Por Enrique Vargas Peña
Un grupo de indígenas se apoderó de la plaza Uruguaya, la ocupó para sus fines particulares, impidiendo a sus verdaderos propietarios, los asunceños, su usufructo y disposición.
Estos indígenas dan como pretexto para justificar esa acción la insatisfacción, por parte del Estado, de su derecho a tierras que les posibiliten mantener su forma de vida: Como el Estado no les proporciona las tierras que exigen, han venido a apoderarse de la plaza Uruguaya.
Estos indígenas, además de ocupar la plaza, cargan sobre los contribuyentes a los que han despojado de ese espacio público, las cuentas de los gastos que su acción genera.
La ciudad ha tenido que instalarles baños a un costo que hasta el pasado jueves estaba en poco más de sesenta millones de guaraníes; la ciudad deberá hacerse cargo de la reconstrucción de la jardinería, en el supuesto de que estos señores decidan devolver lo que han tomado (en la plaza Italia la reparación de daños causados por una ocupación similar se presupuestó en cien millones de guaraníes) y, finalmente, la ciudad tendrá que reparar veredas y asfaltados destruidos por el uso indebido de aguas (prohibido y sancionado para todos los asunceños).
Pero la acción de estos indígenas no es solamente contra la ciudad. Los trabajadores de los negocios de la zona de la plaza Uruguaya tienen ahora amenazada la estabilidad de sus puestos.
Hoteles, librerías, restaurantes, mueblerías y supermercados situados alrededor de la plaza están sufriendo una modificación de las condiciones urbanas que les permitieron instalarse y prosperar allí. La zona ya no atrae a turistas o consumidores. Los espanta.
Los dueños de esos negocios no solamente ven en riesgo los esfuerzos que hicieron para establecerse allí, algunos el esfuerzo de toda su vida, sino que pueden perder cualquier estímulo para potenciar sus negocios.
Es decir, para generar nuevas fuentes de trabajo.Los habitantes de la zona, pues hay varios edificios residenciales, vieron un buen día secuestrados indefinidamente los espacios que solían usar, por los que, hay que recordarlo, la municipalidad les cobra.
Lamentablemente, nada de esto interesa al círculo muy compungido de señoras bien, de esas que tienen gran conciencia etnológica, que está disgustado porque se critica con acritud la usurpación de la plaza.
Les disgusta la crítica a la usurpación, pero la usurpación no les preocupa. El dinero y los derechos de los asunceños interesan muy poco a estas señoras, muy generosas con los bienes ajenos.
Ninguna de ellas dará trabajo a quienes queden sin empleo, ninguna ayudará a los propietarios por las pérdidas, ninguna llorará por el ambiente destruido, ninguna va al centro, porque ir al centro "es un quemo".
La Constitución de la República establece que nuestro Estado proveerá gratuitamente de tierras a los indígenas -Art. 64-, y que ellos tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso -Art. 32- para peticionar a las autoridades -Art. 40.
Pero la Constitución no dice que las plazas de Asunción son las tierras a entregarles gratuitamente, ni que para reclamar sus derechos tengan que menoscabar y pisotear los de los asunceños.
La ocupación de la plaza Uruguaya por los indígenas es una agresión que los asunceños no merecemos, un acto de violencia, una pinochetada. Y el hecho de que los agresores sean indígenas no minimiza el golpe.
*Publicado en La Nación de Asunción el 19 de setiembre de 2007
domingo 14 de octubre de 2007
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