Por Enrique Vargas Peña
Está convocada para mañana una marcha de fuerzas opositoras al gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuyos prolegómenos se centraron en el árido debate de sí la misma era o no un acto proselitista de Fernando Lugo.
Parece difícilmente rebatible el hecho de que hay organizaciones que trabajaron por convertir el acto, originalmente unitario de toda la oposición, en ocasión para la promoción de la imagen de Lugo: los grupos de izquierda que alientan la candidatura del político independiente no hesitaron en arriesgar el éxito de la convocatoria con esta particular manera de buscar beneficios.
Pero dada esa circunstancia, en Patria Querida y en el Partido Liberal Radical Auténtico se pretextó la notoria falta de grandeza de aquellos izquierdistas para imponer su propia mezquindad buscando restar convocatoria.
Todos estos sectores, los de izquierda y los de los partidos, están jugando el partido del oficialismo, al intentar convertir el enorme descontento popular que existe sobre la gestión del gobierno en una especie de base para imponer influencias.
Es obvio que el descontento de la gente con Nicanor Duarte Frutos y su grupo tiene proyecciones políticas y es más obvio todavía que esas proyecciones debe aprovecharlas la oposición para dejar de serlo y acceder al gobierno.
Lo que no es tan obvio es si la manera de hacer esto es dejar de lado el juego limpio para empezar una carrera a ver quien es más astuto en embromar al aliado. Si esa es la única manera de actuar que tienen los grupos de izquierda y los de los mencionados partidos, entonces no son muy distintos a los oficialistas.
Cuando la gente percibe que no hay diferencias entre el oficialismo y los que lo critican, entonces se queda en su casa, no solo cuando la convocan a las marchas, sino cuando la convocan a votar.
Eso es lo que Duarte Frutos quiere que se vea y eso, precisamente, es lo que están mostrando quienes buscan proyecciones particulares con la marcha.
A pesar de este triste espectáculo, en lo personal decidí ir a la marcha, justamente porque ha adquirido el carácter de una especie de plebiscito sobre Fernando Lugo.
A mi modo de ver Lugo merece el apoyo de la gente porque hasta el momento se ha mostrado distinto a todos esos absurdos compatriotas dedicados a la política para competir en ver quién sabe aprovecharse más del prójimo sin que el prójimo se de cuenta.
Esa política, que se practica en todos los partidos y grupos, incluidos los de izquierda, es la que está matando a nuestro país. Esa política, y no alguna especie de maldad particular, es la que lleva a Nicanor Duarte Frutos a violar la Constitución, esa política es la que lleva al más crudo oportunismo, esa política es la madre de todos nuestros males.
Esta concepción de la política, que la reduce a la capacidad de ejecutar alguna astucia ruin, que carece de formulaciones ideológicas -salvo las indispensables para salir en los medios-, de planes estratégicos y que se agota en la táctica del perjuicio al adversario es la que condenó a nuestro país a la arbitrariedad gubernamental, a la discrecionalidad en Itaipú y Yacyretá, a la manipulación judicial, a la corrupción rampante y galopante, a la acelerada pérdida de nuestra independencia nacional.
Contra ella tenemos que movilizarnos y, hasta ahora, Lugo parece el menos contaminado aunque, claro, tenemos que estar vigilantes de que no caiga en la tentación.
*Publicado en la edición del 28 de marzo de 2007 del diario La Nación de Asunción
miércoles 28 de marzo de 2007
miércoles 21 de marzo de 2007
Choque de civilizaciones*
Por Enrique Vargas Peña
El pasado 13 de marzo, Policía Nacional y la municipalidad de Asunción montaron, como hacen con creciente frecuencia, un retén de inspección en la avenida Mariscal López esquina Choferes del Chaco, a las siete de la mañana, cuando literalmente decenas de miles de automovilistas ingresan a la zona céntrica del área metropolitana para trabajar y para dejar a sus chicos en los centros de estudio.
El embotellamiento resultante adquirió dimensiones épicas.
Tal vez no haya evento más molestoso de nuestra vida cotidiana que ese para graficar el choque de civilizaciones que está ocurriendo en Paraguay, a resultas del cual nuestro país saltará al progreso o quedará condenado al atraso.
Miles de ciudadanos adquirieron un automóvil porque consideran que el transporte automotor individual es más eficiente para mejorar su productividad: les hace gastar menos tiempo en llegar a donde deben, con mayor comodidad para dedicar sus energías a lo que es realmente productivo.
Frente a ellos, el gobierno paraguayo, en este caso a través de la Policía, establece un procedimiento para controlar el pago de impuestos, que no solamente es dramáticamente ineficaz (unos cuantos cientos de vehículos inspeccionados sobre cien mil a ser formalizados), sino que ni remotamente tiene en cuenta la productividad de los ciudadanos (expresada en su posibilidad de dedicar más y mejor tiempo a sus actividades laborales), la competitividad del sistema económico (expresada por la velocidad del tránsito) o, lo que es peor, los derechos de la gente a transitar sin ser molestada (imperativo de la Constitución).
La civilización basada en el progreso que surge del esfuerzo individual de millones de personas dedicadas a explotar su propio potencial, choca en Paraguay con la civilización de la colonia española, en auge en los siglos XVI, XVII y XVIII, basada en la autoridad que amedrenta para lograr un control social que asegure la conformidad.
Samuel Huntington, influyente pensador norteamericano, sostiene que los actuales y futuros conflictos son mejor explicados o previstos si se tienen en cuenta las variables culturales más que las demás que habitualmente se consideraban ("El Choque de las Civilizaciones y la Reconstrucción del Orden Mundial", 1996).
En todas las sociedades interactúan diversos tipos de cultura y el desarrollo depende de cuáles son las que llegan a convertirse en predominantes: Arnold Toynbee sostiene, por ejemplo, que cuando la cultura liberal, secular, predomina, la cultura religiosa, dogmática, decae y viceversa ("Un Estudio de la Historia", 1961).
Esa es la disyuntiva que tenemos que resolver los paraguayos: O elegimos ser una sociedad progresista y liberal, la sociedad abierta de Karl Popper (1943), o elegimos mantenernos y morir como una sociedad conservadora basada en dogmas.
Lamentablemente, los partidarios de la sociedad cerrada están triunfando en su esfuerzo por retrotraernos al coloniaje, encabezados por Nicanor Duarte Frutos cuyo mundo cultural está amurallado con muchas doctrinas, desde el cristianismo hasta el socialismo y muy pocas ideas.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 21 de marzo de 2007
El pasado 13 de marzo, Policía Nacional y la municipalidad de Asunción montaron, como hacen con creciente frecuencia, un retén de inspección en la avenida Mariscal López esquina Choferes del Chaco, a las siete de la mañana, cuando literalmente decenas de miles de automovilistas ingresan a la zona céntrica del área metropolitana para trabajar y para dejar a sus chicos en los centros de estudio.
El embotellamiento resultante adquirió dimensiones épicas.
Tal vez no haya evento más molestoso de nuestra vida cotidiana que ese para graficar el choque de civilizaciones que está ocurriendo en Paraguay, a resultas del cual nuestro país saltará al progreso o quedará condenado al atraso.
Miles de ciudadanos adquirieron un automóvil porque consideran que el transporte automotor individual es más eficiente para mejorar su productividad: les hace gastar menos tiempo en llegar a donde deben, con mayor comodidad para dedicar sus energías a lo que es realmente productivo.
Frente a ellos, el gobierno paraguayo, en este caso a través de la Policía, establece un procedimiento para controlar el pago de impuestos, que no solamente es dramáticamente ineficaz (unos cuantos cientos de vehículos inspeccionados sobre cien mil a ser formalizados), sino que ni remotamente tiene en cuenta la productividad de los ciudadanos (expresada en su posibilidad de dedicar más y mejor tiempo a sus actividades laborales), la competitividad del sistema económico (expresada por la velocidad del tránsito) o, lo que es peor, los derechos de la gente a transitar sin ser molestada (imperativo de la Constitución).
La civilización basada en el progreso que surge del esfuerzo individual de millones de personas dedicadas a explotar su propio potencial, choca en Paraguay con la civilización de la colonia española, en auge en los siglos XVI, XVII y XVIII, basada en la autoridad que amedrenta para lograr un control social que asegure la conformidad.
Samuel Huntington, influyente pensador norteamericano, sostiene que los actuales y futuros conflictos son mejor explicados o previstos si se tienen en cuenta las variables culturales más que las demás que habitualmente se consideraban ("El Choque de las Civilizaciones y la Reconstrucción del Orden Mundial", 1996).
En todas las sociedades interactúan diversos tipos de cultura y el desarrollo depende de cuáles son las que llegan a convertirse en predominantes: Arnold Toynbee sostiene, por ejemplo, que cuando la cultura liberal, secular, predomina, la cultura religiosa, dogmática, decae y viceversa ("Un Estudio de la Historia", 1961).
Esa es la disyuntiva que tenemos que resolver los paraguayos: O elegimos ser una sociedad progresista y liberal, la sociedad abierta de Karl Popper (1943), o elegimos mantenernos y morir como una sociedad conservadora basada en dogmas.
Lamentablemente, los partidarios de la sociedad cerrada están triunfando en su esfuerzo por retrotraernos al coloniaje, encabezados por Nicanor Duarte Frutos cuyo mundo cultural está amurallado con muchas doctrinas, desde el cristianismo hasta el socialismo y muy pocas ideas.
*Publicado en el diario La Nación de Asunción el 21 de marzo de 2007
Derechos de autor*
Una Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos (SGPF) y Autores Paraguayos Asociados (APA), dos entidades privadas, particulares, han venido acumulando, con el curso de los años, un inmenso poder que, de haber sido discutido o solicitado abiertamente, la ciudadanía difícilmente les hubiera consentido.
Estas dos entidades lograron convertirse en gestoras del cobro de los derechos de autor que corresponden a los creadores artísticos nacionales y extranjeros por el uso de sus obras y en el desarrollo de tal logro, obtuvieron privilegios que definitivamente no corresponden a los particulares, cualquiera sea la excusa que pueda esgrimirse para justificarlos.
Hasta el punto en que, ahora, pretenden que las falencias en el pago de aquellos derechos sean consideradas acciones delictivas y castigadas a través del Código Penal.
El 5 de marzo, según señalan los medios, presentaron bajo la responsabilidad del ministro José María Ibáñez, de Industria y Comercio, un proyecto para modificar el artículo 184 del Código Penal, para imponer penas de hasta cinco años de cárcel a quienes no satisfagan los requerimientos de la SGPF y APA.
Proyecto que, llamativamente, se olvida de tipificar y castigar la malversación de esos fondos recaudados por las mencionadas entidades.
La Ley 1.328/98 que sirve de pretexto a las entidades particulares SGPF y APA para sus abusos ("usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien", por ejemplo, además de otros, el artículo 142, que les otorga el derecho de fijar arbitrariamente los aranceles y el 143 el de disponer discrecionalmente de los fondos recaudados), constituye en su parte operativa un grueso error legislativo que no puede explicarse solamente en la ignorancia de los legisladores y cuya aprobación debería impulsar una investigación legislativa en toda regla.
Así atribuye a estas entidades privadas funciones que constituyen un privilegio, una desigualdad: Bajo el manto genérico de la defensa de los derechos conexos a los de propiedad intelectual (los concedidos para proteger intereses de los artistas), su artículo 138, impone a los usuarios de derechos de autor un estado de indefensión ante la SGPF y APA.
Ni siquiera los creadores están protegidos. Donde mejor se ve que la Ley 1.328/98 se hizo a la medida de la SGPF y APA es en el ya citado artículo 143, que no garantiza adecuadamente la remisión de los fondos recaudados a sus supuestos beneficiarios.
Los legisladores que aprobaron esos y otros abusos de la Ley 1.328/98 respondieron obviamente a las necesidades de la SGPF y APA pero no a las de los usuarios, el pueblo, en cuyo nombre y con cuyos salarios hacen las leyes.
Se trata de uno de los más claros ejemplos de influencia indebida de pequeñas corporaciones bien conectadas en detrimento del interés general.
En efecto, si los derechos de autor deben ser cobrados en ejercicio de amplísimas facultades administrativas y judiciales que la Ley 1.328/98 otorga a la SGPF y APA, entonces debe recaudarlos directamente el propio Estado, sin intervención de estas entidades privadas. Y si no es así, entonces bastan y sobran las disposiciones que al respecto existen en el Código Civil.
No hay justificación lógica alguna para la intervención de estas entidades, salvo que mediante ella, la SGPF y APA pueden retener para sí mismas enormes sumas de dinero.
La defensa de los derechos de autor a que la República está obligada por sus compromisos internacionales, con la que esta columna editorial está plenamente de acuerdo, no puede basarse en el otorgamiento de privilegios ni en la comisión de abusos.
Lo único que se logra con eso es deslegitimar la lucha por la remuneración de los creadores.
El Congreso no solamente debe rechazar de plano la pretensión de modificar el Código Penal, mencionada al principio, sino que con la mayor urgencia debe derogar los privilegios que la Ley 1.328/98 otorga a la SGPF y APA e investigar a aquellos que se los proporcionaron.
*Publicado como Editorial del diario La Nación del 21 de marzo de 2007
Estas dos entidades lograron convertirse en gestoras del cobro de los derechos de autor que corresponden a los creadores artísticos nacionales y extranjeros por el uso de sus obras y en el desarrollo de tal logro, obtuvieron privilegios que definitivamente no corresponden a los particulares, cualquiera sea la excusa que pueda esgrimirse para justificarlos.
Hasta el punto en que, ahora, pretenden que las falencias en el pago de aquellos derechos sean consideradas acciones delictivas y castigadas a través del Código Penal.
El 5 de marzo, según señalan los medios, presentaron bajo la responsabilidad del ministro José María Ibáñez, de Industria y Comercio, un proyecto para modificar el artículo 184 del Código Penal, para imponer penas de hasta cinco años de cárcel a quienes no satisfagan los requerimientos de la SGPF y APA.
Proyecto que, llamativamente, se olvida de tipificar y castigar la malversación de esos fondos recaudados por las mencionadas entidades.
La Ley 1.328/98 que sirve de pretexto a las entidades particulares SGPF y APA para sus abusos ("usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien", por ejemplo, además de otros, el artículo 142, que les otorga el derecho de fijar arbitrariamente los aranceles y el 143 el de disponer discrecionalmente de los fondos recaudados), constituye en su parte operativa un grueso error legislativo que no puede explicarse solamente en la ignorancia de los legisladores y cuya aprobación debería impulsar una investigación legislativa en toda regla.
Así atribuye a estas entidades privadas funciones que constituyen un privilegio, una desigualdad: Bajo el manto genérico de la defensa de los derechos conexos a los de propiedad intelectual (los concedidos para proteger intereses de los artistas), su artículo 138, impone a los usuarios de derechos de autor un estado de indefensión ante la SGPF y APA.
Ni siquiera los creadores están protegidos. Donde mejor se ve que la Ley 1.328/98 se hizo a la medida de la SGPF y APA es en el ya citado artículo 143, que no garantiza adecuadamente la remisión de los fondos recaudados a sus supuestos beneficiarios.
Los legisladores que aprobaron esos y otros abusos de la Ley 1.328/98 respondieron obviamente a las necesidades de la SGPF y APA pero no a las de los usuarios, el pueblo, en cuyo nombre y con cuyos salarios hacen las leyes.
Se trata de uno de los más claros ejemplos de influencia indebida de pequeñas corporaciones bien conectadas en detrimento del interés general.
En efecto, si los derechos de autor deben ser cobrados en ejercicio de amplísimas facultades administrativas y judiciales que la Ley 1.328/98 otorga a la SGPF y APA, entonces debe recaudarlos directamente el propio Estado, sin intervención de estas entidades privadas. Y si no es así, entonces bastan y sobran las disposiciones que al respecto existen en el Código Civil.
No hay justificación lógica alguna para la intervención de estas entidades, salvo que mediante ella, la SGPF y APA pueden retener para sí mismas enormes sumas de dinero.
La defensa de los derechos de autor a que la República está obligada por sus compromisos internacionales, con la que esta columna editorial está plenamente de acuerdo, no puede basarse en el otorgamiento de privilegios ni en la comisión de abusos.
Lo único que se logra con eso es deslegitimar la lucha por la remuneración de los creadores.
El Congreso no solamente debe rechazar de plano la pretensión de modificar el Código Penal, mencionada al principio, sino que con la mayor urgencia debe derogar los privilegios que la Ley 1.328/98 otorga a la SGPF y APA e investigar a aquellos que se los proporcionaron.
*Publicado como Editorial del diario La Nación del 21 de marzo de 2007
miércoles 14 de marzo de 2007
La gira de Bush
Por Enrique Vargas Peña
Pasó por Brasil y Uruguay el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, países socios del nuestro en MERCOSUR, con los que logró importantes entendimientos, decisivos para la región.
No hace falta repetir todo lo que ya se dijo del acuerdo del etanol con Brasil, salvo remarcar que el mismo tiene la vocación de modificar de un modo permanente el esquema mundial de combustibles.
A pesar de Hugo Chávez, quien parece incapaz de superar el pasado en el que vive anclado, los biocombustibles no son contaminantes y eventualmente serán más baratos que el petróleo.
El acuerdo del etanol tiene un enorme potencial para Paraguay, productor de caña de azúcar. Un potencial que, desde luego, está bajo riesgo por la incompetencia y la corrupción imperantes en el gobierno.
La visita a Uruguay tiene para nosotros todavía más importancia.
Nunca se insistirá suficientemente en señalar que ella es el resultado de una estrategia, la del gobierno de Tabaré Vázquez, destinada a contestar los desequilibrios que Brasil y Argentina se niegan a corregir en MERCOSUR.
Esta estrategia uruguaya contrasta dramáticamente con la paraguaya, de sumisión a Brasil, que no ha reportado al país ningún beneficio estructural y sí algunos cientos de millones de dólares que aunque doran la jaula, no la abren.
Demás está decir que esos cientos de millones se usan exclusivamente para la promoción del gobierno, que por eso, precisamente, acata y obedece todo lo que se ordena desde Brasilia.
La visita de Bush a Montevideo pone a Uruguay en un plano distinto, superior, para negociar con MERCOSUR y, de hecho, esto ha sido absolutamente confirmado por la reciente visita de Lula, presidente brasileño a Montevideo, donde habló en un tono ya muy distinto al solía usar para referirse a los reclamos uruguayos.
Desde acá solo podemos mirar con completa envidia a ese pequeño país del Plata comportándose como querríamos nosotros que lo haga el gobierno paraguayo: con dignidad, con inteligencia, con patriotismo, con grandeza.
Pero nada de eso puede esperarse de Nicanor Duarte Frutos, un hombre que llegó al gobierno con el único propósito de permanecer en él y sin otro programa que su propia continuidad.
Siendo que Brasil le proporciona los instrumentos que satisfacen a su propósito y viabilizan su programa, es completamente lógico que Duarte Frutos haya puesto de rodillas a Paraguay y haya impedido que nuestro país haga lo que hace Uruguay, que es lo que debe hacerse.
Independientemente del aspecto político de la visita, hay que recordar que ella abre las puertas para que los uruguayos puedan introducir en el mercado norteamericano no solamente la carne, como ya lo están haciendo, sino incluso softwares informáticos.
Estas son las cosas que deberían mover al empresariado paraguayo, al verdadero, al que no vive de contratos y prebendas públicos, a cuestionarse seriamente el apoyo que tradicionalmente ha brindado al oficialismo.
El etanol y la nueva posición uruguaya pueden contribuir a un cambio cualitativo de largo plazo en América del Sur y, tristemente, la miope ambición de Nicanor Duarte Frutos nos priva a los paraguayos de ser también protagonistas del mismo.
Pasó por Brasil y Uruguay el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, países socios del nuestro en MERCOSUR, con los que logró importantes entendimientos, decisivos para la región.
No hace falta repetir todo lo que ya se dijo del acuerdo del etanol con Brasil, salvo remarcar que el mismo tiene la vocación de modificar de un modo permanente el esquema mundial de combustibles.
A pesar de Hugo Chávez, quien parece incapaz de superar el pasado en el que vive anclado, los biocombustibles no son contaminantes y eventualmente serán más baratos que el petróleo.
El acuerdo del etanol tiene un enorme potencial para Paraguay, productor de caña de azúcar. Un potencial que, desde luego, está bajo riesgo por la incompetencia y la corrupción imperantes en el gobierno.
La visita a Uruguay tiene para nosotros todavía más importancia.
Nunca se insistirá suficientemente en señalar que ella es el resultado de una estrategia, la del gobierno de Tabaré Vázquez, destinada a contestar los desequilibrios que Brasil y Argentina se niegan a corregir en MERCOSUR.
Esta estrategia uruguaya contrasta dramáticamente con la paraguaya, de sumisión a Brasil, que no ha reportado al país ningún beneficio estructural y sí algunos cientos de millones de dólares que aunque doran la jaula, no la abren.
Demás está decir que esos cientos de millones se usan exclusivamente para la promoción del gobierno, que por eso, precisamente, acata y obedece todo lo que se ordena desde Brasilia.
La visita de Bush a Montevideo pone a Uruguay en un plano distinto, superior, para negociar con MERCOSUR y, de hecho, esto ha sido absolutamente confirmado por la reciente visita de Lula, presidente brasileño a Montevideo, donde habló en un tono ya muy distinto al solía usar para referirse a los reclamos uruguayos.
Desde acá solo podemos mirar con completa envidia a ese pequeño país del Plata comportándose como querríamos nosotros que lo haga el gobierno paraguayo: con dignidad, con inteligencia, con patriotismo, con grandeza.
Pero nada de eso puede esperarse de Nicanor Duarte Frutos, un hombre que llegó al gobierno con el único propósito de permanecer en él y sin otro programa que su propia continuidad.
Siendo que Brasil le proporciona los instrumentos que satisfacen a su propósito y viabilizan su programa, es completamente lógico que Duarte Frutos haya puesto de rodillas a Paraguay y haya impedido que nuestro país haga lo que hace Uruguay, que es lo que debe hacerse.
Independientemente del aspecto político de la visita, hay que recordar que ella abre las puertas para que los uruguayos puedan introducir en el mercado norteamericano no solamente la carne, como ya lo están haciendo, sino incluso softwares informáticos.
Estas son las cosas que deberían mover al empresariado paraguayo, al verdadero, al que no vive de contratos y prebendas públicos, a cuestionarse seriamente el apoyo que tradicionalmente ha brindado al oficialismo.
El etanol y la nueva posición uruguaya pueden contribuir a un cambio cualitativo de largo plazo en América del Sur y, tristemente, la miope ambición de Nicanor Duarte Frutos nos priva a los paraguayos de ser también protagonistas del mismo.
domingo 11 de marzo de 2007
Taiwán, China y Paraguay
Por Enrique Vargas Peña
Un vejo conocido de China, Henry Temple, Lord Palmerston, decía siempre que los países no tienen amigos permanentes, ni permanentes enemigos, sino que tienen intereses permanentes.
Paraguay se independizó de España, y luego se negó a sumarse a los diversos procesos de integración de la región sudamericana, porque mantenerse en calidad de provincia perjudicaba seriamente sus chances de enriquecerse. Esta sigue siendo la situación del Paraguay y la percepción de su opinión pública.
Y Paraguay se independizó porque su calidad de provincia se había mostrado insuficiente para mejorar la calidad de vida de su gente. Es con la independencia que los paraguayos pudieron al fin sentirse libres de prosperar.
El interés nacional paraguayo, por tanto, es tratar de mantener la independencia nacional en una región cada vez más sometida a la hegemonía brasileña.
El 26 de marzo de 1991 fue suscripto en Asunción el Tratado de MERCOSUR, por el que los países signatarios se comprometían a establecer en sus territorios un área de libre comercio, en realidad un mercado común, y un arancel externo común.
Paraguay ingresó a la asociación, debido a que su gobierno requería la legitimación internacional de su transición a la democracia, sin establecer contrapesos adecuados para la enorme asimetría representada por la economía brasileña y por su aparato industrial que es el que terminó imponiendo el marco comercial del bloque, interno y externo.
La industria brasileña, pues, condenó a Paraguay a elevar su arancel externo sin abrirle acceso al mercado brasileño, convirtiendo al país, de hecho, en una provincia económica brasileña, en un mercado cautivo de Brasil. Como se observa fácilmente, el Tratado de Asunción es un ataque directo a la premisa básica de la independencia nacional paraguaya.
El proceso tiene proyecciones políticas, con la introducción de instituciones tales como un parlamento, que solamente consolidarán la hegemonía brasileña en la asociación, en detrimento directo de la independencia paraguaya, incluso en derecho, incluso en instrumentos jurídicos formales que comprometerán a los futuros gobiernos paraguayos.
La hegemonía brasileña no es nueva en la región, aunque su poder unilateral sí. Antes de MERCOSUR, ella estaba equilibrada por Argentina y Paraguay siempre pudo hacer una política pendular para mantener su independencia nacional, cosa que la constitución del bloque regional eliminó.
Consecuentemente existe mucha resistencia en Paraguay a MERCOSUR y a adoptar políticas que profundicen de cualquier manera la ya enorme dependencia que el país sufre de Brasil. Existe mucha resistencia a romper vínculos que de alguna forma refuerzan la idea de la autonomía nacional para reemplazarlos por otros que, al contrario, profundizan la sujeción de Paraguay a MERCOSUR.
Quien no logre comprender ese interés nacional paraguayo difícilmente entenderá algunas posiciones de la opinión pública paraguaya ante los problemas mundiales, por ejemplo, la situación de Taiwán, que tiene reconocimiento diplomático de Paraguay.
En el país existe información profusa y amplia y permanente discusión acerca de los problemas implícitos en la cuestión taiwanesa.
China alega que Taiwán es una provincia rebelde, Taiwán alega que tiene derecho a la autodeterminación. China sostiene que reconocer a Taiwán constituye una intervención en sus asuntos internos. Y Paraguay no puede, razonablemente, desatender sus propios intereses en esta cuestión.
China tiene como prioridades de su política latinoamericana sus relaciones con Brasil y con Venezuela. Difícilmente la cancillería china modifique este posicionamiento que, en realidad, es compartido por todas las grandes potencias. Brasil es prioridad también para Estados Unidos, para Rusia, para la Unión Europea, lo que se comprende perfectamente considerando el peso de Brasil, pero para Paraguay constituye un problema.
La relación especial de China con Brasil y Venezuela, es el interés nacional chino en América Latina.
Paraguay heredó de la Guerra Fría su actual relación con Taiwán. Dos gobiernos dictadoriales, el de Chiang Kai Shek y el de Alfredo Stroessner establecieron lazos alentados por su coincidencia global con Estados Unidos. Paraguay no reconoció al gobierno chino por esa razón.
Paradójicamente, el reconocimiento de China por la comunidad internacional es la causa de la creciente importancia que para Taiwán tiene Paraguay y es la causa por la que estas relaciones con Taiwán tienen un atractivo especial para Paraguay.
Ellas son, de facto, uno de los últimos nexos verdaderamente autónomos de Paraguay con el mundo, fuera de MERCOSUR, y se perciben, por tanto, como una afirmación de la independencia nacional paraguaya.
Consecuentemente, la cuestión a resolver en el ámbito de las relaciones entre Paraguay y China es si puede existir alguna garantía china acerca de que las necesidades de su política regional latinoamericana no terminen, de cualquier modo, restringiendo aún más de lo que ya está la autonomía paraguaya.
En efecto, las preguntas que nos hacemos en el debate público los paraguayos, y sobre las que habrá que trabajar para mejorar las relaciones entre Paraguay y China son si las cifras del intercambio comercial entre los dos países alcanzarán de un modo natural el peso específico que requieren para hacer variar las actuales circunstancias, o si China podría alguna vez igualar la situación de privilegio político que Taiwán otorga a nuestro país desde el punto de vista político, o si el establecimiento de relaciones plenas con China no conduciría a profundizar todavía más nuestra creciente sumisión a la hegemonía brasileña en la región, considerando la importancia que Brasil tiene para la política regional china.
Como se puede ver, las dificultades existentes en las relaciones entre China y Paraguay tienen mucho menos relación con la cuestión taiwanesa propiamente que con la posición de Paraguay en América del Sur. Surgen de la realidad paraguaya.
Un vejo conocido de China, Henry Temple, Lord Palmerston, decía siempre que los países no tienen amigos permanentes, ni permanentes enemigos, sino que tienen intereses permanentes.
Paraguay se independizó de España, y luego se negó a sumarse a los diversos procesos de integración de la región sudamericana, porque mantenerse en calidad de provincia perjudicaba seriamente sus chances de enriquecerse. Esta sigue siendo la situación del Paraguay y la percepción de su opinión pública.
Y Paraguay se independizó porque su calidad de provincia se había mostrado insuficiente para mejorar la calidad de vida de su gente. Es con la independencia que los paraguayos pudieron al fin sentirse libres de prosperar.
El interés nacional paraguayo, por tanto, es tratar de mantener la independencia nacional en una región cada vez más sometida a la hegemonía brasileña.
El 26 de marzo de 1991 fue suscripto en Asunción el Tratado de MERCOSUR, por el que los países signatarios se comprometían a establecer en sus territorios un área de libre comercio, en realidad un mercado común, y un arancel externo común.
Paraguay ingresó a la asociación, debido a que su gobierno requería la legitimación internacional de su transición a la democracia, sin establecer contrapesos adecuados para la enorme asimetría representada por la economía brasileña y por su aparato industrial que es el que terminó imponiendo el marco comercial del bloque, interno y externo.
La industria brasileña, pues, condenó a Paraguay a elevar su arancel externo sin abrirle acceso al mercado brasileño, convirtiendo al país, de hecho, en una provincia económica brasileña, en un mercado cautivo de Brasil. Como se observa fácilmente, el Tratado de Asunción es un ataque directo a la premisa básica de la independencia nacional paraguaya.
El proceso tiene proyecciones políticas, con la introducción de instituciones tales como un parlamento, que solamente consolidarán la hegemonía brasileña en la asociación, en detrimento directo de la independencia paraguaya, incluso en derecho, incluso en instrumentos jurídicos formales que comprometerán a los futuros gobiernos paraguayos.
La hegemonía brasileña no es nueva en la región, aunque su poder unilateral sí. Antes de MERCOSUR, ella estaba equilibrada por Argentina y Paraguay siempre pudo hacer una política pendular para mantener su independencia nacional, cosa que la constitución del bloque regional eliminó.
Consecuentemente existe mucha resistencia en Paraguay a MERCOSUR y a adoptar políticas que profundicen de cualquier manera la ya enorme dependencia que el país sufre de Brasil. Existe mucha resistencia a romper vínculos que de alguna forma refuerzan la idea de la autonomía nacional para reemplazarlos por otros que, al contrario, profundizan la sujeción de Paraguay a MERCOSUR.
Quien no logre comprender ese interés nacional paraguayo difícilmente entenderá algunas posiciones de la opinión pública paraguaya ante los problemas mundiales, por ejemplo, la situación de Taiwán, que tiene reconocimiento diplomático de Paraguay.
En el país existe información profusa y amplia y permanente discusión acerca de los problemas implícitos en la cuestión taiwanesa.
China alega que Taiwán es una provincia rebelde, Taiwán alega que tiene derecho a la autodeterminación. China sostiene que reconocer a Taiwán constituye una intervención en sus asuntos internos. Y Paraguay no puede, razonablemente, desatender sus propios intereses en esta cuestión.
China tiene como prioridades de su política latinoamericana sus relaciones con Brasil y con Venezuela. Difícilmente la cancillería china modifique este posicionamiento que, en realidad, es compartido por todas las grandes potencias. Brasil es prioridad también para Estados Unidos, para Rusia, para la Unión Europea, lo que se comprende perfectamente considerando el peso de Brasil, pero para Paraguay constituye un problema.
La relación especial de China con Brasil y Venezuela, es el interés nacional chino en América Latina.
Paraguay heredó de la Guerra Fría su actual relación con Taiwán. Dos gobiernos dictadoriales, el de Chiang Kai Shek y el de Alfredo Stroessner establecieron lazos alentados por su coincidencia global con Estados Unidos. Paraguay no reconoció al gobierno chino por esa razón.
Paradójicamente, el reconocimiento de China por la comunidad internacional es la causa de la creciente importancia que para Taiwán tiene Paraguay y es la causa por la que estas relaciones con Taiwán tienen un atractivo especial para Paraguay.
Ellas son, de facto, uno de los últimos nexos verdaderamente autónomos de Paraguay con el mundo, fuera de MERCOSUR, y se perciben, por tanto, como una afirmación de la independencia nacional paraguaya.
Consecuentemente, la cuestión a resolver en el ámbito de las relaciones entre Paraguay y China es si puede existir alguna garantía china acerca de que las necesidades de su política regional latinoamericana no terminen, de cualquier modo, restringiendo aún más de lo que ya está la autonomía paraguaya.
En efecto, las preguntas que nos hacemos en el debate público los paraguayos, y sobre las que habrá que trabajar para mejorar las relaciones entre Paraguay y China son si las cifras del intercambio comercial entre los dos países alcanzarán de un modo natural el peso específico que requieren para hacer variar las actuales circunstancias, o si China podría alguna vez igualar la situación de privilegio político que Taiwán otorga a nuestro país desde el punto de vista político, o si el establecimiento de relaciones plenas con China no conduciría a profundizar todavía más nuestra creciente sumisión a la hegemonía brasileña en la región, considerando la importancia que Brasil tiene para la política regional china.
Como se puede ver, las dificultades existentes en las relaciones entre China y Paraguay tienen mucho menos relación con la cuestión taiwanesa propiamente que con la posición de Paraguay en América del Sur. Surgen de la realidad paraguaya.
martes 6 de marzo de 2007
Las amenazas de Víctor Bogado
Por Enrique Vargas Peña
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, advirtió que si no le prestan los votos que no tiene para forzar una enmienda de la Constitución que permita la reelección de su jefe, Nicanor Duarte Frutos, el oficialismo impugnará la candidatura de Fernando Lugo.
La advertencia de Bogado expone el esquema cultural en el que se desenvuelve el oficialismo y explica por qué nuestra República está siendo conducida sin pausa y a creciente velocidad hacia la africanización.
Supongamos por un instante que hay alguna razón jurídica verdadera para impugnar la candidatura de Fernando Lugo: Víctor Bogado acaba de decirnos públicamente que si le dan los votos que no tiene para aprobar la enmienda reeleccionista, el oficialismo se olvidará de esa razón jurídica valedera y, como siempre, sacrificará el Derecho a su conveniencia.
Al mismo tiempo que Bogado decía esto sin sonrojarse, como si fuera lo más normal del mundo postergar la defensa de los principios, se escuchaba a su jefe pontificar ante el presidente de la República de Alemania sobre la ética y la moral.
Con ese esquema cultural vienen destruyendo a la República los señores del oficialismo: los principios están absolutamente subordinados a sus necesidades.
Estas necesidades pueden, en realidad, resumirse en una sola, la de mantenerse en el poder a cualquier costo. Esta degeneración ha llegado en el oficialismo a tal extremo, que incluso el interés nacional es sacrificado por quedarse en el poder.
Lo prueba más allá de toda duda razonable la conducta del gobierno con respecto a MERCOSUR y a las binacionales.
Pero no se manifiesta solamente en eso. La necesidad del oficialismo es, además, su único programa. El gobierno no tiene otro programa para el país que su propia continuidad, como si con ello pudiera hacerse frente con eficacia a las necesidades de la sociedad, desde reparar la quiebra del sistema de salud pública hasta superar la de la administración de justicia.
De hecho, el deterioro general de nuestras condiciones de vida tiene como causa eficiente principal el secuestro del Estado cometido por el oficialismo para convertirlo en instrumento de su lamentable objetivo.
Quien dude de esto no tiene más que observar lo que ha hecho el nicanorismo con la salud pública, convirtiéndola en agencia de operadores políticos en los días de Julio César Velázquez, operadores que no ven la diferencia entre fumigar las larvas del aedes aegypti con insecticidas vencidos o insecticidas al día.
Para ellos da igual.
Es obvio que la consecuencia de esta actitud de Víctor Bogado y sus cómplices no puede ser otra que la que estamos sufriendo. Todos los índices internacionales que miden el desempeño de las sociedades nos están gritando que estamos ya enterrados en el medio de Africa, entre Chad y Madagascar.
Un país cuyo gobierno asigna los recursos que extrae de la sociedad a beneficiar a la casta que lo detenta y solamente a eso no puede terminar de otra manera.
Vivir en Africa tiene grandes ventajas para Víctor Bogado, para José Alberto Alderete, para Nicanor Duarte Frutos. Todos ellos se volvieron multimillonarios en pocos años mientras estaban en la función pública.
Pero para el resto de los paraguayos, vivir en Africa es estar expuestos al dengue, al paludismo, a los cortes de agua, de luz, a la falta de teléfonos, a los baches, a los polibandis, a la prepotencia, al privilegio, a la injusticia y, pronto, a la falta de libertad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, advirtió que si no le prestan los votos que no tiene para forzar una enmienda de la Constitución que permita la reelección de su jefe, Nicanor Duarte Frutos, el oficialismo impugnará la candidatura de Fernando Lugo.
La advertencia de Bogado expone el esquema cultural en el que se desenvuelve el oficialismo y explica por qué nuestra República está siendo conducida sin pausa y a creciente velocidad hacia la africanización.
Supongamos por un instante que hay alguna razón jurídica verdadera para impugnar la candidatura de Fernando Lugo: Víctor Bogado acaba de decirnos públicamente que si le dan los votos que no tiene para aprobar la enmienda reeleccionista, el oficialismo se olvidará de esa razón jurídica valedera y, como siempre, sacrificará el Derecho a su conveniencia.
Al mismo tiempo que Bogado decía esto sin sonrojarse, como si fuera lo más normal del mundo postergar la defensa de los principios, se escuchaba a su jefe pontificar ante el presidente de la República de Alemania sobre la ética y la moral.
Con ese esquema cultural vienen destruyendo a la República los señores del oficialismo: los principios están absolutamente subordinados a sus necesidades.
Estas necesidades pueden, en realidad, resumirse en una sola, la de mantenerse en el poder a cualquier costo. Esta degeneración ha llegado en el oficialismo a tal extremo, que incluso el interés nacional es sacrificado por quedarse en el poder.
Lo prueba más allá de toda duda razonable la conducta del gobierno con respecto a MERCOSUR y a las binacionales.
Pero no se manifiesta solamente en eso. La necesidad del oficialismo es, además, su único programa. El gobierno no tiene otro programa para el país que su propia continuidad, como si con ello pudiera hacerse frente con eficacia a las necesidades de la sociedad, desde reparar la quiebra del sistema de salud pública hasta superar la de la administración de justicia.
De hecho, el deterioro general de nuestras condiciones de vida tiene como causa eficiente principal el secuestro del Estado cometido por el oficialismo para convertirlo en instrumento de su lamentable objetivo.
Quien dude de esto no tiene más que observar lo que ha hecho el nicanorismo con la salud pública, convirtiéndola en agencia de operadores políticos en los días de Julio César Velázquez, operadores que no ven la diferencia entre fumigar las larvas del aedes aegypti con insecticidas vencidos o insecticidas al día.
Para ellos da igual.
Es obvio que la consecuencia de esta actitud de Víctor Bogado y sus cómplices no puede ser otra que la que estamos sufriendo. Todos los índices internacionales que miden el desempeño de las sociedades nos están gritando que estamos ya enterrados en el medio de Africa, entre Chad y Madagascar.
Un país cuyo gobierno asigna los recursos que extrae de la sociedad a beneficiar a la casta que lo detenta y solamente a eso no puede terminar de otra manera.
Vivir en Africa tiene grandes ventajas para Víctor Bogado, para José Alberto Alderete, para Nicanor Duarte Frutos. Todos ellos se volvieron multimillonarios en pocos años mientras estaban en la función pública.
Pero para el resto de los paraguayos, vivir en Africa es estar expuestos al dengue, al paludismo, a los cortes de agua, de luz, a la falta de teléfonos, a los baches, a los polibandis, a la prepotencia, al privilegio, a la injusticia y, pronto, a la falta de libertad.
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