al país y que el remedio a este mal es restaurar el poder de los autodenominados "hombres de partido".
El argumento de que hay que copiar lo que se hace en Europa solamente porque se hace en Europa ya se usó en nuestro país cuando Hitler, Mussolini, Franco, Salazar y Stalin dirigían dictatorialmente la vida política de ese continente.
Las dictaduras de Franco, Estigarribia y Morínigo son el resultado de aquella copia.En primer lugar es necesario recordar que Europa continental no es un dechado de democracia.
La democracia es relativamente nueva allí y en líneas generales, muchas democracias europeas sufren lastres corporativos contra los que los demócratas europeos vienen luchando desde hace por lo menos medio siglo.Los partidos europeos tradicionales no son instituciones abiertas o participativas.
Tomemos por caso el Partido Socialista Obrero Español, uno de los más antiguos de Europa.Esa organización está dirigida por un pequeño grupo de viejos políticos a quienes la opinión de los afiliados socialistas interesa poco o nada.
Se los denomina "los barones". Los demócratas del PSOE trabajaron por años para lograr la participación de los afiliados en las nominaciones del partido y lograron en establecer el voto directo en 1998.
Mediante ese mecanismo, en abril de ese año Josep Borrel fue elegido líder del partido y candidato del mismo para las siguientes elecciones generales.
Pero en junio de 1999, dando un golpe interno, los "barones" (en ese entonces eran José Bono, Manuel Chávez y Juan Carlos Rodríguez, entre otros) desmontaron la candidatura de Borrell, lo enviaron a un dorado exilio como presidente del Parlamento Europeo, lejos de España e impusieron en su lugar a José Luis Rodríguez Zapatero.
Ciertamente, Zapatero ganó luego las elecciones españolas de 2004, pero eso no modifica el hecho de que en su nominación los afiliados socialistas tuvieron poco que ver.
Algo peor hizo Silvio Berlusconi en Italia, donde mediante un auténtico golpe de Estado, eliminó, entre gallos y medianoche, el sistema uninominal mayoritario (aprobado en dos referendums populares) para satisfacción de todos los caciques políticos italianos que recuperaron así su capacidad directa de corrupción.
De manera que Europa no es ejemplo para la democracia paraguaya.
Y allí también el efecto de restringir la participación del pueblo en el proceso político es simplemente el aumento de la corrupción.
Lo que el proceso político paraguayo requiere no es volver al pasado sin voto directo, sino ampliar los controles populares sobre los políticos.
Además de voto directo, ahora es imperativo que muestren quién les paga las campañas y cómo lo hacen. Las prebendas no vienen por el voto directo sino, justamente, porque los políticos disponen de dinero, cargos y contratos públicos sin rendir cuentas.
*Publicado en La Nación de Asunción el 1 de agosto de 2007
sábado 13 de octubre de 2007
Agentes de Brasil*
Por Enrique Vargas Peña
En algunos canales de cable se puede observar estos días un aviso publicitario en el que se promociona a Panamá. Rubén Blades invita a visitar el país centroamericano después de ver enumeradas las razones por las que conviene hacerlo, entre las que se cuenta el turismo de compra.
Panamá se promociona y se promueve como centro regional para adquirir electrónica barata, como un país de reexportación de esta clase de productos.
Paraguay -los sucesivos gobiernos paraguayos desde 1989 hasta hoy-, en cambio, destruyó eso que era la única ventaja competitiva del país en la región, para satisfacer a sus amos brasileños.
Pocas veces en la historia del mundo ha ocurrido que el gobierno de un país sea el principal agente de su propia sumisión.
Solamente los partidos comunistas de Europa Oriental trabajaron en sus países como aquí trabaja el Partido Colorado para Brasil.
Los brasileños dijeron que el turismo de compra era pecado y estos gobiernos paraguayos se atropellaron para ver qué hacían para liquidar y condenar el turismo de compra.
Ayer tuve una breve conversación con Max Haber, presidente del Centro de Importadores, sobre las diferencias que están teniendo con la Unión Industrial, entidad que apoya la política brasileña de elevar el arancel externo común de Mercosur para terminar de convertirnos en una provincia económica brasileña.
Haber tiene muy claro el panorama: esta política no solamente perjudica a los consumidores paraguayos sin crear fuentes de trabajo, sino que, efectivamente, incrementa dramáticamente nuestra dependencia de la producción brasileña.
Sin embargo, a la hora de desarrollar las consecuencias de sus premisas, se detiene y no se anima a plantear el paso correcto, que es salir de Mercosur.
La excusa es que nuestra mediterraneidad nos condena a depender de Brasil y Argentina, razón por la que debemos resignarnos a la sumisión.
Hubo un tiempo en que los dirigentes de nuestro país no se rendían tan fácilmente. A la mediterraneidad se opone el principio articulador de la anterior política exterior paraguaya, la libre navegación de los ríos, vigente hasta que los entreguistas se hicieron cargo del gobierno. Al estrangulamiento argentino-brasileño se opone la amistad y la comunicación con Bolivia; al proteccionismo paulistano, los tratados de libre comercio, a las barreras contra Ciudad del Este, las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Pero nuestros dirigentes, gubernamentales y privados, han abdicado, están entregados, no quieren defender los intereses del Paraguay y prefieren defender los de Brasil o acostumbrarse a ellos.
El resultado, como se preveía desde los tiempos coloniales y por el que se hizo la Independencia Nacional, es el progresivo empobrecimiento de los paraguayos.
Mientras estos agentes de Brasil destruyen a nuestro país desde el gobierno, Panamá promociona como suyo lo que nosotros hacíamos mejor que nadie, y prospera sin pedir disculpas por intentar el camino a la riqueza.
*Publicado en La Nación de Asunción el 25 de julio de 2007
En algunos canales de cable se puede observar estos días un aviso publicitario en el que se promociona a Panamá. Rubén Blades invita a visitar el país centroamericano después de ver enumeradas las razones por las que conviene hacerlo, entre las que se cuenta el turismo de compra.
Panamá se promociona y se promueve como centro regional para adquirir electrónica barata, como un país de reexportación de esta clase de productos.
Paraguay -los sucesivos gobiernos paraguayos desde 1989 hasta hoy-, en cambio, destruyó eso que era la única ventaja competitiva del país en la región, para satisfacer a sus amos brasileños.
Pocas veces en la historia del mundo ha ocurrido que el gobierno de un país sea el principal agente de su propia sumisión.
Solamente los partidos comunistas de Europa Oriental trabajaron en sus países como aquí trabaja el Partido Colorado para Brasil.
Los brasileños dijeron que el turismo de compra era pecado y estos gobiernos paraguayos se atropellaron para ver qué hacían para liquidar y condenar el turismo de compra.
Ayer tuve una breve conversación con Max Haber, presidente del Centro de Importadores, sobre las diferencias que están teniendo con la Unión Industrial, entidad que apoya la política brasileña de elevar el arancel externo común de Mercosur para terminar de convertirnos en una provincia económica brasileña.
Haber tiene muy claro el panorama: esta política no solamente perjudica a los consumidores paraguayos sin crear fuentes de trabajo, sino que, efectivamente, incrementa dramáticamente nuestra dependencia de la producción brasileña.
Sin embargo, a la hora de desarrollar las consecuencias de sus premisas, se detiene y no se anima a plantear el paso correcto, que es salir de Mercosur.
La excusa es que nuestra mediterraneidad nos condena a depender de Brasil y Argentina, razón por la que debemos resignarnos a la sumisión.
Hubo un tiempo en que los dirigentes de nuestro país no se rendían tan fácilmente. A la mediterraneidad se opone el principio articulador de la anterior política exterior paraguaya, la libre navegación de los ríos, vigente hasta que los entreguistas se hicieron cargo del gobierno. Al estrangulamiento argentino-brasileño se opone la amistad y la comunicación con Bolivia; al proteccionismo paulistano, los tratados de libre comercio, a las barreras contra Ciudad del Este, las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Pero nuestros dirigentes, gubernamentales y privados, han abdicado, están entregados, no quieren defender los intereses del Paraguay y prefieren defender los de Brasil o acostumbrarse a ellos.
El resultado, como se preveía desde los tiempos coloniales y por el que se hizo la Independencia Nacional, es el progresivo empobrecimiento de los paraguayos.
Mientras estos agentes de Brasil destruyen a nuestro país desde el gobierno, Panamá promociona como suyo lo que nosotros hacíamos mejor que nadie, y prospera sin pedir disculpas por intentar el camino a la riqueza.
*Publicado en La Nación de Asunción el 25 de julio de 2007
José Fernando y la blasfemia*
Por Enrique Vargas Peña
Se publicó como gran noticia que José Fernando Duarte Penayo, hijo del presidente de la República, escribió unos poemas sobre lo que los católicos llaman "Inmaculada Concepción de María".
En ellos, el autor ironiza sobre el relato evangélico, lo cual movió a muchos a rasgarse las vestiduras y a condenarlo.Es indudable que el ejercicio de la práctica religiosa es un derecho que merece plena protección en una sociedad libre.
Nadie debe ser molestado, en manera alguna, por desarrollar su sistema de creencias y los cultos y ritos asociados a ella, con el único límite del derecho de terceros. Es decir, nadie puede alegar sus creencias para negar a otros el ejercicio de sus derechos.
Pero es evidente que la protección de la práctica religiosa no puede ni debe entenderse como un límite establecido al ejercicio de la libertad de expresión.
En las sociedades libres, la libertad de expresión es superior a la protección de las prácticas religiosas, por la sencilla y contundente razón de que sin libre expresión no hay sociedad libre.
De hecho, la propia manifestación de la fe religiosa es solamente una forma de ejercicio de la libertad de expresión.
Lo que esto quiere decir, para entender cabalmente todo el cuadro, es que nadie puede ser personalmente insultado por ejercer una práctica religiosa ("el que reza es un imbécil", por ejemplo) o agredido ("si rezas te pego", por ejemplo), pero nadie puede ser castigado por discutir o criticar una creencia ("el dogma de la Trinidad es absurdo", por ejemplo).
La protección de la práctica religiosa es una garantía derivada del derecho a la libertad, que la Constitución paraguaya reconoce en su artículo noveno.
Al proteger la práctica religiosa, se resguarda el derecho de cada persona a creer lo que mejor le parezca.
Sin embargo, los religiosos, los creyentes, no comprenden ni aceptan que sus puntos de vista son apenas eso, unos puntos de vista entre muchísimos puntos de vista, y pretenden que se los acepte como verdad absoluta.
Para hacerlo, deben impedir que se los discuta, que se los critique, que se dude de ellos, para lo que exigen el auxilio de la fuerza coercitiva del Estado.
Esta es la razón por la que desde que el emperador Teodosio ordenó, en 381, definir como agravio y ultraje contrario a la razón, en el código penal, cualquier palabra contra el Dios de los cristianos, su Virgen, sus Santos y su Iglesia, fue durante siglos un delito criticar la religión: el delito de blasfemia.
Pero las religiones tienen cosas criticables, discutibles y dudosas. Muchas cosas.Voltaire (1694-1778), cuyo Diccionario Filosófico (1764) debería ser más conocido en Paraguay, hizo del sarcasmo sobre las innumerables contradicciones que hay en la Biblia el instrumento principal para demoler al tiránico régimen que con apoyo de la Iglesia Católica oprimía a los franceses.
El sarcasmo sobre la religión fue esencial para establecer la libertad en Occidente.
Hoy mismo, hay profesionales médicos, por ejemplo, que alienados por la religión, quieren matar gente por la calle (atentados fallidos en Gran Bretaña) como lo hacen los religiosos de Al Qaeda (atentados del 11 de setiembre de 2001), porque en el mundo islámico no hubo todavía un Voltaire que pusiera en evidencia la montaña de crueles absurdos que hay en el Corán.
Si a alguien le parece ridícula la historia de una deidad que necesita disfrazarse de paloma para inseminar a una virgen para concebirse a sí misma, tiene derecho a decirlo y la diferencia entre una sociedad libre y otra que no lo es, es que lo pueda decir sin riesgo.
Si no lo puede hacer, nada nos diferencia del oscurantismo iraní.
*Publicado en La Nación de Asunción el 4 de julio de 2007
Se publicó como gran noticia que José Fernando Duarte Penayo, hijo del presidente de la República, escribió unos poemas sobre lo que los católicos llaman "Inmaculada Concepción de María".
En ellos, el autor ironiza sobre el relato evangélico, lo cual movió a muchos a rasgarse las vestiduras y a condenarlo.Es indudable que el ejercicio de la práctica religiosa es un derecho que merece plena protección en una sociedad libre.
Nadie debe ser molestado, en manera alguna, por desarrollar su sistema de creencias y los cultos y ritos asociados a ella, con el único límite del derecho de terceros. Es decir, nadie puede alegar sus creencias para negar a otros el ejercicio de sus derechos.
Pero es evidente que la protección de la práctica religiosa no puede ni debe entenderse como un límite establecido al ejercicio de la libertad de expresión.
En las sociedades libres, la libertad de expresión es superior a la protección de las prácticas religiosas, por la sencilla y contundente razón de que sin libre expresión no hay sociedad libre.
De hecho, la propia manifestación de la fe religiosa es solamente una forma de ejercicio de la libertad de expresión.
Lo que esto quiere decir, para entender cabalmente todo el cuadro, es que nadie puede ser personalmente insultado por ejercer una práctica religiosa ("el que reza es un imbécil", por ejemplo) o agredido ("si rezas te pego", por ejemplo), pero nadie puede ser castigado por discutir o criticar una creencia ("el dogma de la Trinidad es absurdo", por ejemplo).
La protección de la práctica religiosa es una garantía derivada del derecho a la libertad, que la Constitución paraguaya reconoce en su artículo noveno.
Al proteger la práctica religiosa, se resguarda el derecho de cada persona a creer lo que mejor le parezca.
Sin embargo, los religiosos, los creyentes, no comprenden ni aceptan que sus puntos de vista son apenas eso, unos puntos de vista entre muchísimos puntos de vista, y pretenden que se los acepte como verdad absoluta.
Para hacerlo, deben impedir que se los discuta, que se los critique, que se dude de ellos, para lo que exigen el auxilio de la fuerza coercitiva del Estado.
Esta es la razón por la que desde que el emperador Teodosio ordenó, en 381, definir como agravio y ultraje contrario a la razón, en el código penal, cualquier palabra contra el Dios de los cristianos, su Virgen, sus Santos y su Iglesia, fue durante siglos un delito criticar la religión: el delito de blasfemia.
Pero las religiones tienen cosas criticables, discutibles y dudosas. Muchas cosas.Voltaire (1694-1778), cuyo Diccionario Filosófico (1764) debería ser más conocido en Paraguay, hizo del sarcasmo sobre las innumerables contradicciones que hay en la Biblia el instrumento principal para demoler al tiránico régimen que con apoyo de la Iglesia Católica oprimía a los franceses.
El sarcasmo sobre la religión fue esencial para establecer la libertad en Occidente.
Hoy mismo, hay profesionales médicos, por ejemplo, que alienados por la religión, quieren matar gente por la calle (atentados fallidos en Gran Bretaña) como lo hacen los religiosos de Al Qaeda (atentados del 11 de setiembre de 2001), porque en el mundo islámico no hubo todavía un Voltaire que pusiera en evidencia la montaña de crueles absurdos que hay en el Corán.
Si a alguien le parece ridícula la historia de una deidad que necesita disfrazarse de paloma para inseminar a una virgen para concebirse a sí misma, tiene derecho a decirlo y la diferencia entre una sociedad libre y otra que no lo es, es que lo pueda decir sin riesgo.
Si no lo puede hacer, nada nos diferencia del oscurantismo iraní.
*Publicado en La Nación de Asunción el 4 de julio de 2007
Los pactos con Nicanor*
Por Enrique Vargas Peña
Las reglas de un Estado de Derecho se diseñan en el entendimiento de que todos están de acuerdo en cumplirlas pero solo cuando se diseñan muy bien ellas tienen previsiones para los casos en que haya gente que no quiera cumplirlas.
Lamentablemente, este último no es el caso de nuestro país, donde los constituyentes y legisladores no previeron en toda su magnitud posible la irrupción en la vida pública de un grupo de inescrupulosos como el que encabeza y dirige Nicanor Duarte Frutos.
La vocación por la trampa, la triquiñuela y la astucia del nicanorismo es antológica desde 1997; su decisión a recurrir a la fuerza para imponerse es evidente desde 1999 y su incumplimiento de la Constitución es recurrente desde 2003.
El grupo de Nicanor Duarte Frutos pasará a la historia como el que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a buscar intérpretes estrafalarios de la ley que le proporcionasen provecho particular y en ese camino está desquiciando la vida institucional con el mismo efecto de un golpe de Estado.
Y también como el grupo que más obsecuentes promovió a puestos claves del Estado para operar impunemente ante la deliberada quietud de funcionarios obligados a actuar en defensa de la sociedad, especialmente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.
Esa es la razón por la que Víctor Bogado puede tratar de impedir por la fuerza el funcionamiento de un órgano constitucional del Estado: sabe que ningún fiscal lo procesará, sabe que ningún juez lo condenará.
Es la misma razón por la que Magdaleno Silva puede romper tranquilamente micrófonos de propiedad pública o Julio Colmán esconder elementos de la Cámara de Diputados.
Cuando los fiscales y los jueces encargados de frenar estos abusos, y otros muchos más graves ocurridos antes, son en realidad cómplices y promotores de ellos, la sociedad debe comprender que está en serios problemas y que debe dar pasos firmes para preservar su libertad y su seguridad.
La nominación de fiscales y jueces, y la integración de los órganos encargados de hacerlo y de vigilarlos (Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) tienen, pues, en nuestro país, con un diseño institucional que no previó suficientemente el efecto de grupos como el nicanorismo, una importancia mucho mayor que la que tendría en cualquier país normal.
Por eso es que cualquier pacto con Nicanor Duarte Frutos de las fuerzas votadas como opositoras en el Congreso, que tienen en nuestro país la misión fundamental de suplir con acciones políticas las falencias del diseño constitucional, es en verdad un ataque grave a la libertad y a la seguridad del pueblo paraguayo.
Después de cuatro años de ejercicio del poder, nadie puede decir que no sabe cómo actúa Nicanor o lo que busca o que le sorprende en su buena fe.
Pactar con Duarte Frutos supone sacrificar los resguardos centrales de nuestros derechos en aras a prebendas, pues en eso convierte el presidente de la República todo lo que concede en virtud de esos acuerdos.
Incluso una eventual amnistía a Oviedo, con todo lo necesaria que es, si resulta de un pacto con Duarte Frutos, no será más que otro paso del presidente hacia la destrucción de la ya muy debilitada democracia paraguaya.
*Publicado en La Nación de Asunción el 27 de junio de 2007
Las reglas de un Estado de Derecho se diseñan en el entendimiento de que todos están de acuerdo en cumplirlas pero solo cuando se diseñan muy bien ellas tienen previsiones para los casos en que haya gente que no quiera cumplirlas.
Lamentablemente, este último no es el caso de nuestro país, donde los constituyentes y legisladores no previeron en toda su magnitud posible la irrupción en la vida pública de un grupo de inescrupulosos como el que encabeza y dirige Nicanor Duarte Frutos.
La vocación por la trampa, la triquiñuela y la astucia del nicanorismo es antológica desde 1997; su decisión a recurrir a la fuerza para imponerse es evidente desde 1999 y su incumplimiento de la Constitución es recurrente desde 2003.
El grupo de Nicanor Duarte Frutos pasará a la historia como el que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a buscar intérpretes estrafalarios de la ley que le proporcionasen provecho particular y en ese camino está desquiciando la vida institucional con el mismo efecto de un golpe de Estado.
Y también como el grupo que más obsecuentes promovió a puestos claves del Estado para operar impunemente ante la deliberada quietud de funcionarios obligados a actuar en defensa de la sociedad, especialmente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.
Esa es la razón por la que Víctor Bogado puede tratar de impedir por la fuerza el funcionamiento de un órgano constitucional del Estado: sabe que ningún fiscal lo procesará, sabe que ningún juez lo condenará.
Es la misma razón por la que Magdaleno Silva puede romper tranquilamente micrófonos de propiedad pública o Julio Colmán esconder elementos de la Cámara de Diputados.
Cuando los fiscales y los jueces encargados de frenar estos abusos, y otros muchos más graves ocurridos antes, son en realidad cómplices y promotores de ellos, la sociedad debe comprender que está en serios problemas y que debe dar pasos firmes para preservar su libertad y su seguridad.
La nominación de fiscales y jueces, y la integración de los órganos encargados de hacerlo y de vigilarlos (Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) tienen, pues, en nuestro país, con un diseño institucional que no previó suficientemente el efecto de grupos como el nicanorismo, una importancia mucho mayor que la que tendría en cualquier país normal.
Por eso es que cualquier pacto con Nicanor Duarte Frutos de las fuerzas votadas como opositoras en el Congreso, que tienen en nuestro país la misión fundamental de suplir con acciones políticas las falencias del diseño constitucional, es en verdad un ataque grave a la libertad y a la seguridad del pueblo paraguayo.
Después de cuatro años de ejercicio del poder, nadie puede decir que no sabe cómo actúa Nicanor o lo que busca o que le sorprende en su buena fe.
Pactar con Duarte Frutos supone sacrificar los resguardos centrales de nuestros derechos en aras a prebendas, pues en eso convierte el presidente de la República todo lo que concede en virtud de esos acuerdos.
Incluso una eventual amnistía a Oviedo, con todo lo necesaria que es, si resulta de un pacto con Duarte Frutos, no será más que otro paso del presidente hacia la destrucción de la ya muy debilitada democracia paraguaya.
*Publicado en La Nación de Asunción el 27 de junio de 2007
Izquierda autoritaria*
Por Enrique Vargas Peña
Las sociedades tienen enemigos internos. Los códigos penales del mundo entero, y a través de toda la historia, definen al enemigo interno como aquel que trabaja para destruir la independencia de su propia nación.
Se conoce al enemigo interno con el nombre de traidor.En un caso de guerra internacional es relativamente fácil definir y encontrar al traidor: el que trabaja para favorecer al enemigo es un traidor, un enemigo interno.
En tiempos de paz la cosa no es tan simple, desde que no existe formalmente un enemigo externo. El que trabaja para otro país en tiempo de paz nonecesariamente es un traidor y muchas veces puede llegar a ser un verdadero patriota.
Hubo un tiempo, sin embargo, durante el cual la paz en la superficie encubría hostilidades en la profundidad. Durante la llamada "guerra fría" (1945-1991), la definición de la traición no fue adecuadamente ajustada a la brutal sutileza de la situación.
No tanto en la ahora desaparecida Unión Soviética o en Estados Unidos, que son los que se enfrentaron directamente en esa extraña contienda, y que sabían claramente que el otro era el enemigo, sino en nuestros países, que fueron el tablero en el que se jugó esa extraordinaria partida de ajedrez.
En aquellos días, en nuestros países era verdaderamente complicado definir la traición, encontrar al enemigo interno con precisión y justicia.
Pero Estados Unidos alentó a los ejércitos de América Latina -no a los poderes constitucionales- a resolver la espinosa cuestión no en base al interés nacional de cada uno de nuestros países, sino en consideración a la mayor o menor aproximación a determinada idea.
Cuanto más próximo estaba un individuo a esa idea más se arriesgaba a ser considerado como enemigo interno.
No era solamente una posible acción armada lo que consideraba la "Doctrina de Seguridad Nacional", sino principalmente la profesión de ideas. La doctrina consideraba a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas y privilegiaba el concepto de "guerra interna" sobre el diferente de "guerra civil".
La identificación del enemigo fue convertida en algo subjetivo, y cualquier movimiento con algún componente reivindicativo podía ser identificado como enemigo interno.
Eso es lo que se ensañaba a los ejércitos de América Latina en la tristemente célebre "Escuela de las Américas" en Panamá.
Los resultados fueron sesenta años de autoritarismo, de desquicio institucional, de injusticia, de corrupción y de pobreza que, paradójicamente, no hicieron más que fortalecer a lo que se decía combatir.
Muchos latinoamericanos creíamos que el bochornoso final de la dictadura argentina (1976-1983), había sido también el final de la "Doctrina de Seguridad Nacional" y de hecho pareció durante los siguientes veinte años que las trágicas historias de reprimidos por pensar diferente al comandante militar de turno habían terminado.
Hasta que el coronel Hugo Chávez, capitán general del ejército venezolano, volvió a hablar de enemigos internos y a considerar que los que no piensan como él son traidores y a tratarlos como tales.
Evo Morales terminó de sacarnos del error el pasado 15 de junio en la facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción: su discurso sobre los enemigos internos confirma que la izquierda chavista utiliza el mismo esquema de la "Doctrina de Seguridad Nacional".
La izquierda chavista paraguaya, que ya justificó el cierre de un medio de comunicación opositor en Venezuela, aplaudió mucho ese discurso y debe aclarar por qué ella se siente con derecho a usar las perversas premisas de la "Doctrina de Seguridad Nacional".
*Publicado en La Nación de Asunción el 20 de junio de 2007
Las sociedades tienen enemigos internos. Los códigos penales del mundo entero, y a través de toda la historia, definen al enemigo interno como aquel que trabaja para destruir la independencia de su propia nación.
Se conoce al enemigo interno con el nombre de traidor.En un caso de guerra internacional es relativamente fácil definir y encontrar al traidor: el que trabaja para favorecer al enemigo es un traidor, un enemigo interno.
En tiempos de paz la cosa no es tan simple, desde que no existe formalmente un enemigo externo. El que trabaja para otro país en tiempo de paz nonecesariamente es un traidor y muchas veces puede llegar a ser un verdadero patriota.
Hubo un tiempo, sin embargo, durante el cual la paz en la superficie encubría hostilidades en la profundidad. Durante la llamada "guerra fría" (1945-1991), la definición de la traición no fue adecuadamente ajustada a la brutal sutileza de la situación.
No tanto en la ahora desaparecida Unión Soviética o en Estados Unidos, que son los que se enfrentaron directamente en esa extraña contienda, y que sabían claramente que el otro era el enemigo, sino en nuestros países, que fueron el tablero en el que se jugó esa extraordinaria partida de ajedrez.
En aquellos días, en nuestros países era verdaderamente complicado definir la traición, encontrar al enemigo interno con precisión y justicia.
Pero Estados Unidos alentó a los ejércitos de América Latina -no a los poderes constitucionales- a resolver la espinosa cuestión no en base al interés nacional de cada uno de nuestros países, sino en consideración a la mayor o menor aproximación a determinada idea.
Cuanto más próximo estaba un individuo a esa idea más se arriesgaba a ser considerado como enemigo interno.
No era solamente una posible acción armada lo que consideraba la "Doctrina de Seguridad Nacional", sino principalmente la profesión de ideas. La doctrina consideraba a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas y privilegiaba el concepto de "guerra interna" sobre el diferente de "guerra civil".
La identificación del enemigo fue convertida en algo subjetivo, y cualquier movimiento con algún componente reivindicativo podía ser identificado como enemigo interno.
Eso es lo que se ensañaba a los ejércitos de América Latina en la tristemente célebre "Escuela de las Américas" en Panamá.
Los resultados fueron sesenta años de autoritarismo, de desquicio institucional, de injusticia, de corrupción y de pobreza que, paradójicamente, no hicieron más que fortalecer a lo que se decía combatir.
Muchos latinoamericanos creíamos que el bochornoso final de la dictadura argentina (1976-1983), había sido también el final de la "Doctrina de Seguridad Nacional" y de hecho pareció durante los siguientes veinte años que las trágicas historias de reprimidos por pensar diferente al comandante militar de turno habían terminado.
Hasta que el coronel Hugo Chávez, capitán general del ejército venezolano, volvió a hablar de enemigos internos y a considerar que los que no piensan como él son traidores y a tratarlos como tales.
Evo Morales terminó de sacarnos del error el pasado 15 de junio en la facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción: su discurso sobre los enemigos internos confirma que la izquierda chavista utiliza el mismo esquema de la "Doctrina de Seguridad Nacional".
La izquierda chavista paraguaya, que ya justificó el cierre de un medio de comunicación opositor en Venezuela, aplaudió mucho ese discurso y debe aclarar por qué ella se siente con derecho a usar las perversas premisas de la "Doctrina de Seguridad Nacional".
*Publicado en La Nación de Asunción el 20 de junio de 2007
Indigno comandante en jefe*
Por Enrique Vargas Peña
En su discurso recordatorio del armisticio del 12 de junio de 1935, el presidente Duarte Frutos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, humilló gratuitamente a los combatientes del Chaco, al decir que pelearon y murieron en una guerra absurda.
Treinta mil paraguayos yacen en las silentes llanuras chaqueñas, compatriotas que creyeron que la causa nacional valía más que sus propias vidas.Ahora Duarte Frutos les dice a ellos, a sus descendientes y a nosotros que su sacrificio no tuvo sentido, que fue disparatado.
Unos doscientos cincuenta mil paraguayos tomaron las armas para combatir por el Chaco creyendo que era necesario arriesgar sus pellejos, pero ahora Duarte Frutos les dice, y nos dice, que lo que hicieron fue irracional, incluso extravagante.
Hay que hacer un gran esfuerzo para no devolverle a Duarte Frutos ese insulto procaz pero, aunque se merece una o dos trompadas en la nariz, pues ese es su nivel, es mejor exponer la magnitud de su ignorancia y mostrar que es indigno del cargo de comandante en jefe.
Ciertamente, toda guerra es el resultado del choque de numerosos intereses, entre los que indudablemente se cuentan los intereses económicos.
De hecho, incluso la Independencia Nacional tiene el componente de los intereses económicos: nuestro Paraguay se independizó para que nuestra producción no terminara haciendo millonarios a los españoles o a los porteños.
Absurdo hubiera sido seguir siendo provincia, como pretenden hoy Duarte Frutos y sus cómplices al mantenernos en Mercosur.
Y en la Guerra por el Chaco sí actuaron intereses económicos, tal vez los de la Standard Oil (Esso) a favor de Bolivia, pues probablemente el gobierno boliviano les garantizaba condiciones más favorables que Paraguay.
Sin embargo, para cualquier persona que haya leído aunque sea mínima y superficialmente nuestra historia, es evidente que esos intereses actuaron aprovechando un conflicto preexistente que ellos no generaron (la Standard Oil empezó sus operaciones en Bolivia en 1924).
Bolivia inició su ocupación del Chaco como resultado de su derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1884), con el objetivo geopolítico de reemplazar su perdido litoral marítimo por una salida al Atlántico.
El avance boliviano fue considerado por Paraguay como una agresión y era una agresión, desde que los títulos sobre ese inmenso territorio eran y son paraguayos, de un modo tan obvio que constituyeron la base del famoso laudo arbitral del presidente de Estados Unidos, Rutherford B. Hayes (1877-1881), que impidió a Argentina, el 12 de noviembre de 1878, hacer lo que Bolivia estaba intentando.
Para Nicanor Duarte Frutos, la defensa de esos títulos, la defensa de nuestro derecho en el Chaco, es absurda y es consecuencia de las malas intenciones del capitalismo.
El socialista Duarte Frutos no hubiera, pues, defendido el Chaco, en el nombre del internacionalismo proletario, y lo hubiera entregado bolivarianamente a Bolivia, así como ahora está entregando la soberanía nacional por las limosnas que recibe de Itaipú.
Duarte Frutos no es, pues, digno de ejercer el cargo que con tanto valor y con tanto éxito desempeñaron Eusebio Ayala y José Félix Estigarribia, comandantes en serio del pueblo paraguayo en armas.
*Publicado en La Nación de asunción el 13 de junio de 2007
En su discurso recordatorio del armisticio del 12 de junio de 1935, el presidente Duarte Frutos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, humilló gratuitamente a los combatientes del Chaco, al decir que pelearon y murieron en una guerra absurda.
Treinta mil paraguayos yacen en las silentes llanuras chaqueñas, compatriotas que creyeron que la causa nacional valía más que sus propias vidas.Ahora Duarte Frutos les dice a ellos, a sus descendientes y a nosotros que su sacrificio no tuvo sentido, que fue disparatado.
Unos doscientos cincuenta mil paraguayos tomaron las armas para combatir por el Chaco creyendo que era necesario arriesgar sus pellejos, pero ahora Duarte Frutos les dice, y nos dice, que lo que hicieron fue irracional, incluso extravagante.
Hay que hacer un gran esfuerzo para no devolverle a Duarte Frutos ese insulto procaz pero, aunque se merece una o dos trompadas en la nariz, pues ese es su nivel, es mejor exponer la magnitud de su ignorancia y mostrar que es indigno del cargo de comandante en jefe.
Ciertamente, toda guerra es el resultado del choque de numerosos intereses, entre los que indudablemente se cuentan los intereses económicos.
De hecho, incluso la Independencia Nacional tiene el componente de los intereses económicos: nuestro Paraguay se independizó para que nuestra producción no terminara haciendo millonarios a los españoles o a los porteños.
Absurdo hubiera sido seguir siendo provincia, como pretenden hoy Duarte Frutos y sus cómplices al mantenernos en Mercosur.
Y en la Guerra por el Chaco sí actuaron intereses económicos, tal vez los de la Standard Oil (Esso) a favor de Bolivia, pues probablemente el gobierno boliviano les garantizaba condiciones más favorables que Paraguay.
Sin embargo, para cualquier persona que haya leído aunque sea mínima y superficialmente nuestra historia, es evidente que esos intereses actuaron aprovechando un conflicto preexistente que ellos no generaron (la Standard Oil empezó sus operaciones en Bolivia en 1924).
Bolivia inició su ocupación del Chaco como resultado de su derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1884), con el objetivo geopolítico de reemplazar su perdido litoral marítimo por una salida al Atlántico.
El avance boliviano fue considerado por Paraguay como una agresión y era una agresión, desde que los títulos sobre ese inmenso territorio eran y son paraguayos, de un modo tan obvio que constituyeron la base del famoso laudo arbitral del presidente de Estados Unidos, Rutherford B. Hayes (1877-1881), que impidió a Argentina, el 12 de noviembre de 1878, hacer lo que Bolivia estaba intentando.
Para Nicanor Duarte Frutos, la defensa de esos títulos, la defensa de nuestro derecho en el Chaco, es absurda y es consecuencia de las malas intenciones del capitalismo.
El socialista Duarte Frutos no hubiera, pues, defendido el Chaco, en el nombre del internacionalismo proletario, y lo hubiera entregado bolivarianamente a Bolivia, así como ahora está entregando la soberanía nacional por las limosnas que recibe de Itaipú.
Duarte Frutos no es, pues, digno de ejercer el cargo que con tanto valor y con tanto éxito desempeñaron Eusebio Ayala y José Félix Estigarribia, comandantes en serio del pueblo paraguayo en armas.
*Publicado en La Nación de asunción el 13 de junio de 2007
Persecución política*
Por Enrique Vargas Peña
En cada campaña electoral interna del Partido Colorado, desde que empezó la transición, escuchamos que el oficialismo de turno utiliza al Estado como elemento de presión, despidiendo a los funcionarios que no se allanen a apoyarlo.
Todos sabemos que esto es incorrecto desde que el Estado debe permanecer neutro en las disputas políticas, pero es necesario entender por qué ocurre.Los colorados despiden a los disidentes porque los contratan para lograr su lealtad.
El Estado es el aglutinador del Partido Colorado que, sin el Estado, correrá la misma suerte que el Partido Revolucionario Institucional de México: la desintegración.Esto no es ventaja alguna para los republicanos, es la espada de Damocles que pende sobre ellos y es la consecuencia del vaciamiento ideológico que sufrió la Asociación Nacional Republicana a partir de su elevación al poder.
Paradójicamente, el vaciamiento es consecuencia de esta política. Conquistado el poder y empecinado a conservarlo a cualquier costo, el Partido Colorado encontró mucho más fácil regalar cargos y contratos que elaborar ideas y planes para generar una base de sustento social.
Los grandes partidos democráticos logran la adhesión de la gente en base a sus ideas, el coloradismo en base a sus prebendas.Y como en un círculo vicioso, un partido sin ideología y sin programa no tiene otra cosa que hacer ni ofrecer que prometer cargos y contratos públicos y repartirlos.
Solamente que ahora se ha llegado ya al final del camino, las prebendas del coloradismo ya no las puede seguir pagando el país, que por ellas está empantanado hace veinte años.El esfuerzo del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, si se resumen todos sus años de gobierno, ha sido tratar de encontrar modos de financiar el programa prebendario del Partido Colorado.
Más aún que en los nombramientos, la política sectaria del presidente puede verse en la Hacienda, en cómo ha asignado los mayores recursos que tiene en tratar de asegurar algunas lealtades políticas.
Es decir, hemos llegado al punto en que la ANR se ha convertido en un problema, pues su permanencia en el poder depende de impedir las soluciones que el país requiere.
El drama de la dirigencia colorada es que no sabe, ni imagina, cómo salir del atolladero y prefiere seguir cargando sobre el país entero el costo de esa ignorancia con la esperanza de que suceda algún milagro, los royalties de las binacionales tal vez, que les permita seguir cargando funcionarios-operadores al presupuesto general de gastos.
Pero el país no da para más y los royalties solamente postergarán un derrumbe inevitable, pues los sistemas políticos mucho mejor dotados de recursos, como el anterior régimen venezolano por ejemplo, cayeron de cualquier manera sin que el exceso de dólares haya evitado el desastr
*Publicado en La Nación de Asunción el 6 de junio e 2007
En cada campaña electoral interna del Partido Colorado, desde que empezó la transición, escuchamos que el oficialismo de turno utiliza al Estado como elemento de presión, despidiendo a los funcionarios que no se allanen a apoyarlo.
Todos sabemos que esto es incorrecto desde que el Estado debe permanecer neutro en las disputas políticas, pero es necesario entender por qué ocurre.Los colorados despiden a los disidentes porque los contratan para lograr su lealtad.
El Estado es el aglutinador del Partido Colorado que, sin el Estado, correrá la misma suerte que el Partido Revolucionario Institucional de México: la desintegración.Esto no es ventaja alguna para los republicanos, es la espada de Damocles que pende sobre ellos y es la consecuencia del vaciamiento ideológico que sufrió la Asociación Nacional Republicana a partir de su elevación al poder.
Paradójicamente, el vaciamiento es consecuencia de esta política. Conquistado el poder y empecinado a conservarlo a cualquier costo, el Partido Colorado encontró mucho más fácil regalar cargos y contratos que elaborar ideas y planes para generar una base de sustento social.
Los grandes partidos democráticos logran la adhesión de la gente en base a sus ideas, el coloradismo en base a sus prebendas.Y como en un círculo vicioso, un partido sin ideología y sin programa no tiene otra cosa que hacer ni ofrecer que prometer cargos y contratos públicos y repartirlos.
Solamente que ahora se ha llegado ya al final del camino, las prebendas del coloradismo ya no las puede seguir pagando el país, que por ellas está empantanado hace veinte años.El esfuerzo del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, si se resumen todos sus años de gobierno, ha sido tratar de encontrar modos de financiar el programa prebendario del Partido Colorado.
Más aún que en los nombramientos, la política sectaria del presidente puede verse en la Hacienda, en cómo ha asignado los mayores recursos que tiene en tratar de asegurar algunas lealtades políticas.
Es decir, hemos llegado al punto en que la ANR se ha convertido en un problema, pues su permanencia en el poder depende de impedir las soluciones que el país requiere.
El drama de la dirigencia colorada es que no sabe, ni imagina, cómo salir del atolladero y prefiere seguir cargando sobre el país entero el costo de esa ignorancia con la esperanza de que suceda algún milagro, los royalties de las binacionales tal vez, que les permita seguir cargando funcionarios-operadores al presupuesto general de gastos.
Pero el país no da para más y los royalties solamente postergarán un derrumbe inevitable, pues los sistemas políticos mucho mejor dotados de recursos, como el anterior régimen venezolano por ejemplo, cayeron de cualquier manera sin que el exceso de dólares haya evitado el desastr
*Publicado en La Nación de Asunción el 6 de junio e 2007
Partidarios de la Edad Media*
Por Enrique Vargas Peña
Los libros cristianos de historia denominan "Edad Media" al período de tiempo transcurrido entre la destitución del emperador romano de Occidente Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo y la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en manos de los turcos, en 1453.
Los historiadores clásicos, en cambio, denominan a ese período "Edad del Oscurantismo" y lo sitúan, en líneas generales, entre el advenimiento del emperador Diocleciano al poder, en el año 284 después de Cristo, y la caída de Constantinopla.
La definición de los historiadores clásicos es, ciertamente, mucho más rigurosa que la de los cristianos, pues las bases económicas de la Edad del Oscurantismo fueron diseñadas por Diocleciano y santificadas luego y convertidas en la prescripción cristiana para la economía por Constantino (emperador desde 306 a 337).Como se sabe, Diocleciano veía en la emigración del campo a las ciudades una fuente de inestabilidad política y de precios, y estaba muy decidido a desalentarla, buscando asegurar que el agricultor se autoabastezca.
No encontró otra manera de alcanzar sus fines que decretar que los campesinos ya no podrían abandonar las tierras que trabajaban. En el establecimiento de la "iugatio-capitatio", nuevo sistema fiscal, en 296 después de Cristo, se convirtió de un plumazo a los hombres libres en esclavos de la tierra, con el argumento de que el autoconsumo era más importante que la producción.
Desde el punto de vista de la condición jurídica del ser humano, ese año comenzó realmente la Edad del Oscurantismo.
Esto viene a cuento de las declaraciones de algunos doctrinarios de izquierda (Tomás Palau, presidente de la organización Base de Investigaciones Sociales y David Cardozo, gerente de programas de Biodiversidad de Sobrevivencia Amigos de la Tierra-Paraguay), referidas al etanol y publicadas el domingo pasado en nuestro diario.
Dijo Palau que "la producción (de etanol) va a hacerse en tierras hoy habitadas por indígenas y campesinos, que serán expulsados y emigrarán a las ciudades, con los problemas sociales que ya conocemos".
Y agregó que "la producción del etanol competirá con tierras que se destinan a la producción de alimentos, por eso es de esperar que los precios de los alimentos vayan en aumento".
Cardozo, por su parte, dijo que debido al etanol "muchos campesinos e indígenas se van a ver obligados a vender o rentar sus tierras, eso significa la pérdida de la soberanía alimentaria, la pérdida de la comida. El pequeño agricultor que cultivaba para su sustento se ve amenazado de perder su comida principalmente".
Palau y Cardozo, por supuesto, no son originales, sino que presentan simplemente el argumento que desarrolló el dictador cubano Fidel Castro el pasado 29 de marzo de 2007 en las páginas de "Granma", órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en contra del etanol.
Los de Castro, Palau y Cardozo son los mismos argumentos de Diocleciano: el campesino no debe progresar, debe subsistir. No debe migrar, debe permanecer. La división del trabajo sigue para ellos sin inventarse, como en los días del emperador romano.
Afortunadamente los profetas del atraso de hoy están en desventaja pues ahora sabemos lo que pasó a consecuencia de la reforma de Diocleciano: el mundo occidental se detuvo y cayó en un abismo de pobreza del que tardó más de mil años en salir.
Por si no lo recuerdan, pobreza es incapacidad de hacer otra cosa que buscar comida y ropa, como ocurre hoy en Cuba.Claro, a Diocleciano y a Castro eso nunca les interesó, porque lo suyo era el poder. Y a los Palau y a los Cardozo tampoco, porque lo de ellos es el dogma.
Es a los campesinos a los que les interesa y conviene el progreso, el poder dedicarse a producir algo que les generará excedente.
*Publicado en La Nación de Asunción el 30 de mayo de 2007
Los libros cristianos de historia denominan "Edad Media" al período de tiempo transcurrido entre la destitución del emperador romano de Occidente Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo y la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en manos de los turcos, en 1453.
Los historiadores clásicos, en cambio, denominan a ese período "Edad del Oscurantismo" y lo sitúan, en líneas generales, entre el advenimiento del emperador Diocleciano al poder, en el año 284 después de Cristo, y la caída de Constantinopla.
La definición de los historiadores clásicos es, ciertamente, mucho más rigurosa que la de los cristianos, pues las bases económicas de la Edad del Oscurantismo fueron diseñadas por Diocleciano y santificadas luego y convertidas en la prescripción cristiana para la economía por Constantino (emperador desde 306 a 337).Como se sabe, Diocleciano veía en la emigración del campo a las ciudades una fuente de inestabilidad política y de precios, y estaba muy decidido a desalentarla, buscando asegurar que el agricultor se autoabastezca.
No encontró otra manera de alcanzar sus fines que decretar que los campesinos ya no podrían abandonar las tierras que trabajaban. En el establecimiento de la "iugatio-capitatio", nuevo sistema fiscal, en 296 después de Cristo, se convirtió de un plumazo a los hombres libres en esclavos de la tierra, con el argumento de que el autoconsumo era más importante que la producción.
Desde el punto de vista de la condición jurídica del ser humano, ese año comenzó realmente la Edad del Oscurantismo.
Esto viene a cuento de las declaraciones de algunos doctrinarios de izquierda (Tomás Palau, presidente de la organización Base de Investigaciones Sociales y David Cardozo, gerente de programas de Biodiversidad de Sobrevivencia Amigos de la Tierra-Paraguay), referidas al etanol y publicadas el domingo pasado en nuestro diario.
Dijo Palau que "la producción (de etanol) va a hacerse en tierras hoy habitadas por indígenas y campesinos, que serán expulsados y emigrarán a las ciudades, con los problemas sociales que ya conocemos".
Y agregó que "la producción del etanol competirá con tierras que se destinan a la producción de alimentos, por eso es de esperar que los precios de los alimentos vayan en aumento".
Cardozo, por su parte, dijo que debido al etanol "muchos campesinos e indígenas se van a ver obligados a vender o rentar sus tierras, eso significa la pérdida de la soberanía alimentaria, la pérdida de la comida. El pequeño agricultor que cultivaba para su sustento se ve amenazado de perder su comida principalmente".
Palau y Cardozo, por supuesto, no son originales, sino que presentan simplemente el argumento que desarrolló el dictador cubano Fidel Castro el pasado 29 de marzo de 2007 en las páginas de "Granma", órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en contra del etanol.
Los de Castro, Palau y Cardozo son los mismos argumentos de Diocleciano: el campesino no debe progresar, debe subsistir. No debe migrar, debe permanecer. La división del trabajo sigue para ellos sin inventarse, como en los días del emperador romano.
Afortunadamente los profetas del atraso de hoy están en desventaja pues ahora sabemos lo que pasó a consecuencia de la reforma de Diocleciano: el mundo occidental se detuvo y cayó en un abismo de pobreza del que tardó más de mil años en salir.
Por si no lo recuerdan, pobreza es incapacidad de hacer otra cosa que buscar comida y ropa, como ocurre hoy en Cuba.Claro, a Diocleciano y a Castro eso nunca les interesó, porque lo suyo era el poder. Y a los Palau y a los Cardozo tampoco, porque lo de ellos es el dogma.
Es a los campesinos a los que les interesa y conviene el progreso, el poder dedicarse a producir algo que les generará excedente.
*Publicado en La Nación de Asunción el 30 de mayo de 2007
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